BRUSELAS – La cumbre de mandatarios de la Unión Europea (UE) y América Latina y el Caribe que concluyó este martes 18 en esta capital coincidió ampliamente en promover la democracia, los negocios y la acción climática, pero no llegó a la unanimidad cuando trató el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania.
Nicaragua, en apoyo de Moscú, se negó a suscribir el párrafo 15 de los 41 que contiene la declaración final de esta tercera cumbre –ocho años después de la segunda- entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
En ese párrafo, los otros 59 países de ambas orillas del Atlántico expresaron “nuestra profunda preocupación por la guerra en curso contra Ucrania”, con lo que cargaron el peso de la culpa sobre la invasión de tropas rusas iniciada en febrero de 2022.
Esa guerra, abundaron, “continúa causando inmenso sufrimiento humano y está exacerbando las fragilidades existentes en la economía global, restringiendo el crecimiento, aumentando la inflación, interrumpiendo las cadenas de suministro, y elevando los riesgos para la estabilidad financiera”.
Por ello, avalaron las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de las Naciones Unidas que han reclamado el cese de la invasión rusa y exigido el respeto del derecho internacional, incluidas la soberanía, independencia e integridad territorial de todas las naciones.
Más allá de esa desavenencia, los gobernantes europeos, latinoamericanos y caribeños celebraron la reanudación de sus encuentros, de su diálogo político y de sus acuerdos económicos y la cooperación en materia ambiental y climática.
En paralelo hubo numerosas reuniones bilaterales y grupales, como la que abordó el tema de la crisis política en Venezuela, entre figuras del oficialismo y la oposición de ese país con los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Colombia, Gustavo Petro, y Francia, Emmanuel Macron.
La cumbre también enmarcó un encuentro entre empresarios de ambas regiones, una Cumbre de los Pueblos en la que mandatarios y activistas de izquierda fungieron como oradores, y pequeñas demostraciones de protesta, contra los gobiernos de Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela, frente a las sedes de la reunión.
En el campo económico y de la cooperación lo más destacado fue el anuncio de la Comisión Europea -el Ejecutivo de la UE- de asegurar el financiamiento, por 50 500 millones de dólares, para más de 100 proyectos de desarrollo y conservación, de aquí a 2027, en América Latina y el Caribe.
Por ejemplo, el desarrollo de parques industriales y cadenas de valor de economía verde en México, y en Guatemala combatir la contaminación de cuencas y sostener el suministro de agua a su capital.
En El Salvador, cofinanciar el tren del pacífico y la línea uno del Metro de San Salvador; en Honduras, construcción de una presa para producir energía sostenible, y en Costa Rica proyectos de pesca y agricultura sostenibles, electrificación del transporte y financiación y desarrollo de bonos verdes.
En Panamá se apoyarían proyectos de transición energética, y en Ecuador la extensión y mejora de los sistemas de alcantarillad y agua potable, así coo el sistema andino de interconexión eléctrica.
Para Venezuela se anuncia apoyo a su programa de reducción de emisiones de dióxido de carbono y metano en favor del clima, la preservación medioambiental y la eficiencia energética en su provincia petrolera de Monagas (oriente).
En Colombia el apoyo iría a la producción de hidrógeno verde y energías renovables, aumentar la conectividad a internet para 85 % de los colombianos y aportar a la línea 2 del Metro de Bogotá.
Respecto de Perú se prevé promoción del turismo sostenible, respaldo a sus planes de interconexión eléctrica y mejora de la movilidad urbana en varias ciudades. Y en Bolivia se exploran inversiones para explotar litio, mineral estratégico para la transición energética global y del cual ese país tiene cuantiosas reservas.
En Brasil los proyectos se dirigen fundamentalmente hacia la Amazonia, para prevenir la deforestación y promover la bioeconomía sostenible, y para financiar iniciativas de eficiencia energética verde y promoción del hidrógeno verde.
En Paraguay se atendería una nueva planta de celulosa con proyecto de plantación forestal, y renovación de la red de distribución eléctrica.
En Argentina la atención se dirige a cadenas de valor de materias primas críticas como el litio y el cobre, producción de energía renovable, inversión en eficiencia energética, energías renovables y en bioeconomía.
En Uruguay, se apoyaría la producción de hidrógeno renovable y la adaptación de la infraestructura del puerto de Montevideo, y en Chile las cadenas de valor de materias primas críticas y la producción de combustibles neutros en carbono.
Jamaica espera apoyo en su mercado de bonos verdes y para sus planes de renovación urbana, gestión de residuos y microempresas.
Cuba aguarda por respaldo a su industria biotecnológica, y a nuevas plantas eólicas y solares para aumentar su producción eléctrica, y República Dominicana a su infraestructura de transporte urbano, y a la gestión del agua y de residuos.
Belice quiere financiar mini infraestructuras para comunidades indígenas, y crédito para pymes, microempresas y agricultores, especialmente las dirigidas por mujeres en comunidades rurales.
Hacia Guyana irán recursos para el sostén de bosques, tratamiento de aguas y manufactura de productos sanitarios, y hacia las Antillas Menores para invertir en tecnología solar, eólica, enfrentar la escasez crónica de agua, adaptacón ante el cambio climático y combatir la contaminación del océano.
En el caso de Haití los programas anunciados se refieren a apoyar la educación, en Barbados los programas de salud y la mitigación y adaptación ante el cambio climático, y en Trinidad y Tobago los temas de obtención y tratamiento de aguas, y apoyo a la transición digital.
La declaración reiteró, en el plano político, un credo común, al reafirmar que “los valores compartidos en los que se basa nuestra asociación permanecen sin cambios: resiliencia, sociedades inclusivas y democráticas, la promoción, protección y respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
Asimismo “el estado de derecho, la democracia libre, justa, inclusiva y transparente, elecciones creíbles y libertad de prensa, multilateralismo inclusivo y cooperación internacional, sobre la base de los principios y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional”.
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