LIMA – La actividad agroexportadora en Perú crece sostenidamente y ha logrado una marca récord en 2022, que sin embargo no impacta en forma favorable en el desarrollo humano del país donde persisten altos niveles de desigualdad, pobreza, anemia y desnutrición infantil, así como denuncias sobre la mala calidad del empleo en el sector.
La comercialización al exterior de productos agrícolas como arándanos, uvas, mandarinas, alcachofas, espárragos, entre otros, generó 9800 millones de dólares de ingresos, monto superior en 12 % al obtenido el 2021 según reportó en febrero el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
El rubro representa ya 4 % del producto interno bruto (PIB) de este país andino, donde la minería y la pesquería se mantienen como las principales actividades de la economía.
“El aumento de ingresos por agroexportación no produce desarrollo humano, la anemia y la tuberculosos tiene niveles preocupantes y ahora se está disparando el dengue”, declaró a IPS Rosario Huallanca, representante de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos de Ica (Codeh Ica), institución con 41 años de trabajo en ese departamento del suroeste peruano.
Ica y otros dos departamentos con sus costas al Pacífico, La Libertad y Piura, lideran esta actividad al concentrar casi 50 % de las agroexportaciones del Perú, país con 33 millones de habitantes, que pese a este auge sigue lidiando con la desigualdad expresada en altos índices de pobreza, informalidad y precariedad en los empleos.
“El aumento de ingresos por agroexportación no produce desarrollo humano, la anemia y la tuberculosos tiene niveles preocupantes y ahora último se está disparando el dengue”, Rosario Huallanca.
La pobreza monetaria afectó a 27,5 % de los 33 millones de habitantes del país en 2022, según el estatal Instituto Nacional de Estadística e Informática. Se trata de un incremento de siete puntos por encima del periodo pre pandemia. Se estimó en 9 184 000 el número de personas pobres el año pasado, más de 600 000 respecto a 2021.
Ica, con 850 765 habitantes, es uno de los departamentos con menor índice de pobreza monetaria, 5 %, debido a que registra empleo pleno, en gran parte por el boom agroexportador de las últimas dos décadas.
Según informó Huallanca, se calcula en 320 el número de empresas agroexportadoras y en 120 000 sus empleados, que provienen de diferentes zonas del país.
Algo remarcable, dijo, es que 70 % de ese total de trabajadores en el rubro está conformado por mujeres, quienes son requeridas por sus habilidades motoras finas, producto de su socialización de género, para realizar tareas de manipulación de los frutos y hortalizas.
Se sabe que hay empresas que mantienen una porción de trabajadores en la informalidad, en lo que se llama localmente “franja en la sombra”, pero no se conoce su monto de manera precisa, puntualizó la especialista.
Si se conocen, en cambio, otros indicadores alarmantes: más de 6 % de menores de cinco años padece desnutrición crónica y la anemia afecta a 33 % de los que están entre los seis y 35 meses.
“Con el tipo de trabajo que tenemos no podemos llevar a nuestros hijos a sus controles de crecimiento, no podemos faltar a la empresa porque ese día te descuentan, lloramos en silencio por esa angustia”, reveló a IPS Yanina Huamán, de 42 años y 20 trabajando en el sector agroexportador, a donde ingreso para poder mantener a sus tres hijos.
Los dos mayores están cursando estudios superiores y el último va todavía a la escuela primaria. “Yo soy madre y padre de mis hijos, con mi trabajo les estoy dando educación y he conseguido el techo propio, pero es precario, los cuartos faltan techar por ejemplo”, comentó.
Huamán es secretaria de la Mujer en el sindicato de la empresa donde labora, cargo que asumió en noviembre del 2022. Desde esa posición espera impulsar mejoras en el acceso a la salud de las trabajadoras, quienes o posponen ir a una consulta médica cuando la necesitan, o reciben una deficiente atención en el seguro social “donde solo nos dan pastillas”.
Ica registra actualmente el mayor número de muertes por dengue, enfermedad viral que ha llevado al gobierno de Dina Boluarte a declarar hace un par de semanas la emergencia sanitaria por 90 días en 13 de los 24 departamentos del país.
No solo eso, tiene el antecedente de ser el departamento con mayor letalidad por la covid-19 al alcanzar el índice de 901 muertes por cada 100 000 habitantes, superando el acumulado nacional de 630 por cada 100 000. “El sistema de salud no funciona aquí”, dice contundente la dirigente sindical Huamán.
Condiciones laborales: más difíciles para las mujeres
La falta de calidad en el empleo y el deficiente reconocimiento de sus derechos laborales, agudizados por el contexto de la pandemia, originaron una huelga en noviembre del 2020 que comenzó en Ica y se extendió a la zona norte costera de La Libertad y Piura.
Demandaban un salario mínimo vital de 70 soles diarios (19 dólares), beneficios sociales como gratificación y compensación por tiempo de servicios, adicionales al salario, y la libre sindicalización, entre otros.
Agrupados en el recién conformado Sindicato de Trabajadores del Comité de Lucha de la Agroexportación de Ica, donde convergían los llamados trabajadores eventuales, fueron hasta el Congreso de la República, en Lima, a demandar cambios en la legislación vigente.
Susan Quintanilla, de 39 años, originaria del central y andino departamento de Ayacucho, es la secretaria general de ese sindicato. Llegó a Ica en 2014 tras separarse de su esposo. Con ella estaban sus dos hijos, una niña y un niño, para quienes anhelaba un futuro con mejores oportunidades.
Tras desempeñarse en labores de cosecha en el campo, de limpieza y empaque de las frutas en planta, optó por trabajar por rendimiento, también llamado destajo, pues de esa forma podía ganar más y ahorrar para los tiempos en que se reduce la demanda de mano de obra en las empresas.
“Era matado, entraba a las 10 de la mañana y salía a las tres o cuatro de la madrugada siguiente para ir de frente a preparar a mis hijos para el colegio. Tenía 29, 30 años, estaba joven, pero veía a señoras mayores con dolores de cuerpo, de brazos, de pies por las posturas que manteníamos en el trabajo, pero que seguían porque no tenían otra opción”, relató a IPS.
Continuó: “Vi muchas injusticias en las empresas agroexportadoras, te hacían sentir que te hacían un favor dándote trabajo, querían que estés con la cabeza agachada, gritaban y humillaban a las personas, las hacían sentir miserables; yo protestaba, levantaba la voz, y no me botaban porque era una trabajadora de alto rendimiento y me necesitaban. Algo ha cambiado la situación por nuestras luchas, no es de gratis”.
Las protestas de finales del 2020 llevaron a la aprobación el 31 de diciembre de ese año de la Ley N° 31110 del Régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y riego, destinado a garantizar los derechos de los trabajadores en el sector agroexportador y agroindustrial.
Para Quintanilla la ley está discriminando a los trabajadores que no son de planta y que constituyen la mayor masa laboral del sector, pues no se respeta el derecho preferencial de contratación establecido en el artículo cuarto de la ley.
“Tampoco nos han reconocido el pago diferenciado de nuestros beneficios sociales y los integran al jornal diario que lo calculan en 54 soles (un poco más de 14 dólares), no es justo”, denunció.
Por otra parte, destacó que el régimen agroexportador es más duro para las mujeres porque son quienes asumen el cuidado de sus hijas e hijos. “Vivimos en una sociedad machista que nos recarga el trabajo del cuidado” manifestó.
También explicó que por las distancias lejanas de varias de las empresas invierten más tiempo en el traslado y por tanto se ausentan de su hogar hasta por doce horas. “Nos vamos a trabajar con el peso de que estamos dejando a nuestros hijos en riesgo de los peligros de la vida, no los podemos acompañar como quisiéramos, eso nos daña emocionalmente”, subrayó.
A ello se suman, refirió, pésimas condiciones laborales como el hecho de que los servicios higiénicos se encuentran lejos de las áreas de su labor, inclusive a tres cuadras de distancia, o en condiciones insalubres, lo que las lleva inhibirse de usarlos, perjudicando su salud física.
Empresas agroexportadoras y los derechos humanos
Huallanca explicó que Codeh Ica promovió la formación de un espacio de actores diversos para que se cumpla en el departamento el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, una política pública que busca que las actividades económicas mejoren la calidad de vida de las personas. Participan en dicho espacio cinco sindicatos de Ica y la Cámara de Comercio, Industria y Turismo.
“Hemos hecho un enorme esfuerzo y esperamos que el próximo 16 de junio lo instale formalmente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el ente rector de esta política”, explicó.
Mientras tanto, resumió, “hemos contribuido a la articulación de las mujeres ligadas a la agroexportación que han elaborado una agenda de derechos que se ha sustentado en este espacio de multiactores y esperamos sea tomado en cuenta”.
ED: EG
