CARACAS – Estados Unidos y 10 países de América Latina rechazaron en un comunicado conjunto este viernes 23, así como la Unión Europea, el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) que convalidó la reelección del presidente Nicolás Maduro.
“Solo una auditoría imparcial e independiente de los votos, que evalúe todas las actas, permitirá garantizar el respeto a la voluntad popular soberana y la democracia en Venezuela”, indicó el texto simultáneamente divulgado por los 11 gobiernos.
Ellos son Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Canadá no suscribe el texto pero reiteradamente ha coincidido con esos señalamientos.
Es notoria la ausencia de Brasil, Colombia y México, que permanecen en consultas para tratar de encontrar una salida a la crisis desatada tras la elección presidencial del 28 de julio en Venezuela, hasta ahora sin resultados a la vista.
En la región solo Bolivia, Cuba, Honduras, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas han reconocido la victoria electoral de Maduro. La mayoría de los países caribeños mantienen distancia del tema, aunque apoyaron en la Organización de Estados Americanos (OEA) que se haga una auditoría creíble del proceso electoral.
Josep Borrel, a cargo de las relaciones exteriores en la Unión Europea, declaró que “nosotros seguimos diciendo que hay que probar este resultado electoral y de momento no hemos visto ninguna prueba. Y mientras no veamos un resultado que sea verificable, no lo vamos a reconocer”.
Una vez que el 29 de julio el Consejo Nacional Electoral (CNE), en manos oficialistas, proclamó a Maduro vencedor con 51 % de votos, contra 44 % de su principal contendor, Edmundo González, estallaron protestas y desórdenes cuya represión causó 25 muertes y la detención de unas 1500 personas.
Maduro pidió a la Sala Constitucional del TSJ que dictaminase la validez del resultado, lo cual hizo ese tribunal al certificar “de manera irrestricta e inequívoca” los boletines con los que el CNE anunció la victoria de Maduro “respaldados por las actas de escrutinios emitidas por cada una de las máquinas” de votación.
Sin embargo, a pesar de normas expresas y como se ha hecho tras cada elección en lo que va de siglo, el CNE se abstuvo de publicar los resultados generados por las actas en las 30 026 mesas de voto automatizado en todo el país, y tampoco ofreció resultados por estados o municipios, como en decenas de otras consultas.
Con las copias de las actas que recibieron sus testigos en las mesas -emitidas por las máquinas de manera automática y cifrada-, la alianza opositora Plataforma de Unidad Democrática proclamó el triunfo de González con más de 67 % de los sufragios, contra apenas 30 % de Maduro.
Misiones de observación de las Naciones Unidas y del estadounidense Centro Carter emitieron informes críticos sobre la conducta parcializada del CNE y coincidieron en avalar la documentación en poder de la oposición que avala sus resultados.
En el ámbito de la ONU, la Misión de Determinación de los Hechos que investiga violaciones graves a derechos humanos durante el pasado reciente en Venezuela, reiteró su alerta acerca de la falta de imparcialidad del tribunal venezolano.
La falta de independencia tanto del TSJ como del CNE fue igualmente destacada en el comunicado de los 11 gobiernos divulgado este viernes 23.
González y la principal líder de la oposición, María Corina Machado, rechazaron el dictamen del TSJ y advirtieron que puede profundizarse la crisis en Venezuela y su impacto sobre naciones vecinas, a donde han migrado millones de venezolanos desde que Maduro asumió el poder por primera vez en 2013.
Los mandos de la Fuerza Armada, que ya habían expresado “apoyo irrestricto” a Maduro como presidente reelecto para un tercer período (2025-2031), expresaron satisfacción por la decisión del tribunal.
El presidente de la Asamblea Nacional legislativa -también en manos del oficialismo-, Jorge Rodríguez, anunció reformas a las leyes de partidos políticos encaminadas a reducir el margen de maniobra de los grupos opositores y excluir de futiros comicios a toda observación internacional.
También se aprobó después del 28 de julio una ley que establece fuertes controles sobre las organizaciones civiles, y se avanzó en otra para castigar las expresiones “fascistas, neofascistas y similares”.
El comunicado de los 11 gobiernos expresó “profunda preocupación y rechazo por las violaciones a los Derechos Humanos perpetrados contra los ciudadanos que pacíficamente reclaman el respeto al voto de la ciudadanía y el restablecimiento de la democracia”.
Asimismo, anunciaron que “al igual que el resto de la comunidad democrática internacional, continuaremos insistiendo en el respeto a la expresión soberana del pueblo venezolano que el pasado 28 de julio se pronunció de manera pacífica y contundente”.
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