TECOLUCA, El Salvador – Por décadas, comunidades pesqueras y agrícolas pobres del sur de El Salvador han pagado los platos rotos por la electricidad generada por una de las cinco represas del país, pues debido a las lluvias constantes y a veces extremas el embalse debe liberar agua que termina inundando la zona baja donde viven las familias.
Decenas de esas comunidades ubicadas en el llamado Bajo Lempa, en el sur de El Salvador, sufren año tras año inundaciones durante la época lluviosa, de mayo a noviembre, cuando el cauce del río se desborda por aquellas descargas y anega sembradíos de maíz, frijoles y otros cultivos, además de impactar la pesca y otros medios de vida.
La ecorregión se localiza en la parte final de la cuenca del río Lempa, que recorre tres países centroamericanos: nace en Guatemala, penetra parte del territorio de Honduras y luego ingresa a El Salvador, donde serpentea desde el norte hasta desembocar en el océano Pacífico, en el sur del país.
“Ciertamente hay una injusticia climática: gente o sectores más ricos del país, que viven en las zonas urbanas, que se benefician mayormente de la energía, mientras familias pobres, que viven a la orilla de los ríos, reciben el golpe”: Ricardo Navarro.
La cuenca del río Lempa abarca 18 240 kilómetros cuadrados, compartida con Honduras (30 %) y Guatemala (14 %). En El Salvador se extiende por algo más de la mitad del territorio, que sobrepasa los 20 000 km cuadrados.
Se calcula que unas 5000 familias viven en el Bajo Lempa. Se dedican a la agricultura y pesca de subsistencia y a la ganadería no intensiva, aunque también hay algunas familias, oriundas de otras regiones del país, con más dinero, que han acaparado tierras para producir caña de azúcar.
“En los 32 años que tengo de vivir aquí, he sido afectada igual que el resto por muchas inundaciones”, dijo Celina Menjívar a IPS, una residente de San Bartolo, uno de los asentamientos o comunidades, como les llaman localmente, del Bajo Lempa.
Menjívar se dedica a la agricultura, en esta ecorregión de unos 900 kilómetros cuadrados.
“Siembro en una parcelita familiar maíz, ajonjolí, pipián (Cucurbita argyrosperm, un tipo de calabacín), pero cuando viene la inundación todo se pierde y al final nos quedamos sin nada”, narró Menjívar, de 41 años.
Además de la agricultura de subsistencia, un grupo de unas 50 familias montaron una cooperativa para la producción orgánica de nueces de marañón (Anacardium occidentale), que lograron exportar hacia Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, tras lograr la certificación como productores orgánicos.
Pero el aumento de los costos de producción y la competencia de precios más baratos, sobre por parte de India, ha dificultado las exportaciones en los últimos dos años. Por ello, la cooperativa busca impulsar nuevos productos, como pistachos (Pistacia vera L.) y maní (Arachis hypogaea).
“Hemos hecho el esfuerzo para lograr que los productores por lo menos puedan vender su semilla (de marañón)”, en el mercado interno, aseveró a IPS la coordinadora administrativa de la cooperativa, Brenda Cerén.
Impacto en los más vulnerables
La mayoría de residentes del Bajo Lempa formaron parte de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, quienes se asentaron en las riberas del río tras recibir tierras en la región como parte del proceso de desmovilización al finalizar la guerra civil, en 1992.
El Salvador vivió desde 1980 una cruenta guerra civil, que dejó unos 75 000 muertos y 8000 desaparecidos, en un país que actualmente tiene 7,6 millones de habitantes.
“La mayor parte de las inundaciones no es por las lluvias en sí, sino por las descargas de la presa”, señaló Menjívar, refiriéndose a la estatal Central Hidroeléctrica 15 de Septiembre, la mayor del país, localizada río arriba, entre los departamentos de San Vicente y Usulután, en el centro salvadoreño.
Otro residente de San Bartolo, Manuel Mejía, agregó: “Cuando hay inundaciones aquí se pierde todo, los cultivos, ganado, hasta los enseres de las casas, todo”.
Mejía, un exguerrillero de 77 años, dijo a IPS que el periodo de lluvias de este año no produjo inundaciones porque las tormentas iniciaron tarde, y eso permitió que los canales de drenaje, ubicados a lo largo de la carretera que conduce a la zona, no se llenaran y pudieron resistir las precipitaciones del fin del ciclo lluvioso, en noviembre.
Los periodos de lluvia, cada vez más impredecibles y extremos, producto del cambio climático, generan tormentas intensas en periodos cortos y, como consecuencia, la capacidad del embalse se ve superada fácilmente y se autorizan descargas de agua.
De ahí que esas familias pobres del Bajo Lempa pagan el costo de que esa represa pueda generar electricidad al resto de sectores del país, entre ellos los que más ingresos generan, como los grupos industriales y consorcios de bienes raíces, que por su giro empresarial están entre los que más degradan el ambiente.
Esa realidad entra en el concepto de justicia climática o, para el caso, de injusticia climática: grupos vulnerables reciben con más fuerza el impacto de eventos climáticos extremos que otros fomentan, ya sea en el plano nacional o global.
“Ciertamente hay una injusticia climática: gente o sectores más ricos del país, que viven en las zonas urbanas, que se benefician mayormente de la energía, mientras familias pobres, que viven a la orilla de los ríos, reciben el golpe”, explicó a IPS el ambientalista Ricardo Navarro, director del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada.
El Centro funciona como filial local del internacional Amigos de la Tierra.
Una lluvia leve que caiga durante dos o tres días genera descargas de la represa y el desbordamiento del río Lempa, que inunda los asentamientos. Pero evidentemente, las inundaciones más trágicas han estado vinculadas con tormentas tropicales o huracanes, como el Mitch, ocurrido en octubre de 1998.
“Durante el Mitch perdí 40 cabezas de ganado, se ahogaron”, contó a IPS el agricultor Luis Avilés, oriundo de la comunidad Taura.
Mitch, un huracán de categoría 5, la más letal, causó lluvias tan intensan que la hidroeléctrica se llenó en cuestión de 36 horas y pasó de descargar 500 metros cúbicos por segundo a 11 500 metros cúbicos por segundo, según un estudio sobre inundaciones en el Bajo Lempa.
“Donde vivimos es como vivir con una enfermedad crónica, año con año estamos con esa zozobra: a saber si se va a inundar mucho este año, a saber si voy a perder mis cultivos, sin saber si sembrar o no”, acotó Avilés, de 53 años.
Bordas a punto de colapsar
Un tema crucial en el impacto de las inundaciones es el daño que ha sufrido, con el paso de los años, la borda que se construyó con fondos de la cooperación japonesa años atrás y que no ha sido reparada desde entonces, según contaron a IPS residentes del Bajo Lempa.
La borda -el nombre de la elevación hecha de diferentes materiales en las orillas fluviales para contener el desbordamiento de las aguas- recorre 18 kilómetros a lo largo del margen derecho del río, desde la comunidad Cañada Arenera, en el municipio de San Nicolás Lempa, hasta la comunidad La Pita, en las cercanías de su desembocadura.
“Estamos en la zona más vulnerable de la borda, la que recibe con más fuerza el impacto del Lempa, porque allá arriba hace una vuelta y luego se deja venir con ímpetu”, sostuvo Avilés, parado sobre la infraestructura dañada: un muro de rocas amarradas entre sí con alambre, de unos cuatro metros de altura desde el nivel del río.
Este segmento de la borda, de cinco kilómetros de longitud, es en efecto el más dañado: el caudal del río ha ido socavando la base del muro y cada vez lo va minando más.
“Esta borda protege las comunidades de Santa Marta, San Bartolo, Rancho Grande, Taura, Puerto Nuevo, Naranjo y La Pita, y si llegara a colapsar sería una tragedia muy grande”, subrayó Avilés, también exguerrillero.
El deterioro del gavión de piedra es claramente visible a lo largo de sus cinco kilómetros de extensión.
El resto de la borda no está construido como muro de piedra, sino como una elevación de tierra, de unos dos metros de altura, y también esta dañada.
La reparación y mantenimiento de la borda es una de las demandas más sentidas por parte de los habitantes del Bajo Lempa, pero que nunca ha sido atendida con eficiencia por ninguno de los últimos gobiernos.
Indemnización por daños
Avilés sostuvo que está claro que el país necesita generar electricidad, “pues de ella dependen muchos sectores, fábricas, industria, hogares, pero también habría que considerar el costo que nosotros pagamos aquí abajo”, en referencia a la energía producida por la Central 15 de Septiembre.
Esa y las otras cuatro represas del país las maneja la estatal Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). Por esa razón él y los demás entrevistados consideraron pertinente que el Estado se haga responsable por los daños y pérdidas causadas a las familias del Bajo Lempa, y estableciera un fondo de indemnización o compensación.
Avilés narró que el año pasado, que fue de leves inundaciones, él perdió su cosecha de plátanos (bananos para cocinar), que había sembrado en una parcela de dos hectáreas. Fue a reclamar una indemnización a CEL por los 15 000 dólares invertidos.
“Me dijeron que ellos no tenían nada que ver, que la presa está arriba, y la inundación fue abajo”, aseguró.
El activista ambiental Gabriel Labrador, de la Unidad Ecológica Salvadoreña, señaló a IPS que esas familias tienen todo el derecho de demandar un fondo de compensación económica, ante las pérdidas y daños.
“Es una injusticia, las descargas, las vulnerabilidades a las que se expone a las personas y a los territorios, eso ya constituye una práctica sistemática que es injusta, que termina cargando con más daños y pérdidas a la gente más desfavorecida”, afirmó.
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Mientras tanto, los residentes del Bajo Lempa, acostumbrados ya a las inundaciones, saben que no les queda más que seguir luchando, a pesar de las adversidades.
“Eso sería lo justo, que CEL dijera: ‘les vamos a ayudar, por lo menos con 50 % de lo perdido’, pero no da nada, pero ni modo, nos toca seguir echándole ganas”, afirmó la agricultora Menjívar.
ED: EG
