LIMA – El acceso a justicia para las víctimas y sus familiares de graves violaciones a los derechos humanos cometidos en Perú entre 1980 y el 2000 está en grave peligro en este país sudamericano que vive el deterioro de su democracia y donde la presidenta Dina Boluarte y el Congreso Legislativo son rechazados por la mayoría de la población.
“Todos los días nos enfrentamos a una nueva propuesta que violenta nuestros derechos y busca beneficiar a los criminales mientras que los familiares seguimos esperando la respuesta de dónde están nuestros desaparecidos”, declaró a IPS en el espacio de memoria situado en Lima y llamado El ojo que llora, Gisela Ortiz, hermana de Luis Enrique Ortiz.
El joven, de 21 años, es uno de los nueve estudiantes que junto con un profesor fueron secuestrados en julio de 1992 de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta, por integrantes del grupo paramilitar Colina, durante el régimen de Alberto Fujimori. Todos fueron asesinados y enterrados clandestinamente.
En Perú, con 33 millones de habitantes y un fuerte centralismo, se produjo un conflicto armado interno durante las dos décadas de la presidencia de Fujimori, calificado como el episodio de violencia más intenso, extenso y prolongado de su historia republicana por la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional.
Esta comisión, formada en 2001, entregó su informe en agosto del 2003.
“Hay una mafia operando en el Congreso para garantizar impunidad a los violadores de derechos humanos procesados y también a los condenados, y limpiar a Alberto Fujimori”, Gisela Ortiz.
Concluyó que hubo cerca de 70 000 las víctimas mortales en esas dos décadas en que dos grupos armados, el maoísta Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), declararon la guerra al Estado peruano.
Fujimori, quien dio un autogolpe en 1992 contra los demás poderes y se enrumbó en un régimen netamente autoritario, respondió con una estrategia antisubversiva que implicó graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
Los casos de este periodo configuran crímenes de lesa humanidad porque fueron sistemáticos y generalizados contra la población civil, y son imprescriptibles.
Algunos han sido juzgados y sentenciados mientras otros están todavía en proceso. Sin embargo, este acceso a la justicia, lento e incompleto pues las sentencias no se cumplen integralmente, podría quedar trunco de aprobarse la ley que está promoviendo la bancada fujimorista con el apoyo de otras representaciones políticas.
En busca de impunidad
El unicameral Congreso, dominado por el partido fujimorista Fuerza Popular en alianza con el de extrema izquierda Perú Libre y otros de derecha como Renovación Popular y Avanza País, con los que obtiene mayoría en las votaciones, está impulsando diferentes leyes que afectan la vigencia de los derechos humanos y el castigo a sus violadores.
El más reciente es el que aprobó la Comisión de Constitución el 12 de marzo, que busca la impunidad de crímenes de lesa humanidad ocurridos entre 1980 y el 2000.
Se trata del proyecto de ley N° 6951/2023-CR “que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana”.
“Lo que plantean es que solo a partir de la entrada en vigencia en el país del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, esto es julio del 2001, se aplicaría la imprescriptibilidad de estos delitos”, dijo a IPS la abogada Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú.
Agregó que, en consecuencia, “todos los casos que estuvieron comprendidos entre los crímenes de lesa humanidad y de guerra de los 80 y 90, los 20 años de conflicto armado interno, quedarían excluidos”.
En una entrevista en el local de la Coordinadora en Lima, Dador explicó que los impulsores de la ley confunden el límite que establece el Estatuto de Roma, que tiene que ver con la creación de la Corte Penal Internacional en 2001, fecha a partir de la cual pueden ser procesados por ella quienes comentan esos delitos, pues antes no existía.
“Son, pues, argumentos falaces que intentan confundir al traer al ámbito nacional la creación de ese espacio que es del ámbito internacional”, remarcó.
El proyecto también alude a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, firmada con reservas por el Estado peruano en el 2002. La propuesta legal indica que solo a partir de su entrada en vigor en la legislación peruana podría ser aplicada, excluyendo los casos de años anteriores.
“La reserva no aplica porque va contra la razón de ser de la Convención”, afirmó Dador.
Además, la Convención dispone en su artículo primero que los crímenes de lesa humanidad cometidos en tiempos de guerra o de paz son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido.
Pese a trabajar por los derechos humanos en el país desde 1985 y al acompañamiento a casos de delitos de lesa humanidad, la Coordinadora no fue convocada a la mesa técnica de la Comisión de Constitución para opinar sobre el proyecto de ley.
“Sus impulsores representan a casi 800 miembros de fuerzas armadas y policiales que estarían interesados en su aprobación, a quienes llaman héroes de la pacificación, cuando están comprendidos en denuncias de graves violaciones a los derechos humanos”, manifestó Dador.
Advirtió que casos juzgados bajo la lógica de no aplicación de la prescripción por ser crímenes de lesa humanidad podrían quedar impunes. “Ya no serían solo las víctimas que durante 30, 40 años persiguen justicia, sino que lo poco que se ha logrado no se va a respetar”, alertó.
Entre estos últimos están los de esterilizaciones forzadas a indígenas y campesinas durante la presidencia de Alberto Fujimori, y de violación sexual a mujeres en las bases militares de Manta y Vilca, en el central y andino departamento d Huancavelica, en el conflicto armado interno.
“Es como decir tú no importas, tú no cuentas, nos olvidamos, hagamos un nuevo país. Y los metemos a todos los demás debajo de la alfombra”, deploró Dador.
Una lucha inacabable
Gisela Ortiz junto a los demás familiares del caso La Cantuta, batalló sin desmayo por largos años para alcanzar justicia sobre un hecho negado por Fujimori, representantes de su gobierno y mando militares.
En 2009 el expresidente fue condenado por ser el autor intelectual de los delitos de homicidio calificado en ese caso y el de Barrios Altos, perpetrado también por el paramilitar Grupo Colina, coordinado por el más destacado asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos. Fueron considerados crímenes contra la humanidad según el derecho internacional penal.
Fujimori quien abandonó el país en 2000 y renunció a la presidencia desde el exterior, volvió a Perú en 2007 extraditado desde el vecino Chile. Fue juzgado y sentenciado en 2009 por la justicia peruana a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad (La Cantuta y Barrios Altos) y delitos de corrupción.
Pero ha mantenido su sombra en la política peruana a través de su hija Keiko y en diciembre del 2023 obtuvo su liberación de un penal cercano a Lima por un cuestionado indulto humanitario.
“Hay una mafia operando en el Congreso para garantizar impunidad a los violadores de derechos humanos procesados y condenados, y limpiar a Alberto Fujimori que goza de un indulto indebido. Por eso creo que él será el principal beneficiado de esta ley”, expresó.
De las 11 víctimas de La Cantuta solo han sido hallados restos de cinco, entre ellos no está el de su hermano Luis Enrique.
“Siento una sensación de vulnerabilidad, como familiares dábamos por hecho que después del trabajo de la Comisión de la Verdad, de investigaciones periodísticas y sentencias que son verdades jurídicas, se reconocía la existencia de violación a los derechos humanos entre 1980 y el 2000”, comentó.
Ortiz lamentó que se ponga en cuestión las consecuencias del tipo de respuesta del Estado a los crímenes de Sendero Luminoso y MRTA.
“Estaba sentado como parte de la historia que tenemos más de 22 000 desparecidos por el conflicto armado interno según el Ministerio de Justicia, cifra que triplica la de la Comisión de la Verdad, pero aun así vivimos una arremetida que busca que nos salgamos del marco de protección de los derechos humanos”, subrayó.
Advirtió que el contexto es muy peligroso para la salud mental de los familiares. “Seguimos esperando respuesta de dónde están nuestros desaparecidos, que haya sentencias y que estas se cumplan”, dijo.
A ello se suma la acción de grupos violentos antiderechos que acosan a víctimas y familiares, como por ejemplo en el acto en respaldo al memorial El ojo que llora el 27 de marzo, espacio inaugurado en 2005 y declarado patrimonio cultural del país.
Otro proyecto de ley liderado por el partido derechista Avanza País se propone demolerlo, al igual que una iniciativa del municipio de Lima, cuyo alcalde pertenece a la también derechista Renovación Popular, que pretende construir una cancha de fútbol en su lugar.
“Nos insultan, amenazan, nos señalan como delincuentes terroristas y con un fuerte racismo, nos dicen ‘esos serranos (oriundos de comunidades de las sierras de los Andes) bien muertos están’. El terruqueo (acusación de terrorista a todo defensor de derechos) nos afecta, es una lucha desigual que busca silenciarnos, pero no lo lograrán”, remarcó.
ED: EG
