SAN SALVADOR – El largo y ominoso viaje como indocumentados centroamericanos, hacia los Estados Unidos, es mucho más peligroso para las personas de la comunidad Lgbti que deben enfrentar violencia, acoso y discriminación precisamente por su identidad y expresión de género.
Así lo confirman varios informes de organizaciones de derechos humanos internacionales y voceras de organismos centroamericanos entrevistadas por IPS.
“Sí, es mucho más peligroso, no estamos diciendo que las mujeres y personas con discapacidad no sufran violencia, pero la población Lgbt es la más vulnerable y la más violentada”, dijo a IPS, desde Ciudad de Guatemala, la activista transgénero Salma Ruiz, de la Asociación Lambda.
Muertes Lgbti
Esa violencia puede llegar incluso a la muerte en cualquiera de los tramos de ese arriesgado viaje, iniciado sobre todo en los tres países del llamado Triángulo del Norte: Guatemala, Honduras y El Salvador. El destino final es Estados Unidos atravesando México.
En Guatemala, el Observatorio Nacional de Derechos Humanos LGBTI, que coordina Lambda, afirmó en junio que logró documentar al menos 29 asesinatos de personas de la diversidad sexual en 2022 en América Central, y todo indicaba que los motivos pudieron estar relacionados con su orientación sexual, identidad y expresión de género.
La sigla Lgbti aglutinan a las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero e intersexuales, y se suele agregar el signo más (+) para incluir a otras categorías.
También han fallecido centroamericanos que se encontraban en tránsito o ya radicadas en alguno de esas naciones del Triángulo del Norte.
“En Guatemala mataron a una salvadoreña trans solicitante de refugio aquí en el país, durante la pandemia”, acotó Ruiz.
“El Triángulo del Norte es una zona bastante violenta en general, y mucho más para las personas LGBTI”: Salma Ruiz.
Aunque los niveles de violencia, marginalidad y pobreza son muy similares en Centroamérica, algunas personas Lgbti, en su búsqueda de salir de sus contextos de acoso y falta de oportunidades, deciden irse, aunque sea, a alguna de esas tres naciones, pensando que estarán mejor.
Ruiz agregó: “Este año mataron a una hondureña ya establecida como refugiada (en Guatemala) y hace como mes y medio asesinaron a una guatemalteca que estaba en un proceso de protección internacional”.
Ese proceso, acotó, tenía que ver con la denuncia que ella había hecho contra los criminales que en 2020 habían ejecutado a una mujer trans, amiga y compañera de ella en el rubro de trabajo sexual.
Debido al riesgo de ser también asesinada, ella había iniciado el procedimiento para recibir apoyo de organizaciones internacionales para radicarse en otro país, por ser una persona de alto riesgo.
Pero fue acribillada mientras se encontraba en ese proceso. Otras 15 trabajadoras sexuales trans siguen en riesgo por esa misma situación.
“El Triángulo del Norte es una zona bastante violenta en general, y mucho más para las personas Lgbti”, señaló Ruiz.
Pobreza más transfobia
Plagada de corrupción y de muchos problemas sociales que resolver, América Central, y en particular el Triángulo del Norte, es en una de las regiones más violentas.
En 2015, El Salvador fue el país más violento del mundo con una tasa de 106 homicidios por cada 100 000 habitantes, una cifra elevadísima, causada mayoritariamente por las pandillas, llamadas también “maras”.
Esa cifra ha bajado sustancialmente debido a una política de mano dura impulsada desde marzo de 2022 por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.
La tasa de Honduras fue en 2015 de 57 homicidios por cada 100 000 habitantes, también alta, y la de Guatemala, de 33 por cada 100 000 habitantes.
América Central es también una de las zonas más conservadoras, con una determinante influencia de las iglesias católica y evangélica.
A esos problemas de pobreza y falta de empleo y oportunidades, sufridos por la población en general, se suman la violencia y exclusión dirigida contra las personas de la comunidad Lgbti.
“Ante la persecución y la violencia en sus países de origen, muchas personas Lgbtiq+ se ven obligadas a huir de sus hogares y solicitar asilo en Estados Unidos”, afirmó un reporte de la organización estadounidense Human Rights First, publicado en agosto.
“En el viaje en busca de seguridad, los migrantes están expuestos a amenazas de violación, secuestro y agresión, y los elementos combinados de su orientación sexual y su condición de migrantes los colocan en una posición de vulnerabilidad única”, agregó el informe.
La investigación señaló que dos tercios de los migrantes Lgbti de El Salvador, Guatemala y Honduras que solicitaron el estatus de refugiado reportaron haber sido víctimas de abuso sexual en México.
Estados Unidos sigue enviando a los solicitantes de asilo a su frontera sur, en el norte de México, para que tramiten el refugio desde ahí, en un contexto de alta criminalidad para los peticionarios.
Human Rights Watch dijo en un comunicado, en mayo de 2022, que las personas Lgbti, así como otros solicitantes de asilo que huyen de la persecución en sus países de origen, “experimentan condiciones abusivas y peligrosas en México cuando se les impide cruzar la frontera para solicitar asilo”.
En otros casos las autoridades estadounidenses terminaron deportando a esas personas y fueron asesinadas de regreso en sus países natales.
Eso pasó a Camila Díaz, una mujer transgénero salvadoreña, de 29 años, deportada a El Salvador en 2018 y asesinada en enero de 2019 por tres policías.
Otras mujeres transgénero, que experimentan mayor riesgo en toda la travesía, murieron en centros de detención de inmigrantes dentro de los Estados Unidos.
Ese fue el caso de Roxana Hernández, otra mujer transgénero, de 33 años, hondureña, que murió en mayo de 2018 cuando se encontraba bajo custodia del estadounidense Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en el estado de Nuevo México.
En abril había llegado al puesto fronterizo localizado entre Tijuana y San Diego para solicitar asilo en Estados Unidos. Murió por complicaciones en su salud que no fueron atendidas.
“Murió de neumonía, era VIH positiva, era defensora de los derechos humanos, y al sol de hoy las autoridades de Estados Unidos no da una respuesta, se lavan las manos diciendo que los centros de detención están en manos privadas”, afirmó a IPS, desde Tegucigalpa, Honduras, Rihanna Ferrera, de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans.
“Era de Comayagua, en el centro de Honduras, le pudimos dar un sepelio digno, fue bien duro”, recordó.
Una red por construir
Ferrera señaló que la ruta migratoria es más hostil y dura para las personas Lgbti, sobre todo para las personas transgénero. Por ejemplo, tienen problemas para encontrar albergues para pernoctar pues les niegan el ingreso.
Eso debido a que los albergues son lugares regentados por religiosos y, como tales, no los aceptan por prejuicios morales.
“Al ver que somos trans, nos dicen: ‘no, fíjese que no hay espacio, no se puede quedar’, y tenemos que hacer algún trabajo sexual para poder sobrevivir, para pagar un cuarto donde quedarnos”, aseguró.
Sin embargo, dijo que hay esfuerzos impulsados por las propias organizaciones Lgbti, tanto de Centroamérica como de México y Estados Unidos, para organizar apoyos a las personas en tránsito.
Y aunque lo ideal sería montar una red de albergues, en la ruta hacia los Estados Unidos, dedicados a ese grupo poblacional, Ferrera dijo que los gobiernos del área no han mostrado ningún interés en apoyar esa idea.
En los países del Triángulo del Norte sí hay al menos un albergue donde reciben a personas de la diversidad sexual que están moviéndose entre esa región, o a las que vienen desde Sudamérica.
Por otro lado, si bien la normativa internacional sobre migración y movilidad humana establece que pertenecer a grupos vulnerables de la sociedad le otorgaría a las personas Lgbti alguna ventaja para iniciar peticiones de asilo, a su llegada a la frontera con Estados Unidos, en la práctica eso pudiera no suceder.
“Sí, no es una garantía de que los solicitantes reciban el beneficio”, aclaró Patricia Nájera, de la organización Comcavis Trans El Salvador.
Y añadió: “Por ejemplo una mujer trans va a mostrar al oficial de migración un documento de identidad personal que dice que es hombre, entonces eso se verá como una incongruencia legal”.
Los países de América Central -Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá- carecen de legislaciones específicas que otorguen el cambio de nombre y de sexo a las personas trans, para que ambos datos respondan a su identidad de género.
En países como El Salvador y Guatemala sí pueden pueden modificarse los nombres a femenino o a masculino, según sea el caso, pero sin cambiar la casilla que establece el sexo: mujer u hombre, por lo que sus problemas legales de identidad persisten.
La idea de migrar “es algo bien constante, repetitivo, me atrevería a decir que la mayor parte de las personas que recibimos madura la idea de dejar el país y buscan nuevas oportunidades en otro lado”, afirmó Nájera.
ED: EG