RÍO DE JANEIRO – Una batalla sin fin amenaza los derechos indígenas que parecían definidos y seguros en Brasil, hasta la irrupción de la extrema derecha en 2018, con una fuerza que cuestiona los avances civilizatorios fijados en la Constitución nacional.
Tras tres décadas de progresos en la demarcación de sus territorios y otras conquistas, los indígenas brasileños sufren retrocesos desde el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022). Ahora que el gobierno es amigable con sus reivindicaciones, enfrentan un enemigo insidioso: el marco temporal.
“No veo perspectivas de solución favorable”, confesó Mauricio Terena, abogado y coordinador del departamento jurídico de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), que aglutina a las siete principales organizaciones indígenas del país.
“Estamos preocupados, con expectativas nada buenas”, coincidió Juliana Batista, abogada del Instituto Socioambiental, una organización no gubernamental indigenista y ambientalista.
Los dos se refieren al proceso de conciliación convocado por el juez decano del Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, en busca de un acuerdo sobre los territorios indígenas, entre los propios indígenas y con los legisladores que lograron la aprobación en el legislativo Congreso Nacional de una ley que impone el marco temporal
“Los derechos de la minoría indígena son la parte negociable, en una negociación más grande para calmar la supuesta crisis democrática. Pero conceder un bocadillo para mitigar la crisis alimenta el monstruo que quiere devorar el STF”: Juliana Batista.
Ese marco, una regla que limita el derecho de los pueblos indígenas únicamente a las tierras que ocupaban el 5 de octubre de 1988, el día que se promulgó la Constitución, es el arma de una ofensiva ultraderechista que sembró incertidumbres y retrocesos entre los indígenas.
El 21 septiembre de 2023 el STF consideró inconstitucional ese marco, tras años en que ese concepto, acogido por algunos jueces, impidió varias demarcaciones. La Constitución les asegura a los indígenas “derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”, algo opuesto a una fecha.
Pero el Congreso se rebeló contra ese fallo y aprobó seis días después una ley que instaura el marco temporal y alteraciones que debilitan la autonomía indígena y la protección de sus territorios.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetó la mayoría de las medidas, incluso el marco. Pero tres meses después el Congreso anuló el veto, en un abierto reto al presidente, al STF y a la Constitución.
Los riesgos para los indígenas
“No tiene sentido una conciliación sobre una tesis que el Supremo ya consideró inconstitucional. Parece un movimiento de autopreservación del Supremo en sus disputas con el Congreso”, señaló Terena a IPS, en referencia al agravamiento de varios conflictos entre los poderes que agita la política brasileña desde hace cinco años.
Las batallas del STF, antes más frecuentes con el Poder Ejecutivo por los abusos de autoridad y las mentiras de Bolsonaro, incluso en relación a la pandemia de covid-19, ahora menudean con el Poder Legislativo, donde la extrema derecha se fortaleció, pese a la derrota de Bolsonaro en su intento de reelección en 2022.
El juez Mendes estaría tratando de flexibilizar la contienda principalmente con los “ruralistas”, la bancada del agronegocio, la más numerosa en el Congreso e irritada con el fallo del STF, por considerarlo hostil a la propiedad rural y un factor de inseguridad jurídica contra el poderoso sector del campo.
Con ese objetivo habría instituido una Comisión de Conciliación, el recurso de una serie de audiencias del STF cuando un asunto en sus manos es especialmente polémico y puede degenerar en conflictos. En este caso, la conforman 24 miembros, la mayoría legisladores y representantes de los gobiernos.
La Apib cuenta con solo seis participantes y siente que quedó ante una disyuntiva dramática.
Terena forma parte de ese grupo indígena que se siente en desventaja y ha amenazado con retirarse de las negociaciones en la primera audiencia, el 5 de agosto, ante las reglas adversas a los pueblos originarios dictadas por Mendes, como relator de los procesos del marco temporal en el STF.
El juez decidió tras esa audiencia formular una consulta a las comunidades indígenas, antes de decidir. La segunda audiencia será el 28 de agosto.
Contradicciones debilitan el rol del Supremo Tribunal
Entre las reglas propuestas, una establece que la salida de una parte no interrumpe la negociación. Otra dice que las resoluciones podrán adoptarse por mayoría de los votos. Ninguna conciliación es posible sin una de las partes interesadas, tampoco se impone por votación, arguyó Terena, en su entrevista con IPS por teléfono desde Brasilia.
La decisión debe demorar, porque son muchos los líderes a oír y “hay muchos riesgos en retirarse y en permanecer en la comisión”, acotó el miembro del pueblo terena, uno de los más numerosos de Brasil y que tiene su hábitat en el estado centro-occidental de Mato Grosso do Sul.
“Creo que los riesgos son mayores en la presencia, porque significaría aceptar esas reglas y legitimar un proceso de conciliación sin sentido”, sostuvo el abogado.
Además los indígenas, la parte más afectada en esa cuestión, es minoría en una comisión que puede votar resoluciones, añadió por su parte Batista.
Los daños a los derechos indígenas se prolongan y se acumulan.
El STF demoró dos años para concluir el juicio sobre el marco temporal y no suspendió la vigencia de la ley, aunque su principal precepto es inconstitucional según el mismo máximo tribunal del país, señaló la abogada del ISA.
“Esa contradicción debilita la autoridad del STF. Mendes adoptó una posición más política que jurídica, para no confrontar los intereses económicos de un fuerte sector”, el agronegocio, evaluó también por teléfono también desde Brasilia.
En desmedro de la minoría
Batista advirtió que “los derechos de la minoría indígena son la parte negociable, en una negociación más grande para calmar la supuesta crisis democrática. Pero conceder un bocadillo para mitigar la crisis alimenta el monstruo que quiere devorar el STF”.
Por su parte, Terena destacó que como parece inviable defender la constitucionalidad del marco temporal, “el objeto de la negociación” por los ruralistas es la indemnización a los hacendados por la tierra en su posesión que pierdan al restituirse derechos indígenas y la explotación económica, sea minera, agrícola u otras, del territorio demarcado.
Hasta ahora los que ocupan tierras reconocidas como indígenas solo tienen derecho a la compensación por las mejoras y obras que aportaron al territorio, donde las actividades económicas pasan a sufrir restricciones y sujetarse a la aceptación indígena.
Interesa también a las fuerzas anti indígenas generar escollos a la demarcación de las reservas, retardar el proceso. La indemnización a los que tienen título de propiedad legítimo, una medida ya aprobada por el STF, puede hacer inviable muchas demarcaciones para un gobierno con graves limitaciones fiscales, ejemplificó Batista.
“¿Que ocurre con indígenas que no obtienen la tierra que necesitan y a que tienen derecho? La asimilación forzada por la sociedad envolvente, pero también muchas muertes, incluso en conflictos por la tierra, suicidios de los no asimilados”, alertó.
La conciliación pretendida debe priorizar la obtención de “tierras para compensar y reasentar ocupantes de territorios en demarcación” y para la creciente población indígena, opinó Marcio Santilli, socio fundador del ISA, en un artículo publicado por esa organización.
Genocidio
La población indígena, que alcanzaba de tres a ocho millones cuando los portugueses llegaron a Brasil en 1500, según variadas estimaciones, bajó a 294 131 en el censo oficial de 1991, que por primera vez computó los que se declaraban indígenas. Antes eran incluidos entre los mestizos.
El genocidio histórico tuvo un rebrote durante la dictadura militar de 1964 a 1985. Pero justo en ese período la resistencia se manifestó en la reafirmación de la identidad indígena y la lucha por derechos, reconocidos en la Constitución de 1988 por lo menos en relación a sus territorios.
Tres décadas de democracia y derechos constitucionales impulsaron un renacimiento de los pueblos originarios que se reflejó en censo de 2022: un total de 1 693 535 se declararon indígenas, 5,7 veces la población de 1991.
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La Constitución alentó la demarcación de 451 territorios indígenas, 84,6 % del total existente en Brasil, en las tres décadas posteriores a la dictadura militar, según datos del ISA, que acumula una amplia base de datos sobre los pueblos originarios.
Pero ese avance se interrumpió durante el gobierno de Bolsonaro, representante de las mismas fuerzas que respaldaron los militares. El actual gobierno reanudó las demarcaciones y otras políticas indigenistas, pero con las limitaciones impuestas por el poder de la ultraderecha en el Congreso y en sectores agrícolas y religiosos.
El presidente Lula prometió homologar las 14 tierras indígenas que ya estaban cuya demarcación ya estaba lista para la aprobación final al comenzar su gobierno, en enero de 2023, pero aún falta hacerlo en cuatro casos. Brasil tiene 533 de esos territorios ya formalizados, mientras otros 263 están en distintas etapas de los trámites demarcatorios.
ED: EG
