GINEBRA – El proyecto de ley del Reino Unidos para enviar solicitantes de asilo a Ruanda “socava los derechos humanos”, advirtió el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en una declaración este lunes 19.
“Las medidas legislativas adoptadas por el gobierno del Reino Unido para facilitar la pronta expulsión de los solicitantes de asilo a Ruanda van en contra de los principios básicos del Estado de derecho y corren el riesgo de asestar un duro golpe a los derechos humanos”, dijo Türk.
El eje del plan, auspiciado por el primer ministro conservador Rishi Sunak, contempla el envío a Ruanda de solicitantes de refugio y asilo que arriben a Gran Bretaña, mientras se procesan sus solicitudes.
El Proyecto de Ley de Seguridad de Ruanda (Asilo e Inmigración) exige que todo “tomador de decisiones”, ya sea un ministro, una oficina de inmigración o un tribunal que revisa las decisiones de asilo, trate de manera concluyente a Ruanda como un “país seguro” en términos de protección de los refugiados y solicitantes de asilo.
Esa consideración deberá hacerse, según el proyecto de ley, independientemente de las pruebas que existan o puedan existir en el futuro acerca de eventuales condiciones de inseguridad en el país africano.
“No se pueden legislar hechos que dejen de existir”, afirmó Türk, al observar que el proyecto de ley reduce drásticamente la capacidad de los tribunales para examinar las decisiones de deportación.
El alto comisionado expuso que “resolver cuestiones de hechos controvertidos –cuestiones con enormes consecuencias para los derechos humanos– es lo que hacen los tribunales, y los tribunales del Reino Unido tienen un historial comprobado de hacerlo de manera exhaustiva y comprehensiva”.
Por ello “es profundamente preocupante excluir a un grupo de personas, o a personas en una situación particular, de la igual protección de la ley; es la antítesis de una justicia imparcial, disponible y accesible para todos, sin discriminación”, agregó.
La oficina de Türk en esta ciudad suiza (Acnudh) ha señalado que el proyecto de ley restringe sustancialmente la aplicación de la Ley de Derechos Humanos, que otorga efecto legal en el Reino Unido a las normas establecidas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
También deja como discrecional la implementación de órdenes de protección provisionales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que son internacionalmente vinculantes para el Reino Unido.
De su lado, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha expuesto que el plan británico es incompatible con el derecho internacional de los refugiados.
Acnur “se opone firmemente a todo acuerdo que busque trasladar a las personas refugiadas o solicitantes de asilo a terceros países sin que existan normas y salvaguardas suficientes”, ha dicho su alta comisionada auxiliar para la protección, Gillian Triggs.
Acuerdos como el de Reino Unido y Ruanda “trasladan responsabilidades en materia de asilo, evaden obligaciones internacionales, y contravienen el contenido y la esencia de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados”, expuso Triggs.
El 14 de abril de 2022 los gobiernos del entonces primer ministro británico, Boris Johnson, y del presidente ruandés, Paul Kagame, firmaron un acuerdo para que Ruanda acepte recibir a los deportados, quienes deberían recibir apoyo para su alojamiento, atención médica, capacitación e integración, según el texto.
A cambio, Londres entregará a Kigali 155 millones de dólares.
El Comité Conjunto de Derechos Humanos del Parlamento del Reino Unido emitió la semana pasada un informe planteando graves preocupaciones en materia de derechos humanos y Estado de derecho con respecto a la legislación propuesta en su conjunto, recordó Türk.
Por ello instó al gobierno del Reino Unido a tomar todas las medidas necesarias para garantizar el pleno cumplimiento de sus obligaciones legales internacionales y defender la orgullosa historia del país de escrutinio judicial eficaz e independiente”.
“Esta postura es hoy más vital que nunca. Los gobiernos no pueden revocar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y asilo mediante legislación”, afirmó finalmente el responsable de derechos humanos de la ONU.
En 2023 los migrantes ilegales que cruzaron el canal de la Mancha para llegar a suelo británico fueron 29 437, una cifra inferior a los 44 000 que lo hicieron en 2022, y apenas una pequeña porción del total de inmigrantes, entre 600 000 y 700 000 anuales en los últimos dos años.
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