HUARO, Perú / LIMA – “Tengo alumnos que llegan cansados a la escuela después de caminar dos horas desde sus casas y con evidente anemia”, relata Vianney Barriga, profesora rural en la región andina de Perú, donde el 11 de marzo más de ocho millones de niñas, niños y adolescentes comenzarán el nuevo curso escolar entre profundas desigualdades.
Barriga vive en la comunidad campesina de Urpay ubicada en el departamento sureño y altoandino de Cusco, que cuenta con cerca de 1,4 millones de habitantes, 4 % de la población nacional estimada en más de 33 millones.
Situada a más de 3300 metros sobre el nivel del mar, la aldea de Urpay se ubica dentro del municipio de Huaro, en la provincia de Quispicanchi, y cuenta con cerca de 200 familias que viven principalmente de la agricultura y la crianza de ganadería menor y son todas quechuahablantes, aunque la mayoría también domina el castellano.
Barriga es urpayana, de madre y padre agricultores que la apoyaron en su deseo de estudiar educación en la pública Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco, en la capital del departamento del mismo nombre, distante más de una hora de camino y por rutas complicadas desde su hogar.
Tras culminar la carrera de Educación Primaria, de cinco años, retornó como docente a las aulas donde antes fue estudiante: la institución educativa pública 51 501 del país.
“No tienen apoyo de su familia para seguir estudiando porque hay mucha pobreza, desde los 12 años ya están trabajando en las chacras (fincas agrícolas) porque la prioridad es la subsistencia”: Vianney Barriga.
“Como en Urpay no hay academia donde prepararse para postular a la universidad, caminaba una hora hasta Urcos, la ciudad más cercana. Al regreso me esperaban mis padres en el camino porque salía de noche”, detalló a IPS.
Son dificultades que se mantienen. De la promoción de 12 alumnos que culminó la educación secundaria a fines del año pasado en el centro educativo de su comunidad, solo tres se preparan para intentar acceder a la universidad.
“Los demás no tienen apoyo de su familia para seguir estudiando porque hay mucha pobreza, desde los 12 años ya están trabajando en las chacras (fincas agrícolas) porque la prioridad es la subsistencia”, agregó esta docente de 35 años, separada y madre de un hijo de cinco años, Alex Salvador, que va al centro donde ella enseña y al que cría sola, con ayuda de sus padres.
En Perú la educación es un derecho constitucional, sin embargo, la privatización del sector con las medidas de liberalización de la economía durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), abrieron las puertas a iniciativas privadas con fines de lucro.
En el sistema peruano, la Educación Básica Regular es obligatoria, rige para todo el país y tiene tres niveles: la inicial, con dos cursos, la primaria con seis y la secundaria con cinco .
Según el Censo Educativo 2021, en el primero que comprende a niñas y niños de tres a cinco años estaban matriculados más de 1,6 millones; en el segundo cerca de 3,8 millones y en el tercero un poco más de 2,7 millones.
De ese total, más de seis millones son atendidos por la educación pública y el resto por centros privados.
La brecha entre lo que se postula y aplica
El Estado cuenta desde 2020 con un ambicioso Proyecto Educativo Nacional al 2036 que al menos teóricamente orienta las políticas educativas y busca contribuir a la ciudadanía plena de mujeres y hombres para que ejerzan sus derechos sin diferencias de género, nivel socioeconómico, lengua materna, entre otros, y de este modo aporten a una sociedad libre y justa.
Con ese fin, añade, pone el foco en las personas y sus diversas necesidades educativas,
Sin embargo, es grande la distancia entre lo que se postula en el documento y lo que se hace en un país pluricultural, multilingüe, con territorios de costa, sierra y selva vulnerables además al cambio climático, y donde persisten desigualdades expresadas en niveles altos de pobreza, violencia a las mujeres y racismo.
Patricia Correa, educadora de profesión y con experiencia de gestión pública en el sector, identificó las desigualdades en la educación tomando como referencia a la ciudadana y el ciudadano que el Proyecto Educativo Nacional al 2036 quiere lograr, frente a lo que es la realidad actual.
“La primera brecha en materia de educación es la atención a la primera infancia, y hablo desde los cero a los cinco años, cuando el tema nutricional juega un rol importantísimo en el desarrollo de competencias”, declaró a IPS.
“Más de 6 % de los ochos millones de escolares fueron expulsados del sistema educativo el 2023”: Patricia Correa.
La anemia afecta el desarrollo cognitivo de la población infantil y, como los estudiantes de la comunidad de Urpay, llegan en situación de desventaja al sistema educativo. La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar reportó que en el 2022 la anemia en menores de seis a 35 meses fue de 42% y de casi el 34% entre niñas y niños de seis a 59 meses.
En entrevista realizada en Lima, la capital peruana, Correa colocó como segunda brecha los aprendizajes. “Necesitamos garantizar no solo el acceso del alumnado a las aulas sino su permanencia y culminación de cara a que se motiven a seguir después estudios superiores sean técnicos o universitarios”, afirmó.
Tomando cifras oficiales, indicó que más de 6 % de los ochos millones de escolares fueron expulsados del sistema educativo el 2023. “No es deserción escolar, es que la escuela no está siendo capaz de retenerlos y eso se nota más en zonas rurales” dijo.
En relación a los aprendizajes mencionó los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, conocida como informe PISA por sus siglas en inglés, publicados en diciembre del 2023, que evidencian que en Perú menos de 40 % comprende lo que lee y que apenas 12 % logra competencias satisfactorias en matemáticas.
Los resultados también develan la brecha de logros entre el alumnado. Como explicó Correa, existe relación entre el nivel socioeconómico y el rendimiento alcanzado que es mayor entre quienes tienen más poder adquisitivo y estudian en colegios privados y de pago en zonas urbanas, con respecto a quienes están en situación de pobreza, se ubican en zonas rurales y acuden a las escuelas públicas.
La especialista fue efímera ministra de Educación del actual gobierno de la presidenta interina Dina Boluarte, al inicio de su gestión.
Pero renunció seis días después al cargo en rechazo a la violenta represión policial y militar dispuesta por la mandataria ante las protestas sociales por la detención de su predecesor Pedro Castillo, quien intentó un golpe institucional y fue detenido y apartado del cargo, el 7 de diciembre de 2022, tras apenas 17 meses en la presidencia.
En su análisis, la tercera brecha es la falta de bienestar en la escuela por la violencia que se expresa en el acoso o bulling, el racismo y la discriminación a las niñas y adolescentes; y en la falta de atención a la salud mental del plantel docente.
Planteó que el presupuesto público para el sector se oriente según las necesidades de los territorios para ir cerrando brechas. “No es lo mismo asignar un presupuesto a un estudiante en una zona rural amazónica, que a otro cuyo docente toma media hora para moverse a la escuela, tiene la conexión a internet y acceso a procesos formativos”, dijo.
Quiero que mi hija sea profesional
De vuelta a la región de Cusco, en la comunidad campesina de Llaspay, en el municipio de Huanoquite de la provincia de Paruro, Karina Roque batalla cada día para que su hija Leydi, de 13 años, culmine sus estudios escolares. Este año iniciará el segundo curso de secundaria.
Con ingresos mensuales que no llegan a los 60 dólares resultado de la venta de sus productos agrícolas y de lo que su esposo, Juan Bautista Champa, gana con sus trabajos eventuales fuera de la comunidad, le angustia no tener el dinero necesario para financiar su preparación en una academia y su traslado a Cusco si ingresara a la universidad.
Por lo pronto, Quispe participa en las tareas que en equipos de tres y por turnos semanales realizan las madres de familia en el centro educativo público de la comunidad de unas 120 familias, donde por falta de personal de limpieza deben asear las aulas, patios y baños, así como preparar el almuerzo diario para el alumnado, con alimentos que ellas mismas aportan.
“Yo no pude terminar el colegio, llegué hasta tercero de secundaria, éramos muy pobres. Por eso a mi hija le hablo y le oriento para que no se quede como yo y sea profesional. Lamentablemente la enseñanza no es muy buena, no hay internet, no hay psicólogo, no nos dan importancia por ser del campo”, cuestiona esta madre de 33 años.
Sabe que su anhelo se topará con obstáculos, entre sus vecinas tiene ejemplos de cómo hijas e hijos que partieron a Cusco a estudiar tuvieron que abandonar porque necesitaban trabajar para mantenerse. “A mi hijita la vamos a apoyar siempre y si tenemos que trabajar más lo haremos para que siendo profesional se desarrolle y avance en la vida”, confía.
ED: EG
