MÉXICO – El pescador José lamenta que la pesca haya pasado a escasear en las aguas de la localidad donde vive, Petacalco, en el municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, en el estado de Guerrero, en el suroeste de México.
“Antes había muchos peces, uno salía y luego, luego (muy pronto) hallaba pesca. Ahora hay que meterse más en el mar y uno saca menos”, relató a IPS el pescador de 59 años, desde Petacalco, bajo condición de anonimato por razones de seguridad.
Gente de mar, como José, casado y padre de tres hijos, imputan la merma de pesca a la operación de la Central Termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles, propiedad de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que quema carbón para su funcionamiento.
La planta, inaugurada en 1993 y con una capacidad instalada de 2778 megavatios, vierte los residuos líquidos calientes a través de un canal a las aguas del océano Pacífico, a cuya orilla se yergue. La generadora también contamina el aire del pueblo costero, habitado por unas 3400 personas, lo que tiene impactos sobre la salud humana y el ambiente, según detallan organizaciones ecologistas.
La carboeléctrica tiene un permiso de descarga de aguas residuales de 3122 millones de metros cúbicos (m3) anuales, según datos de la gubernamental Comisión Nacional del Agua (Conagua).
“Ha habido un daño hidroecológico, en el cual se ha perdido la capacidad de función hídrica. Ha habido una degradación muy fuerte, especialmente en el centro-occidente del país. Se ha superado por mucho la capacidad de carga de contaminantes de los principales afluentes”: Omar Arellano.
Una norma oficial vigente desde abril de 2023, en reemplazo de otra más laxa de 1996, obliga a adecuarse a los nuevos límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación, según la tituló su responsable, la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Esa actualización busca el control de la polución presente en los residuos líquidos y así garantizar el acceso a agua de calidad y proteger la actividad en entornos hídricos. La norma abarca la presencia de metales pesados, nitrógeno, fósforo, bacterias fecales, aceites y grasas, e introduce también parámetros para el color del agua y niveles tóxicos.
El vertido de aguas residuales sin tratamiento adecuado provoca la contaminación de los cuerpos de agua y amenaza la salud de la población y la integridad de los ecosistemas, según el gubernamental Instituto Nacional de Salud Pública.
Los titulares de los permisos de descargas de residuos líquidos que no cumplían los parámetros de la nueva norma, debieron presentar un programa antes de su entrada en vigor con el detalle de las actividades para su adecuación y tienen hasta 2027 para apegarse a los nuevos estándares.
Hasta ahora, 832 empresas estatales y privadas presentaron ya el plan de adecuación ante Conagua, entre ellas siderurgias, aeropuertos, agropecuarias, agroquímicas, automotrices, cerveceras y cementeras, según una solicitud de información pública presentada por IPS.
Asimismo, aparecen embotelladoras, empresas inmobiliarias, generadoras eléctricas privadas, ingenios azucareros y compañías mineras, poseedoras de miles de permisos de descarga de residuos líquidos por millones de m3.
También cinco subsidiarias de la estatal CFE y tres de la también estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) entregaron sus programas.
Las industrias del petróleo, el acero y la minería tienen en común el liberar metales pesados, compuestos tóxicos y sustancias persistentes.
Permiso para ensuciar
Pemex, una de las corporaciones más contaminantes de este país latinoamericano de 130 millones de habitantes, tiene al menos 115 licencias de descargas por 131,27 millones de m3 sobre el suelo, ríos, arroyos, océanos y acuíferos. Sus programas de ajuste a los nuevos estándares se materializarían en 2026 y 2027.
Su mayor concesión de descarga totaliza 33,07 millones de m3, en un punto en aguas someras del suroriental estado de Tabasco, frente a la refinería Olmeca, en reconstrucción desde 2019, ubicada en el puerto de Dos Bocas, ante el mar Caribe.
Le sigue el Complejo Petroquímico Pajaritos, situado también en Tabasco, con una descarga de 12,78 millones de m3. Esa zona es una de las más contaminadas del país, por el impacto de la industria petrolera.
Las instalaciones de CFE no son la excepción. Un grupo de termoeléctricas, hidroeléctricas y centrales que queman gas ostentan 74 permisos, por un total de 10 538 millones de m3, y tienen un calendario de cumplimiento que va de 2025 a 2027.
Otra termoeléctrica, General Manuel Álvarez Moreno, localizada en el puerto de Manzanillo, en el occidental estado de Colima, posee el segundo mayor permiso de descarga de aguas residuales de las centrales de CFE, con 2247 millones de m3 anuales, cuyo material contaminante termina en el Pacífico o en sistemas de lagunas contiguas.
Todas las centrales de la CFE solicitaron una extensión para comenzar a cumplir la nueva norma, mientras varias instalaciones de Pemex también lo hicieron.
Omar Arellano, académico de la Escuela de Ciencias de la Tierra de la pública Universidad Nacional Autónoma de México, catalogó la situación de “grave y poco atendida”, derivada de un sistema de descargas “muy malo”.
En las principales cuencas hidrológicas, “la situación no ha cambiado. Ha habido un daño hidroecológico, en el cual se ha perdido la capacidad de función hídrica. Ha habido una degradación muy fuerte, especialmente en el centro-occidente del país. Se ha superado por mucho la capacidad de carga de contaminantes de los principales afluentes”, dijo a IPS en Ciudad de México.
En 2023, Conagua operó 1143 sitios de monitoreo de calidad del agua en el país, donde se midieron ocho parámetros. De toda la muestra, solo dos puntos rebasaron 50 % de cumplimiento y la mayoría no presentó altos niveles tóxicos.
En su análisis, utilizó un semáforo de calidad, según el apego a los ocho indicadores. Así, 26 % de los sitios registraron verde, 45 %, amarillo; y 28 %, rojo.
Las cuencas de los principales ríos del sur, norte y occidente mexicanos presentan altos niveles de polución.
Aunque el combate a la contaminación constituye una de las estrategias prioritarias del Plan Nacional Hídrico 2020-2024, carece de avances significativos en esa dirección, según afirmó Arellano y constató IPS en una revisión de la información disponible, que va hasta 2023 y no evidencia la existencia de cuerpos saneados.
Entre la sanación y la detención
El problema, aduce Arellano, no solo radica en la lentitud de la remediación de los sitios contaminados, sino también en el freno a la nueva polución desde la entrada en vigor de la norma de 2023.
De vuelta en Petacalco, el pescador José pidió que la termoeléctrica deje de ensuciar el agua, para que las especies marinas retornen.
“No sé si la solución sea cerrarla, porque genera mucha suciedad. Lo primero debe ser que mejore sus procesos y ya no descargue tanto” al mar, señaló.
El académico Arellano instó a una mayor coordinación interinstitucional y el freno a la contaminación proveniente de industrias o municipios.
“La norma sirve para una mejor planeación para zonas altamente contaminadas y para proteger aquellas que no lo están. Pero no hay un plan adecuado de solución de contaminación de cuerpos fluviales. No se atiende la demanda de comunidades ni se monitorea fármacos, virus o microplásticos”, planteó.
Desde el aire se ve la chimenea humeante de la carboeléctrica, con sus descargas de azufre y otros materiales tóxicos. Lo que pasa en el agua es menos visible, pero igualmente destructivo.
ED: EG
