MOCOA, Colombia – Entre las imponentes montañas del piedemonte andino-amazónico en Colombia, se desarrollan las actividades exploratorias de la compañía transnacional canadiense Libero Cobre.
Sus oficinas principales se encuentran muy cerca de Mocoa, capital del departamento suroccidental del Putumayo. En el interior de una pequeña oficina compartida trabaja Rodrigo Fajardo, coordinador de comunicaciones de esta empresa que llegó a Colombia en el 2021.
En las instalaciones de la mina se pueden observar miles de rocas y muestras geológicas que ilustran las proyecciones de Libero Cobre para Mocoa. “Lo que hacemos es explorar un mineral estratégico como es el cobre. Si nos unimos, podríamos ser protagonistas de la transición energética”, asegura Fajardo.
Las exploraciones alrededor del yacimiento iniciaron en 1978, lideradas por Ingeominas, Ecominas y Naciones Unidas. Hoy, Libero Cobre estima que hay alrededor de 4,6 millones de toneladas de cobre y 216 mil toneladas de molibdeno, según el Reporte Técnico que se encuentra disponible en su página web oficial.
De acuerdo con un informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la demanda del cobre se incrementará en 40 % en las próximas dos décadas, si se cumplen las metas del Acuerdo de París de limitar el aumento de temperatura en 1,5 grados centígrados.
Actualmente, solo existe una mina de cobre operando en Colombia: El Roble. Este proyecto se encuentra en el noroccidental departamento de Chocó y extrae alrededor de 39 000 toneladas al año.
La Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme) desarrolló un informe en el que destaca otros cuatro proyectos de minería de cobre en Colombia, los cuales se encuentran en proceso de licenciamiento: Quebradona, El Alacrán, Soto Norte y Mocoa.
A inicios de 2023, el Hub de Innovación de Cobre presentó en Minexpo, una feria de emprendimiento minero organizada por la Asociación Colombiana de Minería, sus proyecciones para el desarrollo de esta actividad en el país.
Esas proyecciones aseguran que, de mantenerse los proyectos que ya están andando, la capacidad de producción sería de 500 000 a 700 000 toneladas de cobre cada año a partir del 2030. Es decir, ese Hub (nodo) calcula que Colombia podría cubrir hasta la mitad de la demanda mundial de cobre proyectada para la siguiente década.
El ingeniero de petróleos y docente investigador de la Universidad de América, Arnul David Paz, asegura que el cobre está presente en casi todas las tecnologías que se necesitan para crear energías limpias; desde paneles solares hasta aerogeneradores.
Sin embargo, el cobre no es solo un material para el futuro, este mineral ya forma parte de nuestro presente.
“El celular tiene cobre, los computadores tienen cobre, el reloj tiene cobre. Adicionalmente, hay componentes que necesitan cobre para poder cumplir con la transición energética y con los acuerdos internacionales que tenemos para el 2030 y 2050”, recuerda Paz.
En materia de gobierno, durante el 2023 se presentó el Plan Nacional de Desarrollo (PND), la hoja de ruta que sigue el gobierno colombiano durante su periodo de ejecución.
En este documento el gobierno de Gustavo Petro prioriza la generación de electricidad a partir de fuentes no convencionales, la diversificación de la matriz energética del país y la búsqueda de las condiciones necesarias para desarrollar la infraestructura y tecnología que apoye la transición energética.
“Se plantea, como una apuesta de transición energética, la promoción en la exploración y explotación de minerales estratégicos que permitan diversificar la matriz exportadora y promover la reindustrialización del país en minerales como el cobre, siendo clave para la electrificación de la economía”, destacó Nicolás Rincón, director de Infraestructura y Energía Sostenible, para la oficina de prensa del Departamento Nacional de Planeación.
Motores de cobre made in Mocoa
A través de una histórica sentencia realizada en el 2022, el Consejo de Estado reconoció la vulneración a derechos colectivos causada por la desarticulación entre la política minera, respecto a la ambiental del país.
No ha existido un control exhaustivo de cuáles son las zonas destinadas para la minería y cuáles son las que merecen especial protección por su importancia ecosistémica. Por esta razón, el gobierno le apuesta a la actualización de la política minera, haciendo especial énfasis en el ordenamiento minero ambiental.
El artículo 229 del PND habla de la elaboración de un Plan de conocimiento Geocientífico, a partir del cual se establecerán zonas con potencial geológico para su exploración.
Por su parte, su artículo 231 plantea la creación de ‘distritos mineros especiales’ que delimitaran las regiones con vocación extractiva, “promoviendo la resolución de conflictos, la reindustrialización del sector minero y un mejor ordenamiento territorial”.
El PND señala, en la página 442, que se asignarán 30 nuevas áreas para la exploración de minerales estratégicos en todo el territorio nacional.
Pero la exploración del yacimiento no es el único objetivo de Libero Cobre. La empresa, en compañía de algunos miembros de la comunidad, ha diseñado una ambiciosa ‘Ruta Verde’ que consiste en la industrialización y transformación de cobre en Mocoa.
La ruta empieza con la recolección de cuatro toneladas de cobre reciclado, el cual reciben de una empresa aliada. Este cobre es trasladado a un centro de acopio en Mocoa y dispuesto para su transformación.
Como explica Fajardo, la idea es “iniciar con procesos de transformación simples, como cables o hilos de cobre, hasta llegar a un proceso más específico como es un motor con cobre reciclado y transformado aquí en Mocoa”.
Adicionalmente, la multinacional se encuentra desarrollando una alianza con Hakuna, una marca de motocicletas eléctricas hechas en Colombia y diseñadas especialmente para la geografía montañosa del país.
Todos los materiales que utiliza Hakuna son hechos en Colombia, excepto la batería y el motor. La idea de Libero Cobre es que, en el futuro, esos motores puedan ser fabricados en Mocoa, con cobre extraído del mismo territorio.
Libero Cobre asegura que está trabajando junto a la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto Tecnológico de Putumayo para diseñar y promover la oferta académica que le permitirá a los jóvenes de Mocoa formarse en las disciplinas requeridas para la transformación de cobre.
Sin embargo, la multinacional aún no cuenta con una licencia de explotación minera. Sus actividades se centran en la exploración del subsuelo, por lo que pasarán al menos 10 años antes de que se logre sacar la primera libra de cobre en Mocoa.
Ante este panorama, Fajardo se muestra optimista y cree que el tiempo podría ser una ventaja para los planes de la empresa: “Tenemos 10 años para ir perfeccionando el proceso de transformación. En 10 o 12 años, esperamos que el cobre que se saque de Mocoa se empiece a transformar aquí y se venda transformado desde Mocoa”, afirma.
Sobre las posibilidades de transformar cobre directamente en Mocoa, David Paz se mantiene escéptico.
“Todo es posible, pero para que Mocoa se convierta en un municipio líder en la manufactura de los componentes que apoyan la transición energética, se requeriría de un músculo financiero muy importante. Veo difícil que una empresa privada proyecte una inversión de tal envergadura; para eso se requiere un proyecto de gobierno”, asegura.
¿A quién le pertenece la soberanía de los suelos?
Aunque las instalaciones de Libero Cobre cuentan con espacio suficiente para albergar cientos de empleados, solo se observan cinco personas. Las actividades de exploración se encuentran detenidas debido a la fuerte oposición que han realizado diferentes miembros de la comunidad, concejales, pueblos indígenas, sacerdotes y periodistas al proyecto.
“Nosotros desde un inicio hicimos saber de nuestra presencia en la zona y eso ha provocado algún que otro interés de personas que se hacen llamar líderes. Eso ha provocado que el proceso sea lento, pero seguro. Es un proceso que lo hemos hecho con las comunidades, es un proceso que lo hemos hecho cuidando muy bien el medio ambiente”, explica Fajardo.
Sin embargo, la antropóloga y miembro del colectivo Ríos y Reconciliación, Kristina Lyon, no comparte esta visión. “Nos preocupamos mucho al ver que, a pesar del acuerdo municipal 020 de 2018, el cual prohíbe la gran minería en el municipio; Libero Cobre, que tiene cuatro títulos en el municipio, sigue haciendo presencia”, dice.
El año 2018 fue un momento crucial para la resistencia de las comunidades de Mocoa, pues se realiza una Asamblea Popular en contra de la minería, con sede en Pueblo Viejo y se desarrolla la ‘Gran marcha contra la minería’. El 6 de diciembre de ese mismo año, el Concejo Municipal de Mocoa expidió el acuerdo 020 que prohíbe la gran minería en el municipio.
Este acuerdo, actualmente, está demandado por la Agencia Nacional de Minería (ANM) ante el Consejo de Estado, bajo el argumento de que el subsuelo no le pertenece al municipio, sino a la nación. “Siguen insistiendo y están, no solo por el lado jurídico tratando de presionar, sino a través de dividir a la comunidad”, explica Lyon.
Adicionalmente, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia) inició en 2022 un Proceso Administrativo Sancionatorio Ambiental contra la empresa Libero Cobre por adelantar exploración de minerales sin permiso de la autoridad competente.
Ello debido a que la multinacional desarrolló actividades de exploración cuando no contaba con autorización por parte de la ANM, debido a la existencia del acuerdo municipal 020 de 2018.
En un documento publicado por Corpoamazonia, también se señala que la empresa no contaba con autorizaciones importantes como el permiso de vertimiento de suelos, el permiso de aprovechamiento forestal, entre otros.
“Antes de la suspensión estaban talando bosque, afectando las aguas y tenía un campamento allá en la cordillera. Están apareciendo en todas las reuniones que hay en el municipio como si fuera una empresa legítima en Mocoa, como desconociendo que ese acuerdo municipal prohíbe su actividad”, cuenta Lyon.
Según un informe elaborado por el Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia (OCA), en asociación con diferentes organizaciones de Mocoa, el proyecto de Libero Cobre cuenta con varios inconvenientes para su realización.
El primero de ellos es que sus títulos mineros se encuentran ubicados en zonas de la montaña con alta precipitación.
El clima húmedo de Mocoa, con lluvias que superan los 4000 milímetros anuales; sumado a sus altas pendientes y una formación geológica joven, provocaron una tragedia en 2017 en la que una avalancha de lodo inundó 17 barrios, de los cuales cinco quedaron totalmente destruidos.
El saldo fue la muerte de más de 335 mocoanos y la desaparición de 200 habitantes.
El informe del OCA señala que no hay certeza científica de los daños que podría ocasionar la actividad minera en la zona.
Además, agrega que parte de los títulos mineros se encuentran dentro de la Reserva Forestal de la Cuenca Alta del Río Mocoa.
Se trata de una zona protegida por su importancia hídrica, ya que en sus bosques húmedos nacen los ríos Caquetá, Putumayo, Blanco, Pepino, Mulato y Mocoa. Según el OCA, de esta red hídrica dependen 42% de los acueductos del departamento.
“Sin la Amazonia, no hay agua en los Andes. Los bosques amazónicos producen agua a través de los ríos atmosféricos que transportan esa agua a los páramos de Bogotá y a los centros poblados del país, los cuales se alimentan de esa agua”, explica Lyon.
Otro riesgo que podría generar la continuidad del proyecto minero es la alteración de la conectividad entre los ecosistemas andinos y amazónicos.
Los bosques que se encuentran en la Reserva Forestal de la Cuenca Alta del Río Mocoa actúan como corredores biológicos que conectan los ecosistemas de la zona alta del macizo colombiano con la riqueza natural de la Amazonia.
Además, este territorio es, como lo señala el OCA, la casa de especies con problemas de conservación como el oso de anteojos, la danta de páramo y el jaguar que, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, están amenazados por la pérdida de hábitat.
Por último, los títulos mineros de Libero Cobre también se superponen con los territorios colectivos de los Resguardos Indígenas Inga de Condagua y Kamëntsá de Sibundoy. La actividad de la multinacional en las inmediaciones de sus territorios ha aumentado la preocupación por la posible contaminación de las aguas y los bosques que les sirven como sustento.
El presidente de la Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP), Marino Peña, asegura que, en este tipo de procesos, la regla ha sido la negación de los derechos de los pueblos indígenas.
Por esta razón, el resguardo de Condagua logró, mediante acción de tutela, que se reconociera su derecho a la consulta previa en el proyecto minero que está adelantando Libero Cobre.
Peña también afirma que el Gobierno Nacional realizó un proceso de consulta con los 64 pueblos indígenas que habitan la Amazonia colombiana, con el fin de conocer su visión sobre la reforma al código minero: “Los pueblos del Putumayo participaron y votaron ‘no’ a la minería a gran escala en los territorios indígenas”.
Los pueblos indígenas del Putumayo también han expresado su preocupación frente a la forma como se impulsa la transición energética en el país.
“Frente a la situación del cobre nosotros tenemos mucha inquietud y muchas dudas sobre cómo es que el gobierno está planteando la transición energética. El cobre es vital, es importante para hacer esa transición. El gobierno también ha dicho que no va a intervenir los territorios, pero, personalmente, no le creo”, dice Peña.
Un territorio con sus propias perspectivas de futuro
En febrero de 2023, un grupo de mujeres indígenas y ambientalistas de Mocoa viajaron al Carmen de Atrato, Chocó, para conocer las condiciones en las que se encuentra la única mina de cobre que opera en Colombia.
A su regreso, ratificaron su oposición a la minería de cobre en Mocoa: “(En Carmen de Atrato) la agricultura se ha ido al piso, hay poca comida porque casi nadie siembra. Ahora todos viven de empleados y la producción es muy mínima”, declaró Ofelia Samboni, indígena del pueblo yanacona, para Mongabay Latam.
Para Fajardo, la resistencia al proyecto de Libero Cobre viene de miedos infundados y desinformación y asegura que el acuerdo municipal 020 de 2018 nace a raíz del miedo.
Cuenta que también es mocoano. Se fue a estudiar a Bogotá y los proyectos mineros le han dado la posibilidad de regresar a Mocoa para aportar.
“Yo puedo entender que Mocoa tenga miedo a un proceso de explotación, pero un proceso de exploración sólo nos dirá qué hay en el territorio. Eso no le hace daño a nadie, ni siquiera al medio ambiente. En un buen proceso de exploración las afectaciones ambientales van a ser mínimas y serán compensadas”, afirma.
Mientras camina alrededor de las instalaciones, asegura que Libero Cobre es una empresa junior de exploración, que no existe aún una mina en la montaña y que no será así hasta dentro de 10 años, si es que el gobierno nacional acepta pasar a la fase de explotación.
“Si el presidente Gustavo Petro habla de que seamos protagonistas en cuanto a transición energética, no podemos permitir que el país siga con menos del 5% del territorio explorado. Es casi la mitad del porcentaje en donde se restringe la minería y la exploración”, dice Fajarlo.
Alrededor de esta compleja realidad se teje un pleito social y ambiental que ilustra los puntos de inflexión entre la soberanía que desean ejercer los pueblos sobre sus territorios y los planes nacionales e internacionales que se tienen proyectados para estos. Los propósitos globales y locales, las vidas posibles y las perspectivas de futuro se desencuentran cada vez más.
“Aquí en la Amazonia nosotros tenemos muchísimas perspectivas, muchísimas posibilidades de vivir y de vivir bien. El cobre no va a cambiar nada; el cobre, simplemente, nos pone a pelear. Muchos querrán tomar lo que más puedan de ese recurso, pero no va a alcanzar para todos”, afirma Peña.
Este artículo se elaboró con apoyo de Climate Tracker América Latina.
RV: EG
