LA HABANA – “Nos complica mucho la vida a los cubanos de a pie”, afirma Cecilia Borroto en referencia al embargo estadounidense cuyo levantamiento demandó nuevamente de forma casi unánime la Asamblea General de las Naciones Unidas este jueves 2.
“En las farmacias y hospitales faltan medicinas. El bloqueo impide comprar materias primas para fabricarlas aquí o importar algunas muy modernas desde Estados Unidos. A veces de ellas depende una vida, sobre todo de niños y adolescentes con cáncer”, explicó a IPS esta enfermera de 58 años y residente en La Habana.
Omar Jiménez, un contador de 49 años, también residente en la capital cubana, considera que la política de sanciones que Washington aplica contra La Habana desde 1962, llamada internamente el bloqueo, “añade dificultades que hacen la vida más difícil” para una mayoría de cubanas y cubanos.
“Muchos empresarios temen comerciar con Cuba o los bancos hacer transacciones, porque Estados Unidos les aplica multas. Se hace difícil importar piezas de repuesto, combustible, fertilizantes o alimentos. Eso lo sentimos quienes nos movemos en transporte público, o compramos en tiendas y mercados casi vacíos”, razonó Jiménez al dialogar con IPS.
Tecnologías, actualizaciones informáticas y plataformas como Zoom no están disponibles para la isla por disposiciones de tal política, lo cual “impide acceder a herramientas virtuales o participar en encuentros en línea”, señaló Maikel Pérez, de 22 años, un estudiante de ingeniería eléctrica en La Habana, cuando IPS preguntó cómo algunas de las sanciones lo afectan.
Como sucede desde 1992, el gobierno de la isla presentó este 1 y 2 de noviembre ante la Asamblea General de Naciones Unidas el proyecto de resolución titulado «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba».
La moción fue aprobada por 187 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y la sola abstención de Ucrania, en un avasallante pronunciamiento contra el largo embargo al país insular caribeño.
Durante el debate previo, representantes de más de 40 países y bloques de integración deploraron la persistencia del embargo y llamaron a levantarlo cuanto antes.
Aunque la resolución carece de fuerza vinculante, las autoridades de la isla lo consideran un triunfo diplomático.
Cada año una intensa campaña oficial se despliega para exponer los daños derivados del embargo, además de recabar pronunciamientos de líderes, personalidades y organizaciones mundiales en foros y reuniones, a fin de dejar ver la soledad de la política de Washington hacia la isla.
Impactos
El informe que durante 31 ocasiones ha recibido el respaldo mayoritario de la comunidad internacional refiere que del 1 de marzo de 2022 al 28 de febrero de 2023 las prohibiciones y sanciones causaron a Cuba pérdidas por 4867 millones de dólares.
Con especial énfasis, el texto destaca los perjuicios en la salud pública, la educación, el deporte, la industria biotecnológica y farmacéutica, el sector industrial, el trasporte, el turismo, sector bancario y el comercio externo.
Desde 2001 una dispensa permite a la isla comprar en Estados Unidos alimentos y productos agrícolas, sobre todo carne de pollo, trigo y soja.
Pero además de sortear engorrosos trámites burocráticos, las compras deben hacerse mediante pago adelantado y en efectivo, algo atípico en el comercio internacional, deploran las autoridades.
El gobierno de este país caribeño sostiene que el embargo constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de toda la ciudadanía y transgrede las normas y principios en los que se sustenta el sistema de relaciones internacionales, incluidas las normas internacionales del comercio y la navegación.
Para La Habana, Washington utiliza las carencias derivadas del embargo para inducir un estallido social y un cambio del sistema político de orientación socialista.
Añade que tal política constituye asimismo el mayor impedimento a las perspectivas de desarrollo del país y añade dificultades para el cumplimiento de la Agenda 2030 de la ONU y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El 30 de octubre un grupo de 25 legisladores del estado de Nueva York solicitaron al presidente Joe Biden y a Charles Schumer, líder de la mayoría demócrata en el Senado del bicameral Congreso estadounidense, “que actúen de inmediato para levantar el cruel e injustificado bloqueo económico contra Cuba”.
Exhortaron a revertir las restricciones de la administración del expresidente Donald Trump (2017-2021), “incluida la designación infundada de Cuba como supuesto Estado patrocinador del terrorismo, y unirnos al resto del mundo reconociendo la crueldad y la ineficacia de estas políticas radicales”.
El gobierno cubano reconoce que la administración Biden adoptó decisiones “positivas, pero de alcance muy limitado” en materia de visados, migración regular, vuelos y remesas, aunque mantiene las medidas de “máxima presión” dispuestas por Trump, incluida la permanencia de la isla en la lista de países a los cuales Washington considera patrocinadores del terrorismo.
Bajo el signo del embargo
Datos oficiales señalan que más de 80 % de la población de este archipiélago de 11 millones de habitantes ha vivido bajo el peso del embargo decretado en febrero de 1962.
Borroto recordó que “hasta inicios de los años 90 no lo sentíamos. Se empezó a notar con la desaparición del campo socialista de Europa del Este y la Unión Soviética”, principales aliados políticos, ideológicos, económicos y suministradores de alimentos y combustible de la isla durante 30 años.
Solo el Congreso estadounidense tiene la potestad de levantar el embargo desde que en 1996 el conjunto de sanciones quedó compilado mediante la Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, conocida como Helms-Burton, que además le otorgó proyección internacional.
Junto con la covid, la contracción de las principales fuentes de divisas y la fragmentada implementación de reformas económicas, entre múltiples factores, el endurecimiento del embargo ha influido en el deterioro de la situación económica interna en el último lustro.
A su vez, decenas de medidas gubernamentales para aumentar producciones y reactivar las industrias siguen sin revertir la deprimida oferta de alimentos, medicinas e insumos esenciales en Cuba, problemas señalados entre los más agobiantes y con un impacto empobrecedor en parte de la ciudadanía, sobre todo de los sectores en situación de vulnerabilidad.
“En muchos espacios ponen trabas, prohíben, hacen más burocrática cualquier gestión o frenan soluciones, algo reconocido incluso por el presidente (Miguel Díaz-Canel)”, valoró Jiménez.
A su juicio, impulsar las reformas necesarias, “eliminar ese ‘bloqueo interno’ haría menos difícil la situación de la gente”.
O lo que es lo mismo, mitigar “los niveles de desencanto, angustia, desesperación e insatisfacción de la población producto de la inestabilidad de bienes y servicios de primera necesidad y las dificultades materiales”, como reconoce el informe anual presentado en la ONU.
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La precaria situación económica también ha estimulado la emigración desde la isla, sobre todo a Estados Unidos.
Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense (CBP, en inglés) corroboran que 200 287 cubanos llegaron a la frontera estadounidense durante el año fiscal 2023 (octubre de 2022 a septiembre de 2023). En el año fiscal 2022 la cifra ascendió a 224 607 personas.
Con el objetivo de frenar la llegada de nacionales de Cuba, así como de Nicaragua y Haití, el 5 de enero la administración Biden dispuso un programa de permiso humanitario de residencia temporal, conocido como “parole”, similar al implementado en octubre de 2022 para los venezolanos.
Hasta el 30 de septiembre, 52 053 cubanas y cubanos obtuvieron el parole de los cuales 50 185 ya viajaron, según la CBP.
Las estadísticas reflejan que en los últimos dos años 4,3 % de la población de la isla partió hacia Estados Unidos, donde se asienta la mayor comunidad de migrantes cubanos, estimada en unos dos millones de personas.
El gobierno de la isla atribuye a Washington gran responsabilidad por el éxodo, debido a las privaciones acrecentadas por el embargo y la permanencia de la Ley de Ajuste Cubano.
Esta legislación, vigente desde 1966, permite a los cubanos ser elegibles para obtener la residencia permanente tras un año y un día en territorio estadounidense.
Como parte de los acuerdos migratorios bilaterales, en lo que va de año han sido devueltos a Cuba desde la nación vecina 3381 migrantes irregulares.
ED: EG
