MANAGUA – A casi seis años del estallido de las protestas de abril de 2018, en Nicaragua no quedan señales de la violencia que reinó en aquellos días. No hay pintadas en las paredes o pancartas con reclamos ni opiniones contra el régimen izquierdista que gobierna el país desde 2007.
Tampoco hay periódicos o programas de opinión o debates en radios y televisión; menos conferencias de prensa o mítines públicos.
La ciudad de Managua, la capital, siempre luce bulliciosa y activa, con mercados y centros comerciales abiertos a toda hora; el tráfico usualmente es desordenado y patrullas policiales recorren las calles y avenidas todo el tiempo.
Cada mediodía, en cadena de radios y televisión, la voz cansina y apagada de la vicepresidenta Rosario Murillo se escucha dando las noticias del régimen, los logros sociales y mensajes de propaganda como frases de amor y elogios a Dios.
El programa, sin nombre específico, se irradia desde el Canal 4, propiedad histórica del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido gobernante, al que se enlazan los otros medios del Estado. También se encadenan los medios privados en control de la familia presidencial junto a decenas de radios y portales en redes sociales.
Es un ejercicio que nació en 2007 como «un mensaje de la compañera Rosario, del Consejo de Comunicación y Ciudadanía del Pueblo Presidente».
“Aquí estamos, Día de San Valentín, el amor, la amistad, y para nosotros, amor y paz, porque es con amor y en paz que podemos ir caminando, avanzando, construyendo el porvenir de todos, ese porvenir que es fraternal”, dijo el 13 de febrero.
“Los mecanismos de represión del régimen de Ortega y Murillo han escalado a nivele dramáticos e inimaginables. Una simple opinión emitida en redes sociales o una crítica al régimen podría llevarte a la cárcel o al exilio”: Martha Irene Sánchez.
Murillo es la vicepresidenta de Nicaragua desde que la designó en 2016 su esposo, el mandatario Daniel Ortega, el veterano exguerrillero que llegó a la presidencia en las elecciones de noviembre de 2006 y desde entonces sigue ahí.
Murillo también es la vocera del régimen y única voz autorizada, entre una población de 6,7 millones de habitantes del país centroamericano, para hablar pública y libremente de lo que sea. Nadie más.
El estado de la libertad de expresión en Nicaragua es uno de los derechos más reprimidos y maltratados, dice la periodista Abigail Hernández, directora de la plataforma Galería News.
Su opinión es testimonio de su afirmación: lo dice desde el exilio de tres años y por medio de una aplicación de mensajería encriptada.
“Los medios de comunicación y los y las periodistas somos un buen termómetro para medir la calidad de la libertad de expresión”, comenta Hernández a IPS.
“Cuando tenemos cada vez menos acceso a fuentes de información, cuando nos limitan de hacer reportajes desde las calles, que no podamos sacar fotos o videos libremente, que no podamos realizar nuestro trabajo dentro del país te revela que no hay libertad de expresión”, expresa.
Ella es parte de una generación de 242 periodistas que se tuvieron que exiliarse desde las protestas de 2018, que comenzaron contra unas reformas al Seguro Social y terminaron en un baño de sangre provocado por fueras militares y policiales, con más de 355 muertes de civiles, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Coincide con ella la periodista Martha Irene Sánchez, directora de la plataforma República 18. También desde el exilio.
“Los escenarios para ejercer la libertad de prensa y libertad de expresión en Nicaragua no han mejorado desde 2018, por el contrario, cada vez nos encontramos con mayor hostilidad”, dice a IPS.
Ella también es miembro de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), una organización gremial que surgió después de las protestas y cuyos miembros, en total, se exiliaron.
“Los mecanismos de represión del régimen de Ortega y Murillo han escalado a nivele dramáticos e inimaginables. Una simple opinión emitida en redes sociales o una crítica al régimen podría llevarte a la cárcel o al exilio”, señala Sánchez.
Ella pone el ejemplo de Víctor Ticay, un periodista local en Nandaime, un municipio del noroccidental departamento de Granada, que un mal día salió a cubrir una procesión durante la católica Semana Santa de 2023.
El acto no había sido autorizado por la policía, cuyos agentes llegaron a interrumpir la ceremonia religiosa y Ticay filmó a los feligreses huyendo de las patrullas por las calles del pueblo.
Fue detenido, acusado de propagación de noticias falsas y traición a la patria y condenado a ocho años de prisión.
Guillermo Medrano, director de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (Fled), explica a IPS que entre 2020 y 2021, el régimen de Nicaragua aprobó una serie de leyes que criminalizan el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.
Un estudio de FLED presentado en septiembre de 2023 en San José de Costa Rica, un país limítrofe con Nicaragua y centro del exilio del país, develó un registro de 1329 violaciones a la libertad de prensa, perpetradas en su mayoría por agentes estatales en el quinquenio 2018-2023.
Las acciones fueron en contra de 338 periodistas nicaragüenses y 78 medios de comunicación, entre abril del 2028 y abril del 2023.
Eso incluye la intervención policial de varios medios de comunicación como 100% Noticias, Confidencial, Trinchera de la Noticia, Radio Darío y La Prensa, el último periódico que circuló en Nicaragua hasta agosto de 2022.
Según Medrano, la Ley Especial de Ciberdelitos, aprobada en octubre de 2020, manda a sancionar con cárcel el uso de la información “que en democracias normales deberían ser de libre acceso ciudadano y público”.
En teoría, esa legislación tiene como objetivo fundamental la prevención, la investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio de personas naturales o jurídicas.
El promotor de libertad de prensa también señala que la administración Ortega-Murillo, que controla a todas las instituciones y poderes del Estado, así como a las fuerzas de seguridad, instauró la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, en vigencia desde el 22 de diciembre de 2020.
Esta ley establece a criterio de jueces y fiscales el delito de “traición a la patria”, que ordena el destierro y la desnacionalización de los acusados, así como cadena perpetua mediante una reforma al sistema penal.
Más de 180 personas ya han sido procesadas judicialmente bajo estas leyes y al menos 22 periodistas fueron desnacionalizados y desterrados en 2023.
“Bajo esas leyes, la libertad de expresión y de prensa se ha convertido en un derecho constitucional de alto riesgo para quienes lo ejercen dentro de Nicaragua”, denuncia Medrano.
Un informe del organismo regional Voces del Sur, detalla que Nicaragua cerró el 2023 con nuevas formas de represión y amenazas a la libertad de prensa aplicadas a través del destierro, confiscaciones, detenciones ilegales y acoso y vigilancia a familia de periodistas que trabajan desde el exilio.
El panorama, alerta el informe, va incrementando el silencio social.
De hecho, según ese reporte, entre 2018 y fines de 2022, desaparecieron 54 medios de comunicación, de ellos 31 radios, 15 canales de televisión y 8 medios impresos. Del total, 16 medios fueron confiscados, incluyendo La Prensa, el principal diario del país.
“Las fuentes, aun bajo condición de anonimato, van desapareciendo y lo más triste es que el Estado a través de sus funcionarios siguen siendo los principales victimarios de los derechos de expresión de los ciudadanos y de prensa de los periodistas”, acusa Medrano.
El no gubernamental Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, integrado por defensores y activistas de derechos humanos en el exilio, señala que la administración Ortega Murillo “ha llevado a cabo un ataque sin precedente a la libertad de expresión en este país”.
La organización detalla que de 28 resoluciones de medidas cautelares a periodistas de América Latina, que ha dictado desde 2018 la CIDH en materia de libertad de expresión, 15 han sido sobre Nicaragua.
Sin embargo, afirma que “ninguna de las medidas cautelares” han sido cumplidas por el Estado y, al contrario, han aumentado el hostigamiento contra los beneficiarios.
“Y eso nos revela la gravedad del problema de un país pequeño con unas restricciones a las libertades fundamentales desproporcionadas e inaceptables”, dice uno de los defensores del organismo, bajo condición de anonimato por razones de seguridad.
Estas denuncias no encuentran respuestas dentro de Nicaragua, pues a excepción de Murillo, nadie está autorizado a dar respuesta, sino a repetir el discurso oficial: “Nicaragua vive en paz y seguridad”.
ED: EG
