GINEBRA – Las leyes en nombre de la lucha contra el terrorismo están plagadas de asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias y violaciones de la intimidad, y arriesga la libertad y la vida de inocentes, reconoce un nuevo informe desde el área de derechos humanos de las Naciones Unidas.
Ben Saul, relator especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, dijo que “el uso indebido de las medidas antiterroristas no solo viola los derechos de los presuntos delincuentes, sino que también puede poner en peligro las libertades de los inocentes”.
En su primer informe al Consejo de Derechos Humanos, en esta ciudad suiza, el jurista australiano describe un panorama de lucha antiterrorista plagado de violaciones de derechos humanos.
Entre ellas, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas, juicios injustos, violaciones de la intimidad, y la criminalización de las libertades de expresión, reunión, asociación y participación política, afectando la vida de mucha gente inocente.
Sostuvo que “más de dos décadas de prolíficos esfuerzos mundiales para luchar contra el terrorismo no han ido acompañadas de un compromiso igualmente firme con los derechos humanos”.
El experto condenó la proliferación de delitos de terrorismo excesivamente amplios contra la sociedad civil, incluidos opositores políticos, activistas, defensores de los derechos humanos, periodistas, minorías y estudiantes.
Por otra parte, los estados de excepción injustificados y prolongados siguen socavando los derechos humanos, advirtió.
Saul dijo que “la violencia militar excesiva en respuesta al terrorismo también destruye derechos fundamentales, entre otras cosas mediante violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho penal internacional”.
Adicionalmente, “los Estados recurren cada vez más a la violencia militar transfronteriza, incluso cuando no está justificada en virtud del derecho internacional de legítima defensa”.
“Muchos Estados tampoco han abordado las causas profundas del terrorismo, entre ellas las violaciones estatales de los derechos humanos, mientras que la impunidad por esas violaciones es endémica”, afirmó el experto.
Consideró Saul que “los derechos humanos en la lucha antiterrorista corren cada vez más peligro debido al aumento del autoritarismo, la creciente polarización y extremismo internos, la competencia geopolítica, y la disfunción del Consejo de Seguridad de la ONU”.
Además, por “el empleo de nuevas herramientas, incluidas las redes sociales, para alimentar la deshumanización, el vilipendio, la incitación y la desinformación”.
“El doble rasero y la selectividad de las grandes potencias en la aplicación de los derechos humanos también están erosionando la confianza pública en la credibilidad del sistema internacional de derechos humanos”, dijo Saul en su informe.
Una novedad en su reporte ha sido considerar que “lamentablemente, la ONU ha sido parte del problema”, al animar a los regímenes autoritarios a reforzar las leyes antiterroristas en ausencia de una cultura del Estado de derecho o de salvaguardias de los derechos humanos.
“La ONU también debe esforzarse más por consultar de manera significativa a la sociedad civil sobre la lucha antiterrorista”, consideró Saul.
Los relatores especiales y otros expertos independientes forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. No forman parte del personal de la ONU, son independientes de cualquier gobierno u organización, y no reciben un salario por su trabajo.
Al anunciar sus prioridades para su mandato de tres años, el relator especial dijo que se centraría en garantizar que las organizaciones regionales respeten los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, y que todas las medidas administrativas coercitivas utilizadas para prevenir el terrorismo respeten los derechos humanos.
Asimismo, en que los Estados rindan cuentas por las violaciones a gran escala de los derechos humanos derivadas de la lucha antiterrorista, y que las víctimas reciban recursos plenos y efectivos ente ellas.
También continuará trabajos de la relatoría para la protección de las 70 000 personas detenidas arbitrariamente en el noreste de Siria en el conflicto contra la organización integrista Estado Islámico, y de los detenidos y trasladados desde el centro de detención y base estadounidense en la bahía de Guantánamo, en Cuba.
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