BUENOS AIRES – Al menos 177 defensores de la tierra y el medioambiente fueron asesinados el año pasado por intentar proteger el planeta ―una persona cada dos días―, según un nuevo informe de la organización británica Global Witness. La situación en América Latina sigue siendo especialmente preocupante, ya que 88 % de los asesinatos se produjeron en la región, un porcentaje cada vez mayor.
Las nuevas cifras elevan el número total de asesinatos de defensores a 1.910 entre 2012, año en que la ONG comenzó a elaborar sus informes, y 2022. Sin embargo, la cifra real puede ser mucho mayor, según los autores. Muchos casos no se denuncian porque ocurren en zonas de conflicto o en lugares donde hay restricciones y un monitoreo poco eficiente de los ataques.
“Se trata de personas corrientes que intentan proteger pacíficamente sus hogares, sus medios de vida y la salud del planeta en general frente a los efectos perjudiciales de industrias como las del petróleo, el gas, la minería, la agricultura y la deforestación”, declaró a Diálogo Chino Gabriella Bianchini, asesora e investigadora de Global Witness con sede en Brasil. “Trabajan para defender la vida de todos nosotros”, añadió.
Colombia resultó ser el país con más asesinatos del mundo, con 60 muertes en total el año pasado, más de un tercio del total global. Estas cifras, que casi duplican el número de homicidios registrados en el país en 2021, se producen a pesar de que Colombia ratificó en octubre de 2022 el Acuerdo de Escazú, un tratado regional jurídicamente vinculante para proteger a los defensores del medioambiente.
Al menos 382 defensores han sido asesinados en Colombia desde 2012, lo que lo convierte en el país con el mayor número de asesinatos denunciados en todo el mundo durante ese periodo. Sirley Muñoz, de la ONG Somos Defensores en Colombia, dijo a Diálogo Chino que esto está directamente relacionado con las disputas territoriales y el fortalecimiento de los grupos armados en el país.
“Colombia tiene una gran deuda con sus defensores del medioambiente”, dijo Muñoz. “La violencia ha marcado nuestra historia reciente, pero la situación empeoró en 2016 cuando las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] completaron su desmovilización. Otros grupos armados ilegales tomaron el relevo y los defensores ambientales quedaron atrapados en medio del fuego cruzado. El informe tiene que ser una llamada de atención”, abundó.
Otros países vulnerables de la región fueron Brasil, donde 34 defensores perdieron la vida, frente a 26 en 2021; y México, aunque los 31 homicidios registrados en el país el año pasado supusieron un descenso respecto a los 54 de 2021, cuando fue el país con el mayor número de asesinatos.
Con 14 asesinatos relacionados con la tierra y el medioambiente registrados, Honduras fue el país con más asesinatos per cápita del mundo. México ha ratificado el Acuerdo de Escazú, mientras que Brasil aún no, ya que solo firmó el tratado en el momento de su creación en septiembre de 2018 y aún no lo ha ratificado. Por su parte, Honduras no ha firmado ni ratificado el acuerdo.
Jorge Santos, coordinador de la organización guatemalteca de defensa de los derechos humanos Udefegua, declaró a Diálogo Chino que se está produciendo un “grave retroceso” en materia de derechos humanos en Centroamérica. “No es solo el sector privado el que impulsa la violencia contra los defensores. En muchos países, estamos viendo cómo los gobiernos adoptan una postura más autoritaria”, afirmó.
Un año peligroso para los defensores ambientales en la Amazonia
Por primera vez, el informe de Global Witness de este año se centra en el papel de los defensores del medioambiente en la selva amazónica, que abarca partes de Bolivia, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Suriname y Venezuela.
En 2022, más de uno de cada cinco de los 177 asesinatos registrados en todo el mundo ―39 en total―se produjeron en la Amazonía, según los investigadores.
“Como guardianes de la selva, los defensores de la tierra y el ambiente están en la primera línea de la devastadora explotación de la Amazonía. Se enfrentan a empresas que actúan con impunidad, a las despiadadas fuerzas de seguridad del Estado y a asesinos a sueldo”, se lee en el informe. “Los defensores son sistemáticamente intimidados, criminalizados, atacados y asesinados”, añade.
El caso más resonante del año pasado fue el del experto indígena brasileño Bruno Pereira y el periodista británico Dom Phillips, asesinados cuando regresaban de un viaje al remoto Valle del Javari, en Brasil. Sus asesinatos conmocionaron al mundo y atrajeron la atención mundial sobre las amenazas a las que se enfrentan los defensores del medioambiente.
A unos 1000 kilómetros de donde se encontró a Pereira y Phillips, en otra zona de la Amazonía brasileña, la minería ilegal de oro casi ha acabado con la comunidad indígena Yanomani.
En otro lugar de la Amazonía brasileña, Maria Leusa Kaba, de la comunidad Munduruku, ha recibido repetidas amenazas de muerte en los últimos años debido a su oposición a la minería ilegal. “Es una realidad dolorosa y triste”, declaró a Diálogo Chino. “Quemaron nuestras casas para intentar expulsarnos de nuestras tierras. La Amazonía no necesita ninguno de los proyectos extractivos actuales, hay que protegerla”, dijo.
La situación es similar en Venezuela con la comunidad indígena Uwottüja, que vive en aislamiento voluntario a lo largo de los afluentes del río Orinoco. En 2022, Virgilio Trujillo Arana, uno de los líderes más destacados de la comunidad, fue asesinado por un sicario no identificado tras denunciar la minería ilegal y las violaciones que conlleva en la Amazonía venezolana.
En un vídeo grabado antes de su asesinato, Virgilio afirmó que la comunidad seguiría defendiendo su tierra porque sin ella desaparecerían: “Lo que tenga que pasar, pasará. Sin tierra, desaparecemos. Por eso defendemos nuestros territorios”. Desde 2014, 20 defensores ambientales venezolanos han sido asesinados, 17 específicamente en la Amazonia.
En Perú, Santiago Vega Chota, Yenes Ríos Bonsano y Herasmo García Grau, tres defensores del medioambiente de la región de Ucayali, fueron asesinados en los últimos dos años tras defender sus tierras y bosques. Perú se encuentra entre los diez países más peligrosos para los defensores del medioambiente, con 42 personas asesinadas desde 2014, la mitad de ellas en la Amazonía.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la organización Amnistía Internacional han pedido al gobierno peruano que cumpla las normas y reglas internacionales y proteja a los defensores y sus familias. El año pasado, el Congreso del país archivó oficialmente el proyecto de ley para la ratificación del Acuerdo de Escazú.
El camino a seguir
Aunque la situación es grave, Global Witness destacó algunos avances que se produjeron el año pasado.
El Acuerdo de Escazú celebró su primera Conferencia de las Partes (COP) en Chile, un año después de su entrada en vigor, en la que se eligió a un grupo de representantes públicos para contribuir a la aplicación del tratado. Además, Naciones Unidas nombró al primer relator especial sobre Defensores del Medioambiente, el experto francés en derechos humanos Michael Forst.
En Perú, la Corte Suprema condenó a cinco madereros ilegales a más de 28 años de prisión cada uno por el asesinato de cuatro líderes indígenas ashéninkas. Sin embargo, la sentencia fue anulada este año. Mientras tanto, en México, un alto tribunal revocó los permisos concedidos por las autoridades federales para la construcción del puerto de Veracruz, cuestionado por su impacto ambiental.
En su informe, Global Witness pide a los gobiernos que creen un entorno seguro para que los defensores y la sociedad civil prosperen, haciendo cumplir las leyes que protegen a los defensores y creando otras nuevas. Los mecanismos pertinentes existentes, como el Acuerdo de Escazú, deberían utilizarse mejor, afirma la organización. En América Latina, 15 países han ratificado hasta ahora el tratado.
Los gobiernos también deben denunciar, investigar y exigir responsabilidades por las represalias contra los defensores, reforzando la aplicación de la ley y monitoreando mejor los ataques, afirma Global Witness. También debería exigirse a las empresas que ejerzan la diligencia debida sobre los riesgos para los derechos humanos y el medioambiente, ya que así serían más transparentes ante la violencia, dicen desde la organización.
“Cada vez son más los defensores que se unen y crean asociaciones para protegerse a sí mismos y al ambiente de amenazas y violaciones. Lo vemos en diferentes partes del mundo”, dijo Bianchini a Diálogo Chino. “El Acuerdo de Escazú podría servir de ejemplo en otras regiones que no cuentan con este tipo de instrumentos”, precisó.
Este artículo se publicó originalmente en el sitio informativo Diálogo Chino.
RV: EG
