SAN BLAS, México – Basta adentrarse unos metros hacia el norte desde la carretera que sale de la ciudad de Tepic, la capital del estado de Nayarit, en el noroeste de México, y aparecen ojos de agua en la tierra, algunos llenos y otros ya vaciados. Son las granjas de cría de camarón que se alinean como puestos en un mercado, una tras otra, separadas tan solo por unos pasos.
Pero es en el municipio de San Blas, en ese mismo estado, donde más proliferan estas instalaciones. Ubicadas en el límite de la Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales, que hospeda aproximadamente 20 % de los manglares mexicanos, y cercanas a esteros para contar con agua salobre, satisfacen la demanda interna del país ante la sobreexplotación de la pesquería.
“Con dinero, montan las granjas de volada (velozmente). Cortan lo que haya, meten la tubería, compran las larvas y listo. En dos o tres meses puede estar lista una granja”, explicó a IPS el guía, quien pidió anonimato por cuestiones de seguridad, durante un recorrido por la zona.
En la región de San Blas, a unos 790 kilómetros al noroeste de Ciudad de México, comienza un corredor que se extiende por los también norteños estados de Baja California, Sinaloa y Sonora y que aportan el mayor volumen del crustáceo de cultivo en México, en un negocio que mueve en promedio unos 230 millones de dólares anuales.
Por eso este lugar se ha convertido en el epicentro de la explosiva actividad de las granjas del crustáceo decadópodo de la familia caridea. Pero este crecimiento deja tras de sí deforestación y contaminación del agua, pues necesitan un sitio cerca de ríos o costas para tener el líquido disponible.
“Acá había manglar y selva baja en otros sitios”, dice el guía mientras señala los estanques instalados en una explanada desprovista de cualquier tono de verde.
“En Sinaloa y Sonora, el crecimiento ha sido sobre el manglar, como en San Blas. Han tirado selva baja para instalar granjas. La pregunta es cómo lo han permitido las autoridades”: Ernesto Bolado.
Mediante el análisis de bases de datos, solicitudes de acceso a información pública y la comparación y estudio de varias imágenes satelitales, IPS corroboró el impacto del cultivo.
Desde 2018, la Procuraduría (fiscalía) Federal de Protección al Ambiente (Profepa) halló en la reserva que cinco criadores privados instalaron granjas de camarón sin autorización, para lo que cortaron 104,5 y 25 hectáreas de manglares, respectivamente, en la reserva, habitada por unas 1300 personas, según una solicitud de información.
Además, Profepa ha investigado a otras tres granjas privadas en la reserva por la misma razón.
En Marismas Nacionales, decretada como reserva en 2010 y de 133 000 hectáreas de extensión en Nayarit y Sinaloa, operan más de 200 granjas acuícolas, de las que al menos 150 funcionan en Nayarit y el resto en Sinaloa, sobre una superficie de unas 4000 hectáreas. Pero esa estadística aumentaría si se incluyesen sitios irregulares.
El activista local Juan García resaltó el daño ambiental de la actividad.
”Muchas (granjas) tronaron (fracasaron) por falta de conocimiento, malas prácticas. Ahora son muy pocos los que tienen cuidado en los proyectos. Tiene una afectación muy grande a los ecosistemas, especialmente a las fuentes de agua”, dijo a IPS.
Depredadores
El cultivo implica dos ciclos anuales, de entre tres y cuatro meses de duración. A los tres meses de crecimiento, los especímenes pueden tener tallas adecuadas para la venta, de 18 gramos en adelante. Cada estanque arrojaría en promedio una tonelada por hectárea cultivada.
Luego de cada ciclo, los criadores vacían las lagunas y las limpian, para evitar infecciones en la siguiente cosecha, y sus residuos terminan en esteros, ríos o lagunas.
“En Sinaloa y Sonora, el crecimiento ha sido sobre manglar, como en San Blas. Han tirado selva baja para instalar granjas. La pregunta es cómo lo han permitido las autoridades”, dijo a IPS Ernesto Bolado, director de la no gubernamental SuMar-Voces por la Naturaleza.
Estudios científicos e imágenes satelitales confirman el impacto de las granjas sobre el manglar.
La estadounidense Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la Nasa, ya reveló que entre 2010 y 2015 la crianza desplazó humedales en el norte de Sinaloa. Esa tala transforma el terreno en zonas inundables que luego se vuelven sitios de cultivo de camarón. En la segunda fecha de referencia, estas áreas estaban cubiertas de agua.
“El cambio de uso de suelo ha afectado flujos hidrológicos o que en algún momento se hayan utilizado antibióticos o alimentos que tuvieron un efecto de enriquecimiento de las aguas costeras. La carga de nutrientes es significativa”: Arturo Ruiz.
En San Blas, un estudio, publicado en 2021 por cuatro especialistas de las universidades de Guadalajara y Autónoma de Nayarit, halló un aumento de las áreas de camaronicultura de 4,3 % y una reducción de la cobertura de manglar de 4,7 % entre 2000 y 2019.
Además, el Atlas de naturaleza y sociedad, elaborado por la gubernamental Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, muestra en puntos rojos el impacto de las actividades humanas, incluyendo la camaronicultura, en un estero en San Blas. Manchas verdes rodean cuadros oscuros, indicador de la remoción del manglar.
Voracidad
Las granjas camaroneras engullen vegetación y tierra para dar paso a un producto que llega a los hogares mexicanos para preparar ceviches, sopas y múltiples recetas.
El gobierno mexicano incluye la acuacultura dentro de las actividades prioritarias. De hecho, la región del cordón de los cuatro estados norteños tiene una tradición acuícola desde hace décadas.
La instalación de criaderos despuntó a inicios de los años 70, impulsada por apoyos gubernamentales. Entre 1997 y 2000 hubo un segundo pico, repetido entre 2009 y 2013, cuando quedó en evidencia la sobrepesca del camarón blanco (Litopenaeus vannamei), mientras que se confirmó que su cultivo era viable financieramente.
Pero la vigilancia sobre la actividad acuícola no rema en la misma dirección. Entre 2011 y 2021, Profepa practicó 1165 inspecciones a granjas. El año 2018, el último de la administración de Enrique Peña Nieto, registró la mayor cantidad (182).
Pero desde que en diciembre de 2018 asumió el actual y ya saliente presidente, Andrés Manuel López Obrador, las visitas se derrumbaron, en lo que se atribuye a recortes del presupuesto y del personal para la inspección. De 56 verificaciones en 2019 pasaron a 13 en 2021. Profepa precisó a IPS que en 2022, el último año con datos, no hubo inspecciones.
Durante el mismo lapso, Sinaloa concentró la mayor cifra de fiscalizaciones (571), seguido por Nayarit, con 454. Lejos quedaron Sonora (58) y el sudoriental estado de Tabasco (36).
Para que una granja pueda operar legalmente, necesita un permiso que le otorga la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y que obtiene luego de presentar un estudio de impacto ambiental que detalla las características de la obra y sus posibles impactos sobre el hábitat. A partir de ese análisis, Semarnat decide si la avala o no.
Profepa, sin embargo, halló falta de esa autorización en 904 casos (77 % del total inspeccionado), lo que significa que es una explotación ilegal. El dato refleja la dificultad a la que se enfrenta la autoridad para impedir la instalación de estanques, con el consecuente daño ecológico.
Sinaloa y Nayarit encabezaron el registro de funcionamientos ilícitos con 492 y 384 casos, respectivamente. En 912 expedientes, Profepa impuso multas por un monto que el organismo no detalló.
Las estadísticas muestran también la ausencia de cumplimiento de los permisionarios evaluados, pues hubo 40 incumplimiento de términos y condicionantes de la autorización, 28 quebrantos de resoluciones administrativas y 21 irrespeto de acuerdos. Solo en 100 inspecciones Profepa no encontró irregularidades.
Por todo ello, la proliferación de criaderos demanda una vigilancia puntual de las autoridades ambientales.
En peligro
Los manglares, las marismas y los pastos marinos hospedan una variedad de especies animales y vegetales; detienen las olas; restringen la erosión y abrevian los efectos de la subida del nivel del mar. Pero también capturan y acopian grandes cantidades de carbono, por lo que juegan un rol fundamental en el control del recalentamiento planetario.
En 2020, México tenían 905 086 hectáreas de manglares, en una extensión de estos frágiles ecosistemas que solo superan Indonesia, Australia y Brasil.
A pesar de su importancia, y a que su corte está prohibido en México, el país pierde miles de hectáreas anuales de manglar debido a la construcción de granjas acuícolas y de vías de comunicación, así como la agricultura, la creciente urbanización y el desarrollo de zonas turísticas.
Entre 2015 y 2020, Sinaloa perdió 5258 hectáreas, Baja California Sur, 1068, y Nayarit, 247.
Esa pérdida altera el clima local, lo que a su vez resulta en cambios en el ciclo hídrico y en el balance salino de las lagunas costeras, lo que perjudica a la inmensa biodiversidad existente.
La reserva de Marismas Nacionales abarca lagunas costeras, manglares, pantanos y cañadas, para acoger a unas 219 especies de aves, 111 de peces, 31 reptiles, 29 de mamíferos y seis de anfibios.
Su programa de manejo, que no está actualizado desde 2013, permite la camaronicultura, un imán para esa actividad dentro del área protegida.
Bolado, el director de SuMar-Voces por la Naturaleza, resaltó la transformación del territorio en 30 años mediante el cambio de uso de suelo y la demanda de agua, para llenar los estanques y cambiar el líquido para evitar contaminación y muerte de los animales.
Por otro lado, la crianza del crustáceo también provoca afectaciones a los cuerpos de agua. De hecho, para Arturo Ruiz, investigador del estatal Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, el mayor impacto recae sobre este recurso.
“El cambio de uso de suelo ha afectado flujos hidrológicos o que en algún momento se hayan utilizado antibióticos o alimentos que tuvieron un efecto de enriquecimiento de las aguas costeras. La carga de nutrientes es significativa”, explicó a IPS.
El experto independiente Leonardo Vázquez reconoció que, si bien hay tecnología nueva para mejorar la producción y esfuerzos para cambiar prácticas nocivas, el perjuicio persiste.
“Hay muchísima evidencia desde finales de los 90 que evalúan que el aumento de nutrientes contribuye al deterioro de los fondos marinos por los sedimentos y los organismos que habitan allí”, analizó para IPS.
Vista al futuro
Datos de la gubernamental Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), indican que la pesca totalizó 1,95 millones de toneladas en 2020 y 2021, para una mejora de 3 % en comparación con el año previo.
En particular, la acuicultura representó 351 002 toneladas en 2020 y 2021, para una recuperación de 13 % frente al nivel de 2019 (306 564). El bienio 2020-2021 se contabiliza como un solo año por la reducción de la actividad durante la epidemia de covid.
En México, un país de 1,96 millones de kilómetros cuadrados de superficie continental, con costas paralelas y alargadas a los océanos Pacífico y Atlántico, la pesca en todas sus formas aportó 1111 millones de dólares en 2023, de los que 269 millones los aporta el consumo interno y el resto la exportación.
La pesca mexicana del camarón aún rebasa a la camaronicultura.
La captura del crustáceo crece desde 2016, al registrar 270 807 toneladas en 2020 y 2021, seguido por el atún y la mojarra. En tanto, en el mismo bienio la engorda del crustáceo sumó 214 546 toneladas, seguido de la mojarra, 20 % más que en 2019 cuando se cosecharon 171 862 toneladas.
Sinaloa contribuye con el mayor volumen de camarón, según el Comité Estatal de Sanidad Acuícola, que cuantifica 907 granjas, con una producción de 94 568 toneladas en marzo de 2023, para una subida de 14 % comparado con el mismo mes de 2022, sobre 93 037 hectáreas.
Le sigue su vecino Sonora, ya que 147 sitios que ocupan una superficie total de 28 130 hectáreas aportaron 78 449 toneladas desde 2023, acorde con estadísticas del gubernamental Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora.
De lejos acecha Nayarit, donde su Comité Estatal de Sanidad Acuícola indica que 1233 criaderos, en una superficie de unas 17 777 hectáreas, contribuyeron con 16 290 toneladas durante 2022, para una disminución de 8% frente a 2021, aunque en menos terreno.
Vieja solución revivida
Ahora una solución surge de una herramienta contemplada antes y ahora anhelada ante la urgencia: el ordenamiento territorial de los propios estados afectados.
“Empujamos el programa. La intención es que sea obligatorio para los gobiernos municipales y del estado. Que se respeten los usos de suelo que queden designados. Pero hay fuertes intereses que no quieren que pase”, indicó el activista García.
El ordenamiento territorial define las zonas de conservación ecológica, construcción, agrícola y acuacultura.
Desde 2021, el municipio de Tecuala cuenta con la herramienta y el de Rosamorada, desde 2023, pero aún no hay resultados. Mientras, San Blas aún no decreta el suyo.
El especialista Bolado sugiere también mayor capacitación para los criadores artesanales.
“Los productores sienten que hay cierta victimización que, por no contar con preparación o capacidad técnica, se les señale como principales agentes de contaminación del agua, habría que darles mayores capacidades”, previó.
A su juicio, “debe ser un trabajo conjunto con las autoridades, en hacer valer las regulaciones y acompañar a los productores. Más que ampliar la frontera acuícola, se debe hacer más eficiente y rentable, porque va a seguir creciendo, mientras represente una oportunidad”.
El académico Ruiz resalta la importancia del ordenamiento acuícola, pero aclara que este no ha avanzado, a pesar de los intentos.
“Impediría no usar recursos inadecuados en los proyectos, que no se sobrepase el límite de capacidad de carga en beneficio del propio productor y del ambiente, y que no se pisaran entre los sectores acuícola y pesquero”, explicó.
El consultor Vázquez propone granjas en zonas alejadas de la costa, con recirculación de agua, como se practica en otras zonas de México.
“Hay muchísimo por mejorar. Debe haber planeación territorial. La acuacultura es un negocio y no va a funcionar bien si se daña el ecosistema. El Estado tiene que velar por el desarrollo socioeconómico, pero hay muchísimas oportunidades para proteger el medio natural. No hay impactos reversibles”, sugirió.
ED: EG
