GUATEMALA – Durante la primera semana de octubre las carreteras, caminos y calles de Guatemala se inundaron de personas excluidas de la democracia, que exigen que los resultados de las pasadas elecciones presidenciales sean respetados. El detonante fue la instrumentación de órganos estatales de control para evitar la transmisión del mando presidencial que, en enero 2024 el presidente electo Bernardo Arévalo debería asumir formalmente.
Políticos, empresarios, funcionarios públicos y aparatos criminales agrupados en redes ilícitas de corrupción y descomposición institucional, rechazan el cambio de gobierno, pretenden evitar las transformaciones de corte democrático con respaldo popular, encabezadas por el gobierno progresista que representa Bernardo Arévalo, cuyo triunfo electoral estuvo fuera de todo cálculo racional, y que significa una amenaza para quienes gozan de impunidad y de las cuotas de acumulación de capital que se genera en la riqueza socialmente producida y en fuentes no convencionales.
Siete décadas de gobiernos corruptos han garantizado la continuidad del statu quo mediante vías lícitas, ilícitas o extralegales. Aquí es donde radica el fondo de la reivindicación de la democracia y en contra de la corrupción, de las protestas sociales de los últimos días.
Manifestantes indígenas protestan frente a la casa presidencial en Ciudad de Guatemala. Imagen: Johan Ordoñez / AFP vía Getty Images
Un país sin justicia
La situación crítica que atraviesa Guatemala tiene como escenario la parálisis de la construcción democrática iniciada con la transición política de mediados de los años ochenta.
La idea de democracia fue reemplazada por intereses particulares y mafias. Los Acuerdos de Paz de 1996 representaron la oportunidad de brindar legitimidad y vida a una idea nueva de democratización, en la que el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos fueran el marco de relaciones sociales distintas, dinamizadas por instituciones sólidas y estables, que abrieran espacios de solución a la concentración de la renta, al racismo, que contuvieran la explotación laboral, revirtieran los procesos de empobrecimiento, de injusticia social y de exclusión de las mayorías, principalmente de pueblos originarios.
Sin embargo estas transformaciones fueron lentas y hoy son prácticamente inexistentes.
Pasados los años, las búsquedas de bien común fueron sustituidas con ventaja, alevosía y nocturnidad desde las más altas magistraturas oficiales. Una primera señal de regresión fue la negación del derecho en el Estado de Guatemala, que se hizo más notorio después del 2015.
Las exigencias de configurar un sistema de justicia aceptable requirieron de neutralización de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (Ciacs), que operaban impunemente. Con ese propósito y el respaldo de Naciones Unidas, en 2008 fue creada la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Ccicig).
Personas se manifiestan en apoyo a la Cicig con un cartel que representa al presidente guatemalteco Jimmy Morales en el que se lee «Los títeres del payaso» en la plaza de la Constitución en Ciudad de Guatemala, el 31 de agosto de 2018. Imagen: Orlando Estrada /AFP vía Getty Images
Uno de los principales hallazgos de esta Comisión, fue establecer cómo los Ciacs se transformaron en redes políticas y económicas ilícitas que controlaban instituciones y negocios públicos, y dominaban importantes espacios en los poderes estatales.
Después de investigaciones complejas y claros indicios de responsabilidad de actores de diferentes clases y sectores sociales, respaldados por masivas movilizaciones anticorrupción, el Ministerio Público (MP, fiscalía general) y la Ccig, dieron pasos para la desestructuración de dichas redes. La independencia del sistema judicial se puso a prueba y el gabinete de gobierno se vio forzado a dimitir en el 2015.
Pero el sistema político confabuló y no fue capaz de soportar la presión de actores que se vieron expuestos con la disolución de las redes ilícitas. La venganza se puso en marcha. Establecidas condiciones para no extender el mandato de la Cicig, se anularon las mejoras logradas en la independencia del sistema judicial.
Los procesos penales fueron a la deriva e inició una intensa persecución de fiscales probos, jueces independientes, periodistas y luchadores sociales. Se estrecharon libertades y derechos democráticos. La finalidad fue profundizar el control de las instituciones y la reconfiguración cooptada del Estado.
Hasta las elecciones generales de julio 2023, el Estado guatemalteco venía transitando una imperturbable ruta hacia el autoritarismo, encabezada por las redes de corrupción e impunidad, cuyo actor más notable es el llamado “pacto de corruptos”. La relación directa entre ausencia de Estado de derecho y cooptación del Estado es una realidad en Guatemala.
Manifestantes sostienen banderas nacionales y un cartel que dice «Amo a la Cicig)» mientras participan en una manifestación en demanda de la renuncia del presidente guatemalteco Otto Pérez, en Ciudad de Guatemala el 22 de agosto de 2015. Imagen: Johan Ordoñez / AFP via Getty Images
Algunos rasgos de la democracia guatemalteca
Es complicado explicar la democracia de Guatemala. En efecto, operan procedimientos de sustitución de personajes para ocupar puestos de autoridad cada cuatro años mediante elecciones. Además, en términos formales se reconoce una transición democrática desde la vigencia de la Constitución Política de la República, aunque tan prolongada e inacabable que es difícil situarla y nombrarla, pues es muy distinta a los procesos políticos del resto de la región.
Es más, no encaja en las categorías y moldes empleados en otras realidades, pues no hay imperio de la ley, institutos políticos representativos ni ninguna de las condiciones básicas de la democracia liberal. Tratar de interpretar esta versión de la democracia sin esas herramientas resulta, hasta cierto punto, intrascendente.
Las razones son varias. En principio, la negación del derecho mencionada y la inexistencia de pesos y contrapesos en los poderes del Estado, así como la falta de condiciones para el control horizontal y vertical de las instituciones y sus funcionarios. Existen libertades y derechos declarados, pero no reales, lo cual limita la participación y la concertación de intereses. Las instituciones son una referencia en el horizonte, nada más.
El sistema de partidos políticos es Guatemala es distante de la sociedad y de la democracia, que no se funda en los partidos, como en otras repúblicas. El vínculo entre partido y afiliados es débil y su arraigo en la sociedad es casi inexistente. La participación se da entorno de lo electoral, sin muchas posibilidades de incidencia efectiva en las plataformas y candidaturas propuestas, las cuales se determinan de acuerdo a la capacidad financiera de quienes se postulan a cargos de elección.
Los costos electorales son inmanejables para la mayoría y una de las razones de su mutación en partidos rentistas. El financiamiento electoral ilícito se ha convertido en una llave de acceso para que los partidos políticos se transformen en emblemas del enquistamiento de las mafias y de la cooptación del Estado.
A pesar de que Guatemala es un país indígena en el que coinciden muchas formas de organización del poder y de práctica política, la Constitución y la ley no las reconoce ni posibilita su inclusión. Tampoco lo hace en el caso del pluralismo en el ámbito de la justicia ni en ningún otro. Por lo mismo, el sistema de partidos representa solo de manera parcial las formas realmente existentes de organización del poder.
En este panorama el partido político mantiene una función más bien simbólica, no de arraigo en bases sociales, sin capacidades de intermediación y de contradiscurso frente a las lógicas del mercado y la cooptación del Estado.
Una mujer indígena participa en una manifestación frente al palacio presidencial en Ciudad de Guatemala, el 10 de junio de 2010. La manifestación es para exigir la renuncia del Fiscal General Conrado Reyes, tras la renuncia del jefe de la Cicig, el español Carlos Castresana, alegando que tanto él como la Cicig fueron víctimas de «ataques sistemáticos». Imagen: Johan Ordoñez /AFP via Getty Images
Protesta en defensa de la democracia
La falta de independencia del MP y su fiscal general venía denunciándose desde años anteriores por diversos actores. Desde inicios del 2023, se fueron mostrando injerencias y una intensa judicialización del proceso electoral que excluyó varias candidaturas, provocó retraso del anuncio de resultados de la primera vuelta y, en general, en la erosión de la credibilidad de las elecciones.
En julio, el sistema político enfrentó una fuerte perturbación cuando el resultado de la primera vuelta de las elecciones generales favoreció a dos opciones presidenciales para pasar a segunda vuelta.
Con un discurso abierto que introdujo expectativas de una dinámica distinta de probidad y de acceso a los servicios públicos básicos, la propuesta del Movimiento Semilla, representada por Bernardo Arévalo, hizo eco de las aspiraciones de un grueso de la población, cansada de abusos, corrupción y falta de oportunidades.
Esta opción fue respaldada y ratificada por el voto ciudadano en segunda vuelta, lo que significó un fracaso de los cálculos racionales triunfalistas de las redes ilícitas. La maniobra, de apariencia legal, para deslegitimar el triunfo de Arévalo, empezó inmediatamente.
El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, habla junto a la vicepresidenta electa, Karin Herrera, durante una reunión con activistas de organizaciones civiles en Ciudad de Guatemala el 5 de octubre de 2023. Imagen: Orlando Estrada / AFP vía Getty Images
Desde el inicio se hizo evidente que para el presidente electo no sería fácil agotar la fase de transición y transmisión del mando; menos será concluir el periodo de cuatro años de gobierno sin mayores sobresaltos. Las complicaciones se agravan en la desventaja de su partido frente a la conformación del Congreso de la República, pues el bloque parlamentario del partido oficial a partir de enero será minoría y tendrá limitadas oportunidades de alianzas legislativas.
Además, el poder Judicial, la Corte de Constitucionalidad y los órganos de control horizontal siguen sometidos a las redes ilícitas.
En ese entorno político, las tensiones iniciaron escalada cuando, después de la segunda vuelta en agosto, nueve partidos conservadores no aceptaron los resultados e impugnaron las elecciones por supuestas irregularidades y fraude electoral. A partir de ese momento se generó una serie de acciones por operadores de justicia, en claro socavamiento de la decisión popular en las urnas electorales. El MP se mostró como una de las cabezas del núcleo duro de esas pretensiones.
Al inicio de octubre 2023, las protestas se multiplicaron y mantuvieron una constante de crecimiento y ampliación en el territorio nacional. Uno de los desencadenantes de la situación actual fue el secuestro de las cajas electorales y la ruptura de la cadena de custodia en el Tribunal Supremo Electoral por el MP en dos ocasiones, autorizado por un juez menor y facilitado por la élite burocrática del sistema de justicia.
Ocurrió a pesar de que oficialmente, en lo que respecta al proceso eleccionario, el país está regido por el calendario electoral hasta el 31 de octubre. En suma, se generó estupor nacional e internacional.
Indígenas se manifiestan para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y del fiscal Rafael Curruchiche, a quienes acusan de intentar impedir que el nuevo presidente electo asuma el cargo, frente al Palacio de la Cultura en Ciudad de Guatemala el 10 de octubre de 2023. Imagen: Johan Ordoñez / AFP via Getty Images
Tales acciones fueron haciendo mella en una creciente indignación, perceptible en redes sociales, lo cual devino en el pronunciamiento del Consejo de Autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán, fuerza ejemplar de organización y digna resistencia, convertido en punto de convergencia de autoridades ancestrales de otras comunidades que, en su conjunto, constituyen fuerza moral y referencia de los pueblos originarios, los más excluidos por la democracia guatemalteca.
Las autoridades ancestrales y las comunidades indígenas son movimientos históricos que no están representados en ningún partido político y están muy claros de lo que está en juego, que no es más que la continuidad del statu quo, de la exclusión y la destrucción de las comunidades y de la naturaleza.
Convocaron a la defensa de la democracia y en contra de la corrupción, anunciando que, desde el 1 de octubre, se haría una parálisis progresiva del país, sin límite de tiempo. Demandan la renuncia de la Fiscal General del MP, de sus colaboradores más cercanos en la Fiscalía Contra la Impunidad (Feci) y del juez que autorizó los procedimientos contra el partido del presidente electo.
Confluencia, indignación y alegría
Es importante comprender que en la medida que transcurrieron las semanas y la disputa de fondo tomó forma, las expectativas de muchos ciudadanos con relación al nuevo gobierno fueron creciendo, aunque las condiciones objetivas de realización son sumamente difíciles.
Ahora bien, con el crecimiento de la protesta, hay convencimiento de la necesidad de defender los senderos de la democracia y de la dignidad nacional. El presidente actual de la junta directiva de los 48 Cantones, lo dijo claramente: “No venimos a representar a ningún partido político, el momento es de defensa a la democracia en representación de los pueblos originarios indígenas”.
Si bien hay intentos de infiltración y provocación a las filas ciudadanas en las marchas y bloqueos e incluso conatos de violencia que persiguen desvirtuar el carácter pacífico de la protesta, esto no se ha permitido y las acciones han crecido en forma paulatina. Se ha impuesto la dignidad de la No-violencia a las fuerzas de seguridad que, en general hasta el 10 de octubre, han optado por retirarse de la multitud, salvo eventos aislados.
El miedo a la represión estatal se está superando. Hay confluencia e indignación y también alegría, un ambiente de credibilidad y legitimidad en la energía social acumulada.
Estudiantes universitarios y miembros de la sociedad civil bloquean una carretera durante una protesta que exige la dimisión de la fiscal general Consuelo Porras y del fiscal Rafael Curruchiche en Ciudad de Guatemala el 7 de octubre de 2023. Imagen: Johan Ordoñez / AFP vía Getty Images
Han entrado en acción dinámicas de movilización autónoma a nivel comunitario y urbano. Científicos sociales han coincidido que las movilizaciones, en apariencia espontáneas e inconexas, reflejan formas de articulación novedosas, aún difíciles de explicar; ciertamente inspiradas por las autoridades ancestrales, pero sin vínculos visibles con estas. Por supuesto, también hay múltiples expresiones de molestia y posturas conservadoras.
La protesta sigue, marcando un momento único de posible apertura de un ciclo nuevo en el que se sienten cimientos de resignificación de la idea de democracia. Los aportes ejemplares e invaluables en los momentos de digna resistencia ciudadana que atraviesa Guatemala se multiplican,
Este artículo se publicó originalmente en democraciaAbierta.
RV: EG
