GINEBRA – La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió este viernes 7 sobre los riesgos de la militarización de la seguridad pública en Honduras, ordenada por su presidenta Xiomara Castro.
“Estamos extremadamente preocupados por la militarización de la seguridad pública en Honduras, ya que algunas de las medidas que se han adoptado puedan conducir a violaciones de derechos humanos”, declaró este viernes 6 Marta Hurtado, portavoz de la oficina (Acnudh) del alto comisionado, Volker Türk.
Recordó que el 5 de julio el gobierno prorrogó por 45 días más el estado de emergencia introducido en diciembre de 2022 como parte de sus esfuerzos para combatir la extorsión y el crimen organizado.
La prórroga fue adoptada por Castro después de que el 19 de junio 46 mujeres fueron asesinadas cuando miembros de una pandilla atacaron una parte de la prisión nacional de mujeres en la ciudad de Tamara, cerca de Tegucigalpa, que albergaba a miembros de una pandilla rival.
Cinco días después, sangrientas masacres y otros crímenes cobraron 21 vidas más, en una sola jornada, en las norteñas ciudades de Choloma y San Pedro Sula.
El estado de excepción, vigente en 17 de los 18 departamentos de Honduras, habilita a la policía militar para apoyar a la policía nacional en el desempeño de tareas de seguridad pública.
También deroga el derecho a la libertad personal, la libertad de asociación, reunión y circulación, y permite que las fuerzas armadas y de seguridad realicen detenciones y registros sin orden judicial.
Hurtado recordó que el 21 de junio las autoridades anunciaron que el mando y control del sistema penitenciario se transferiría a la policía militar. Desde entonces, se han llevado a cabo operaciones de ese cuerpo militar en todas las cárceles de Honduras.
El monitoreo de Acnudh “así como la información de las organizaciones de la sociedad civil y otras fuentes con respecto a las operaciones militares en las cárceles, indica que los internos, en particular aquellos presuntamente asociados con pandillas, han sido golpeados y pateados por policías militares”, dijo Hurtado.
A los reclusos se les ha racionado el agua y la comida, y también se les ha privado del sueño, “lo que puede constituir malos tratos”, recordó la portavoz.
La oficina del alto comisionado instó a las autoridades a “garantizar que exista una supervisión interna y externa independiente de las operaciones militares en las cárceles, así como del comando y control militar del sistema penitenciario, para prevenir violaciones de derechos humanos”.
Las denuncias de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza deben investigarse con prontitud, recordó esa oficina, con sede en esta ciudad suiza.
Hurtado también dijo que “reconocemos que existe una necesidad urgente de abordar los niveles de violencia que prevalecen en el país, tanto dentro como fuera de las cárceles, pero estamos extremadamente preocupados de que algunas de las medidas que se han adoptado puedan conducir a violaciones de derechos humanos”.
Al respecto “recordamos que el uso de los estados de emergencia debe ser excepcional, temporal y restringido a lo estrictamente necesario según las circunstancias del caso particular”.
Insistió en que “el sistema penitenciario debe estar bajo control civil, en el marco de una política de seguridad integral que aborde las causas profundas de la violencia y contribuya al desmantelamiento de las pandillas y otros grupos del crimen organizado”.
Para ello, indicó Hurtado, “se deben redoblar de inmediato los esfuerzos para abordar los desafíos penitenciarios y de justicia penal de larga data”.
Entre esos desafíos mencionó “el uso generalizado del encarcelamiento, el hacinamiento, las condiciones de vida inadecuadas, la falta de servicios básicos y el control de algunos centros penitenciarios por parte de los reclusos”.
“Recordamos el deber del Estado de proteger la vida de las personas privadas de libertad”, subrayó.
Para Acnudh “todos los esfuerzos para abordar el desafío de las prisiones deben basarse en el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, incluidas las Reglas mínimas estándar para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas (conocidas como Reglas Nelson Mandela)”.
“Esto no solo servirá para garantizar la dignidad humana de los reclusos, sino que también beneficiará la seguridad pública y la cohesión social de las sociedades en general”, concluyó Hurtado.
Zonas de Honduras, así como de sus vecinos El Salvador y Guatemala, han sido territorios dominados por grandes pandillas, altamente jerarquizadas, con vínculos trasnacionales y que llegaron a encuadrar decenas de miles de individuos armados.
En El Salvador su presidente, Nayib Bukel,e lanzó a comienzos de 2022 una gran ofensiva contra esas organizaciones, traducida en el encarcelamiento de más de 60 000 personas, bajo críticas de entidades internacionales de defensa de los derechos humanos, por las medidas extremas sobre los detenidos, incluidas varias muertes.
La organización humanitaria Amnistía Internacional ha sido muy crítica de esas políticas, y su directora para América, Erika Guevara Rosas, ha lamentado que Castro siguiese los pasos de su vecino Bukele.
“El falso dilema entre la seguridad y los derechos nos ha pasado alta factura en la región”, dijo Guevara Rosas, al criticar que “en total despliegue bukelista de populismo punitivo, el gobierno de Xiomara Castro replica políticas fallidas de seguridad que solo profundizan un contexto de crisis de derechos humanos”.
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