SANTIAGO – El buen manejo de las 101 cuencas hidrográficas, que discurren desde la cordillera de Los Andes al océano Pacífico, es clave para solucionar la severa crisis hídrica que amenaza a los chilenos y sus principales actividades productivas.
Esta vulnerabilidad se extiende a la economía. Desde 1990 Chile se ha hecho paulatinamente más rico, pero junto al aumento de su producto interno bruto (PIB), creció su consumo de agua.
Roberto Pizarro, profesor de hidrología en las universidades de Chile y de Talca, afirmó a IPS que esta “es una ecuación no sustentable desde el punto de vista de la ingeniería hidrológica porque el agua es un recurso finito”.
Según Pizarro, “hay amenazas que se ciernen sobre este proceso. Desde el punto de vista productivo, el PIB de Chile depende en gran proporción del agua. Según cifras de la delegación presidencial de recursos hídricos del segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), al menos 60 % del PIB depende del agua”.
Este país sudamericano, el más alargado del mundo y con 19,6 millones de habitantes, vive de la producción y exportación de cobre, maderas, productos agrícolas y del mar, además de una creciente oferta turística. Todo requiere mucha agua.
«En esta década tenemos la mitad del agua de la década anterior. Los agricultores bajan la producción, pierden superficie cultivable. Los pequeños son más afectados porque resisten menos este descalabro. Los grandes pueden hacer pozos o pedir créditos, pero los chicos se juegan la vida en la temporada”: Rodrigo Riveros.
Y el agua está cada vez más escasa debido al sobreuso, al otorgamiento excesivo de derechos por el Estado y al cambio climático que disminuyó lluvias y nieve.
Para peor, desde 1981, en plena dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), los derechos para el uso de agua quedaron privatizados a perpetuidad, separados de la tenencia de la tierra y hasta se pueden transar. Ello dificulta su control por los poderes públicos y es un punto clave en el debate para la reforma constitucional que viven los chilenos.
La ecologista Sara Larraín sostiene que la crisis hídrica “tiene su origen en la sobrexplotación histórica de las aguas superficiales y subterráneas por parte de los sectores productivos y en la degradación generalizada de las cuencas por la minería, la agroindustria y la generación hidroeléctrica. A ello se sumó la industria de la celulosa”.
Larraín, directora ejecutiva de la organización Chile Sustentable, añade que la crisis se agravó por una sequía que dura más de una década.
“Hay una drástica reducción de precipitaciones (de 25 %) a consecuencia del cambio climático, reducción de la superficie nival e incremento en las temperaturas que incide en mayor evaporación”, describió a IPS.
Testigos en terreno
La principal cuenca hidrográfica de las 101 que distribuyen sus aguas superficiales y subterráneas por 756 102 kilómetros cuadrados del estrecho territorio chileno, es la del río Maipo pues abastece a la Región Metropolitana de Santiago, con 7,1 millones de habitantes.
En esa cuenca, en la localidad El Volcán, dentro del municipio San José de Maipo, dentro de la Región Metropolitana de Santiago, en el límite al este con Argentina, vive Francisco Rojo, de 62 años, arriero de corazón, quien comparte sus labores campesinas con el trabajo en una pequeña mina.
“Al volcán San José (inactivo) no le queda nieve, no tiene glaciares. En los años 90 trabajé cerca de las compuertas de la bocatoma Volcán y había un sobrante sobre 40 metros de agua. Por el 2003 la nieve alcanzaba 12 o 14 metros. Hoy apenas tiene dos”, relató Rojo a IPS.
“El clima ha ido cambiando. No llueve ni cae nieve, pero las temperaturas bajan. Las mañanas y tardes son heladas y el día caluroso”, agregó.
Rojo se abastece de agua desde una vertiente cercana y desde allí, con mangueras, es responsable de distribuir agua a 22 familias, solo para consumo y no para riego.
“Cortamos el agua en la noche para tener al otro día para los estanques. Ocho años atrás teníamos un sobrante de agua. Ahora sacamos con mangueras de una pulgada. De dos pulgadas tuve que reducir a una”, explicó.
“Estábamos acostumbrados a un metro de nieve. Ahora me alegro cuando caen 40 centímetros. Las lluvias son pocas y siempre atrasadas”, describió otro efecto ostensible del cambio climático.
El agrónomo Rodrigo Riveros, gerente de una de las juntas de vigilancia del agua del río Aconcagua, en la región de Valparaíso, en el centro del país, contó a IPS que la media histórica en la estación pluviométrica Chacabuquito, en la cabecera del río, es de 40 o 50 metros cúbicos. Y nunca se ha superado durante 12 años.
“En esta década tenemos la mitad del agua de la década anterior”, afirmó.
“Los agricultores bajan la producción, pierden superficie cultivable. Los pequeños son más afectados porque resisten menos este descalabro. Los grandes pueden hacer pozos o pedir créditos, pero los chicos se juegan la vida en la temporada”, relató.
En esa junta del Aconcagua participan usuarios grandes, medianos y pequeños. El 80 % son pequeños con menos de 10 hectáreas. Pero, conviven con grandes usuarios de agua como las compañías mineras Anglo American, la estatal Codelco y la empresa sanitaria y distribuidora de agua potable de la región Esval.
“La disminución de las precipitaciones es lo más relevante. La nieve bajó mucho porque subió la isoterma, la línea de altura donde empieza a nevar. Y las lluvias intensas aumentaron los aluviones. También cae lluvia cálida en octubre o noviembre derritiendo la nieve y esa agua fluye con violencia, mucho sedimento y daña la infraestructura”, describió Riveros.
“Antes nevaba mucho más. Ahora caen tres metros y hacemos fiesta. En ese mismo lugar caían 10 metros y la nieve quedaba en reserva incluso hasta el año siguiente”, recordó.
En Chile, las Juntas de Vigilancia del Agua son una figura establecida en el Código de Aguas, que agrupan a personas naturales y jurídicas junto con asociaciones de usuarios y tienen como fin la administración, distribución, aprovechamiento y conservación de los cauces de las cuencas y hoyas hídricas de su entorno.
Muchos pobladores de El Volcán, en las faldas de la cordillera andina, carecen de agua potable y han instalado estanques para reunir el agua de una vertiente cercana. También Han reducido al mínimo el diámetro de sus mangueras porque cada vez es menor el flujo que les permite solo uso doméstico y no alcanza para regar sus cultivos y árboles. Foto: Orlando Milesi / IPS
El impacto millonario
Larraín citó cifras de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de las gobernaciones que revelan que el gasto del Estado en arriendo de camiones aljibe en la última década (2010-2020) fue del equivalente a 277,5 millones de dólares en los 196 municipios, de los 346 existentes, que informan este suministro de agua potable a la población.
“La población atendida en sus necesidades esenciales es de aproximadamente medio millón de personas, casi todas del sector rural y asentamientos humanos vulnerables”, dijo Larraín.
Según la ecologista, Chile no ha realizado acciones para mitigar la sequía.
“Aunque el desafío es estructural y requiere un cambio sustancial en la gestión del agua y la protección de las fuentes, el discurso oficial insiste en la construcción de embalses y carreteras hídricas, aunque los embalses no se llenan por falta de precipitaciones y no existe disponibilidad en las regiones desde donde se pretende sacar agua para las carreteras hídricas”, aseveró.
Añade que el sector minero avanza en desalación para reducir su dependencia de las cuencas, “aunque aún no existe una regulación específica para esta industria, a objeto de prevenir los impactos de la succión de agua de mar y depósito de salmueras”.
Larraín admitió que los últimos dos gobiernos establecieron Mesas del Agua sectoriales e interministeriales pero indica que no mejoró la coordinación entre usuarios y entes del Estado y tampoco entre los propios organismos estatales.
“Cada sector enfrenta la estrechez a su conveniencia y carecemos de un plan nacional para la seguridad hídrica, aunque este sea el problema mayor que enfrenta Chile en el contexto de los impactos del cambio climático”, aseveró la experta ambiental.
Actuación gubernamental
El Ministerio del Medio Ambiente admite que persiste “una deuda importante en el acceso al agua potable y saneamiento de la población rural”.
“También existe una falta de gobernanza que permita integrar y hacer parte a los distintos actores con pertinencia territorial en las decisiones y planificación hídrica”, indicó ese ministerio a preguntas de IPS.
Reconoció, asimismo, que se debe “continuar avanzando en instrumentos de planificación integrada, que coordinen iniciativas públicas y privadas”.
“Coordinamos el Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa mandatado para avanzar una hoja de ruta de corto, mediano y largo plazo en esta materia tan prioritaria para el país”, detalló.
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Ese comité, explicó, “asumió el desafío de la crisis hídrica y trabajar en la articulación de acciones inmediatas, que permitan enfrentar el riesgo de racionamiento hídrico y energético, los requerimientos de agua potable rural, de la pequeña agricultura campesina y las actividades productivas, así como la preservación ecosistémica”.
Informó también que redacta marcos normativos para facultar y promover la eficiencia del uso del agua y su reutilización.
También remarcó que la Ley Marco de Cambio Climático, promulgada en junio 2022, crea Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en Cuencas para “identificar los problemas relacionados con el recurso hídrico y proponer acciones para enfrentar los efectos del cambio climático”.
El gobierno de Gabriel Boric, en el poder desde marzo de 2022, impulsa también una ley sobre el uso de aguas grises para el riego agrícola, con el foco en la pequeña agricultura y la instalación de 16 Consejos de Cuenca Pilotos para lograr con participación y coordinación de los actores “una gestión integrada de recursos hídricos”.
ED: EG
