LONDRES – El presidente de Kenia, William Ruto, ha retirado el proyecto de Ley de Finanzas, que aumentaba los impuestos y provocó protestas masivas. Ha despedido a su gabinete y el jefe de la policía ha dimitido. Pero la ira de muchos no ha desaparecido, y las protestas continúan.
Las manifestaciones han llevado a la Generación Z de Kenia a la escena política, con los jóvenes -más de 65 % de la población- a la cabeza. Desde que empezaron las protestas, han hecho pleno uso de las redes sociales para compartir opiniones, explicar el impacto de los cambios propuestos, organizar protestas y recaudar fondos para ayudar a los heridos o detenidos.
Estas protestas han sido diferentes a las del pasado, mucho más orgánicas que las anteriores manifestaciones organizadas por la oposición. El movimiento ha unido a la gente por encima de las líneas étnicas que los políticos han explotado tan a menudo en el pasado.
La gente ha protestado aun a sabiendas de que la violencia de las fuerzas de seguridad estaba garantizada. Hasta ahora han muerto
al menos 50 personas. A medida que han continuado las protestas, la gente ha exigido cada vez más responsabilidades por los homicidios y por los muchos otros actos de violencia de Estado.
Una élite desubicada
La Ley de Finanzas habría impuesto una tasa sobre una serie de productos de primera necesidad, como el pan, e impuestos sobre el uso de internet, los teléfonos móviles y los servicios de transferencia de dinero.
Las mujeres se habrían visto aún más afectadas por un incremento de los impuestos sobre los productos menstruales. Para muchas, esto era sencillamente demasiado en un contexto de elevado desempleo juvenil y aumento de los costes de la vida en general.
El aumento de los impuestos era una de las condiciones exigidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de un paquete de 3900 millones de dólares, junto con la receta habitual del FMI de recortes del gasto y privatizaciones que, por lo general, afectan más a los más pobres.
Ruto ha seguido culpando a su predecesor, Uhuru Kenyatta, del derroche en grandes proyectos. Pero Ruto fue vicepresidente de Kenyatta, y sólo rompió con su aliado de siempre después de que éste no fuera elegido candidato presidencial de su partido.
Para los manifestantes, Ruto está tan fuera de onda como los presidentes que le precedieron. Sus detractores le acusan de intentar reforzar su presencia en la escena internacional, entre otras cosas ofreciéndose para que Kenia lidere una misión policial internacional en Haití, país asolado por la violencia, en lugar de ocuparse de los problemas internos.
Le consideran demasiado dispuesto a satisfacer las exigencias de instituciones financieras dominadas por Estados Unidos, como el FMI, en lugar de defender a los kenianos.
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Problemas como la corrupción y el clientelismo han atravesado varios gobiernos.
Se acusa a los políticos de disfrutar de lujosos estilos de vida, aislados de los problemas cotidianos de la gente. Los parlamentarios kenianos son proporcionalmente los segundos mejor pagados del mundo, con unos ingresos 76 veces superiores al producto interno bruto (PIB) medio por habitante.
Aun así, abundan las acusaciones de corrupción.
El gobierno de Ruto intentó crear otro nivel de puestos de trabajo en el gobierno, pero un tribunal lo declaró inconstitucional. Creó nuevas oficinas dotadas de personal para la primera dama, la viceprimera dama y la esposa del primer ministro, decisión que abandonó debido a las protestas.
El proyecto de presupuesto estaba repleto de ejemplos de este tipo en los que el gobierno planeaba gastar más en sí mismo.
Promesas incumplidas y violencia de Estado
Para muchos, la sensación de traición es mayor porque cuando Ruto obtuvo una inesperada y ajustada victoria electoral en 2022, lo hizo sobre una plataforma de ser el campeón de la gente luchadora, prometiendo atajar el alto coste de la vida.
Pero los costes siguieron aumentando, y Ruto incumplió rápidamente sus promesas de frenar las subidas del precio de la electricidad. Eliminó los subsidios a la energía, el combustible y la harina de maíz. La Ley de Finanzas 2023 del gobierno incluía y ya una serie de nuevos impuestos y gravámenes.
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Estas medidas desencadenaron protestas organizadas por la oposición, y la reacción fue la violencia estatal, que se saldó con seis muertos. El patrón es constante. Las fuerzas de seguridad kenianas parecen no conocer otra respuesta a las protestas que la violencia.
El 25 de junio, el peor día de violencia en las protestas de 2024, las fuerzas de seguridad dispararon munición real contra los manifestantes, matando a varios, incluidos algunos que, según informes, eran objetivo de francotiradores de la policía encaramados a edificios. También utilizaron balas de goma, gases lacrimógenos y cañones de agua, incluso contra medios de comunicación y personal médico.
Líderes de las protestas y personas influyentes en las redes sociales han sido objeto de secuestros y detenciones.
El 25 de junio, algunos manifestantes intentaron brevemente asaltar la sede del Parlamento y provocaron incendios, pero se ha acusado a políticos de haber pagado a personas para que se infiltraran en el movimiento de protesta e instigaran actos de violencia para tratar de justificar la brutalidad de las fuerzas de seguridad.
Los medios de comunicación que cubrían en directo las protestas han informado de que han recibido amenazas de las autoridades para que cierren y se ha interrumpido el acceso a Internet. Se han suspendido cuentas de influencers.
Aunque finalmente Ruto se comprometió a tomar medidas cuando hubiera pruebas en vídeo de la violencia policial, también ha sido criticado por decir poco sobre las muertes en las protestas y anteriormente elogió las acciones policiales.
El mandatario acusó a «criminales organizados» de apropiarse de las protestas y calificó de «irracional» el intento de asaltar el parlamento.
Los políticos han difamado repetidamente a las organizaciones de la sociedad civil, afirmando que están siendo utilizadas por potencias extranjeras para financiar las protestas. Ruto, sin pruebas, ha acusado a la Fundación Ford, con sede en Estados Unidos, de ayudar a financiar los disturbios.
Exigencias de cambio
Más de un mes después, continúan las protestas exigiendo la dimisión de Ruto. No se trata solo de la economía, ni solo de Ruto. Se trata del rechazo a toda una clase política y a su forma de gobernar.
La confianza en las instituciones de gobierno es muy baja. Se ha prometido diálogo, pero muchos creen que será superficial. La respuesta del gobierno a las protestas debe ser escuchar y consultar en profundidad, y luego cambiar.
La gente ha demostrado que tiene poder. Han demostrado que un sistema en el que eligen a una élite política cada pocos años para que tome decisiones por ellos no es suficiente. Han demostrado que quieren algo mejor.
Andrew Firmin es redactor jefe de Civicus, codirector y redactor de Civicus Lens y coautor del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
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