SANTIAGO – La sureña isla de Chiloé, una de las más lluviosas de Chile, tiene amenazado su abastecimiento de agua potable por el daño a una turbera llamada pompón, afectada por su comercialización y por una serie de proyectos eléctricos, sobre todo eólicos.
El pompón (Musgo sphagnum magellanicum) es una turbera cuya característica es absorber mucha agua, retenerla y liberarla gota a gota cuando no hay lluvias. En el sur de Chile hay cerca de 3,1 millones de hectáreas con turberas.
La turba define a una mezcla de restos vegetales o materia orgánica muerta, en distintos grados de descomposición, no mineral ni fosilizada, que se ha acumulado en condiciones de anegamiento.
El pompón es la principal fuente de agua para los cortos ríos en Chiloé, un archipiélago de 9181 kilómetros cuadrados y 168 000 habitantes, ubicado a 1200 kilómetros al sur de Santiago y que vive de la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca y turismo, en ese orden.
“Nosotros no tenemos glaciares, ni deshielos. Nuestro sistema hídrico es totalmente diferente al de todo el continente y el resto de Chile. Al no tener glaciares ni nieve, nuestros ríos funcionan en base a la lluvia y a las turberas que retienen el agua y en los momentos de escasez la liberan”, explicó a IPS por teléfono Daniela Gumucio.
Esta profesora de historia y geografía, de 36 años, indicó que la comunidad chilota está preocupada por el abastecimiento de agua potable para consumo y para la pequeña agricultura familiar de subsistencia.
“Condenamos que se permita la extracción del pompón en Chiloé cuando no hay una forma demostrada desde la ciencia de que el pompón se pueda reproducir o se pueda plantar….no existe evidencia de cómo se puede regenerar”: Daniela Gumucio.
Gumucio es dirigente de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri) y preside el Comité Ambiental de Chonchi, el municipio donde vive, en el centro de la isla.
Este alargado país sudamericano que discurre entre la cordillera de Los Andes y el océano Pacífico, tiene 19,5 millones de habitantes, y enfrenta una de las peores sequías de su historia.
Es extraño hablar de escasez hídrica en Chiloé porque tiene un clima lluvioso. En el año 2011 cayeron allí más de 3000 milímetros de agua, pero desde el 2015 la lluvia comenzó a decaer.
Ese 2015 la precipitación sumó 2483 milímetros, pero el 2023 solo 1598 y en lo que va de este año 316, según datos de la estación Quellón informados a IPS por la Dirección Metereológica de Chile.
El pronóstico para abril, mayo y junio de 2024 anticipa que seguirán lluvias por debajo de lo normal.
La región fue declarada en emergencia hídrica en enero y los habitantes de nueve municipios son abastecidos mediante camiones aljibes.
Para abastecer de agua a los pobladores de los 10 municipios chilotes, el Estado gastó 1,12 millones de dólares en camiones aljibes contratados entre el 2019 y el 2024. Solo en Ancud, uno de ellos, el gasto fue de 345 000 dólares en esos mismos años.
Alerta en dirigentes sociales
La preocupación de los chilotes por su abastecimiento de agua proviene del gran impulso a proyectos eólicos instalados sobre las turberas y a una nueva legislación que prohíbe extraer el pompón, pero abre las puertas a su explotación a quienes presenten un plan de manejo sostenible.
Son varios los proyectos energéticos emplazados en la cordillera del Piuchén, en el oeste de Chiloé, donde proliferan las turberas.
“Se quiere ampliar una línea de alta tensión desde Castro hasta Chonchi. Y hay dos proyectos de parques eólicos muy grandes. Y para instalar las torres hay que dinamitar la turbera. Eso es un atentado directo al recurso hídrico y a nuestras formas de obtener agua”, describió Gumucio.
El año 2020 la compañía francesa Engie compró en 77 millones de dólares tres parques eólicos en Chiloé: San Pedro 1 y San Pedro 2, con un total de 31 aerogeneradores, y para producir 101 megavatios (MW). En un tercer parque se instalarán más aerogeneradores para producir 151 MW adicionales.
Además se instalarán 18 kilómetros de líneas para llevar la energía a una subestación en Gamboa Alto, en el municipio de Castro, y desde allí al nacional Sistema Interconectado Central.
Otras 92 torres contempla el proyecto Tabla Ruca, entre los municipios de Chonchi y Quellón.
Engie explica sus iniciativas como parte de la transición hacia un mundo cero neto en emisiones de gases de efecto invernadero, gracias a la producción de energías limpias o verdes.
Los dirigentes de 14 organizaciones sociales y comunitarias expresaron sus inquietudes en reuniones con autoridades regionales, pero sin resultados. Ahora informaron a sus comunidades y emplazaron a las autoridades de la región a proteger su principal fuente de agua.
Para manifestar su malestar, los pobladores marcharon el 22 de marzo en Ancud y se manifestaron el 22 de abril en Puente Gamboa, en Castro, el principal municipio del archipiélago.
Gracias al pompón, los ríos de Chiloé no se secan. Esta turbera acumula el agua de lluvia en la superficie y de manera horizontal y luego comienza a liberarla lentamente cuando no llueve.
Por estas mismas características el pompón es explotado y vendido para jardinería. El 2019 Chile exportó 4600 toneladas de esa turba.
Los proyectos eólicos se emplazan en zonas de turberas de altura, llamadas ombrotóficas, ubicadas en el origen de las cuencas hidrográficas.
“Hemos tenido buena respuesta en el consejo municipal de Chonchi donde el alcalde y los concejales se manifestaron públicamente en contra de aprobar estos proyectos”, contó Gumucio.
La otra amenaza para el pompón
La segunda amenaza para la turbera chilote proviene de la Ley 21.660 sobre protección ambiental de turberas, publicada en el Diario Oficial de Chile, el 10 de abril.
Esta ley prohibe extraer turba en todo el territorio, pero seguidamente establece normas para autorizar su explotación si se presentan planes de manejo sostenibles y aprobados por el estatal Servicio Agrícola y Ganadero, previo informe favorable del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
El plan de manejo de las turberas apunta a evitar la alteración permanente de su estructura y funciones.
Quien pida una explotación deberá acreditar que posee las capacidades necesarias para monitorear el proceso de regeneración de la capa vegetal y cumplir la metodología de recolección establecida para un uso sustentable.
Pero los pobladores dudan de la capacidad del Estado para fiscalizar.
“Condenamos que se permita la extracción del pompón en Chiloé cuando no hay una forma demostrada desde la ciencia de que el pompón se pueda reproducir o se pueda plantar….no existe evidencia de cómo se puede regenerar¨, explicó Gumucio.
La dirigente no cree viable la posibilidad de un manejo sustentable y lamenta que el gobierno no acogió una petición para que la ley no rigiera en Chiloé.
¨Tenemos un sistema hídrico diferente y si esa ley se quiere implementar, que sea en el continente donde hay otras fuentes de agua”, aseveró.
Según Gumucio, todo parece alineado para ahondar la crisis hídrica en Chiloé.
“Desde la tala del bosque, la extracción del pompón y los proyectos energéticos todos aportan a que se sequen nuestros acuíferos y cuencas. Y en ese sentido, hay un tremendo abandono del Estado por no velar por nuestro bienestar y derecho a tener agua”, concluyó.
Hablan los científicos
Seis científicos de diversas universidades chilenas emitieron una declaración pública afirmando que la nueva ley es un paso en la dirección correcta para proteger las turberas chilenas.
En su declaración los científicos Carolina León, Jorge Pérez Quezada, Roy Mackenzie, María Paz Martínez, Pablo Marquet y Verónica Delgado destacan que la nueva ley “exigirá la presentación de un plan de manejo sustentable” para explotar el pompón que hoy se extrae sin ningún control.
Añaden que ahora los planes de manejo deberán ser aprobados por autoridades competentes y que se pedirá a quienes extraigan el pompón “asegurar que no se modifique de manera permanente la estructura y funciones de la turbera”.
Agregan que el Reglamento de la ley, que se dictará en un plazo de dos años, “deberá establecer la forma de recolección del pompón y el monitoreo posterior a la cosecha de la turbera que resguarde la regeneración de la planta, algo que no había sido considerado hasta ahora”.
Indican que la nueva ley mejorará la fiscalización pues permite vigilar a intermediarios y a exportadores quienes podrían ser multados si no cumplen la legislación.
“Si bien es cierto que existe preocupación de ciertas comunidades y grupos ambientalistas, creemos que esta preocupación podrá incorporarse durante la discusión del Reglamento”, sostienen.
Los científicos reiteran, empero, que “las turberas son ecosistemas claves para mitigar la crisis climática y de biodiversidad a nivel nacional y planetario” y admiten que “aún quedan importantes desafíos (para protegerlas), pero este es un gran paso en la dirección correcta”.
ED: EG
