NAIROBI – Prometía ser el protocolo más definitorio, innovador y transformador sobre los derechos de las mujeres africanas. Específico en su enfoque, amplio en su alcance y único en su naturaleza global, abarcando cuestiones como el VIH/sida, los derechos de las viudas y el acceso a la herencia de la de propiedades de una manera sin precedentes.
Para detener e invertir la desigualdad de género sistémica y persistente y las prácticas discriminatorias contra las mujeres en África, la Asamblea de la Unión Africana (UE) adoptó el 11 de julio de 2003 en Maputo, la capital de Mozambique, el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los Derechos de las Mujeres en África.
El Protocolo de Maputo, como se le conoce, entró en vigencia dos años después y se diseñó de acuerdo con las realidades de la difícil situación de las mujeres en el continente. Aporta soluciones a medida para sacar a las mujeres del aplastante peso de un sistema cultural que las desfavorece desde su nacimiento.
Veinte años después, ha llegado el momento de hacer balance.
“El 20 aniversario del Protocolo de Maputo es un momento histórico para los defensores de los derechos de la mujer. Ofrece la oportunidad de exigir a los gobiernos africanos cambios reales y tangibles para las mujeres y las niñas en sus países”, dijo a IPS Faiza Mohamed, directora regional para África de Equality Now (Igualdad Ya).
A su juicio, el cumplimiento del Protocolo y la rendición de cuentas al respecto “representa los cambios generacionales a lo largo de dos décadas y apunta a la necesidad de reflexionar sobre las generaciones futuras y poner a prueba de futuro el Protocolo de Maputo y la coalición de Solidaridad por los Derechos de las Mujeres Africanas”, la SOAWR por su sigla en inglés.
La SOAWR reúne a más de 80 organizaciones de la sociedad civil, un movimiento panafricano de mujeres que presiona para que se acelere la ratificación del Protocolo en los Estados que aún no lo han hecho, al tiempo que exige a los gobiernos que rindan cuentas de sus actuaciones en favor de las mujeres de acuerdo con el Protocolo.
Mohamed subraya que la SOAWR es un testimonio notable del poder de los movimientos organizados de mujeres y de su capacidad para influir en las agendas políticas transformadoras, dejando un impacto duradero.
“Gracias a sus constantes esfuerzos, la SOAWR ha logrado mantener el Protocolo en la agenda de los Estados miembros de la UA, lo que ha supuesto una influencia significativa, ya que 44 de los 55 Estados africanos han ratificado el Protocolo de Maputo o se han adherido a él”, explica.
A su juicio, “este logro ha convertido el Protocolo en una potente herramienta de educación pública para los derechos de la mujer, tanto a nivel nacional como de base”.
“En particular, se han producido avances sustanciales en la jurisprudencia nacional sobre los derechos de la mujer, así como en la capacitación de las propias mujeres”, dice.
Para Mohamed, “gracias a las eficaces campañas de sensibilización pública de la coalición, temas antes tabú como los derechos de salud sexual y reproductiva, la mutilación genital femenina y la poligamia se han convertido en temas abiertos y avanzados en varios países”.
La coalición ha demostrado lo mucho que las mujeres y los socios con ideas afines pueden conseguir trabajando en solidaridad. Además, cada organización sigue impulsando la agenda de las mujeres empujando en la misma dirección, para hacer realidad el sueño de una sociedad en la que las mujeres estén plenamente representadas en todos los espacios.
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“El Protocolo de Maputo surge del fuego feminista africano, y tenemos que mantenerlo encendido. Que es uno de los instrumentos jurídicos más progresistas surgidos de África. Representa nuestra diversidad y nuestra fuerza, porque no somos un monolito”, afirma Becky Williams, una joven nigeriana que actualmente vive en Uganda y trabaja para la organización no gubernamental Akina Mama wa Africa.
El instrumento veinteañero, añade, “también representa el poder de la acción colectiva y también el sueño del África que queremos”.
Igualdad Ya aboga actualmente por la adopción del Enfoque Multisectorial en la aplicación del Protocolo de Maputo. Ese enfoque proporciona un marco para convocar a diferentes sectores dentro de los gobiernos y a actores ajenos a ellos en un esfuerzo conjunto por aplicar los derechos de la mujer previstos en el Protocolo.
Mohamed subraya que, si los gobiernos y la sociedad civil lo reconocen y lo hacen suyo, el Protocolo de Maputo puede ser un poderoso instrumento para el cambio, ya que ofrece a las mujeres una herramienta para transformar las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres que están en el centro de la desigualdad de género y la opresión de la mujer.
Coincidiendo con aniversario del Protocolo de Maputo, la SOAWR, Make Every Woman Count (Hacer que cada mujer cuente) e Igualdad Ya publicaron un informe titulado “Veinte años del Protocolo de Maputo: ¿Dónde estamos ahora?”, en el que se detallan los progresos realizados hasta la fecha, los éxitos, los retos y las recomendaciones.
En cuanto a los derechos relacionados con el matrimonio y el matrimonio infantil, el informe constata que varios países han adoptado reformas constitucionales relacionadas con la prohibición del matrimonio forzado.
Por ejemplo, la constitución de Burundi garantiza la igualdad matrimonial. Las constituciones de Guinea, Malaui, Uganda y Zimbabue fijan la edad legal para contraer matrimonio en 18 años. Los Estados miembros de la UA han promulgado leyes sobre los derechos relacionados con el matrimonio.
En cuanto a los derechos económicos y de bienestar social, la mitad de los Estados africanos mantienen disposiciones constitucionales que garantizan la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor o el derecho a una remuneración justa o equitativa. Más de la mitad de los Estados africanos tienen leyes que obligan a igual remuneración por trabajo de igual valor.
En cuanto a la salud y los derechos reproductivos, casi todos los Estados africanos mantienen disposiciones constitucionales relacionadas con la salud y/o la atención sanitaria, y muchos consagran el principio de no discriminación por motivos de salud.
En particular, seis países, entre ellos Angola, Etiopía, Ghana, Kenia, Sudáfrica y Zimbabue, consagran derechos relacionados con la atención a la salud reproductiva, como el acceso a la educación sobre planificación familiar o la atención a la reproducción/maternidad.
Aunque los derechos de la mujer han avanzado mucho, sobre todo a nivel legal, el informe subraya que aún queda un largo camino por recorrer y hace recomendaciones clave específicas, como la necesidad de abordar el derecho al aborto y tratar cada caso según lo establecido en el Protocolo.
También sugiere que el Protocolo de Maputo se utilice para proteger los derechos de salud reproductiva de mujeres y niñas y aboga por que los Estados miembros eliminen las leyes que van en contra de esos derechos de salud reproductiva.
Aboga por la aprobación de leyes de familia que protejan los derechos de las mujeres antes, durante y después del matrimonio, y por la creación de tribunales especiales que se ocupen de cuestiones matrimoniales complejas.
Además, sugiere que los gobiernos apliquen tratados regionales e internacionales como el Protocolo de Maputo y eduquen a las mujeres y niñas al respecto.
Insta igualmente a que se promuevan programas que permitan a las jóvenes volver a la escuela después de dar a luz y exige que se penalice el matrimonio temprano y se adapte el derecho consuetudinario para que deje de marcar la situación de las mujeres dentro del matrimonio.
Pide a los gobiernos que proporcionen servicios sanitarios universales y acceso a seguros, especialmente para las mujeres embarazadas, vulnerables y/o especialmente protegidas. Al mismo tiempo demanda a los Estados miembros que mejoren las infraestructuras, la formación y el equipamiento de los servicios sanitarios en las zonas rurales.
Igualmente importante, el Protocolo incluye el empoderamiento de las mujeres y las niñas para que ejerzan sus derechos de salud sexual y reproductiva mediante campañas de concienciación realizadas en comunidades y escuelas, y desea que la gestión de la higiene menstrual se incorpore a los marcos jurídicos nacionales mediante actividades de concienciación de más actores, especialmente parlamentarios.
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