CAJAMARCA/LIMA – Desde los 16 años, más de la mitad de sus actuales 37, Dina Mendoza ha estado involucrada en la lucha por la defensa de los ríos en su territorio. Además de las movilizaciones sociales, esta incluye el monitoreo de la calidad del agua que discurre por las cuencas peruanas.
Es una labor comunitaria, en base a la organización y el trabajo voluntario, que tiene especial relevancia en un departamento como Cajamarca, donde la fuerte presencia de la minería ha originado la pérdida de recursos hídricos en cantidad y calidad afectando los derechos y bienestar de la población.
La región, ubicada en la zona del norte andino de Perú, tiene una población de 1,4 millones de personas, mayoritariamente rural, según el gubernamental Instituto Nacional de Estadística e Informática, que refleja que es uno de los departamentos con mayor índice de pobreza en este país sudamericano de 33,3 millones de habitantes.
“Yo nací en un asentamiento humano en el valle de San José, aquí mismo en la ciudad de Cajamarca. Éramos cuatro hermanos en total. Recuerdo que de niña íbamos al río Mashcón a jugar, a bañarnos”, evoca Mendoza en una entrevista con IPS.
Y añade: “Vivíamos cerca al río, éramos unas cuantas casitas y nos íbamos a nadar, allí también estaban nuestras madres con la ropa y las frazadas, lavando… pero ya no se puede hacer eso, está muy contaminado, el Mashcón es ahora un río muerto”.
“Vivíamos cerca al río, éramos unas cuantas casitas y nos íbamos a nadar, allí también estaban nuestras madres con la ropa y las frazadas, lavando… pero ya no se puede hacer eso, está muy contaminado, el Mashcón es ahora un río muerto”: Dina Mendoza.
En diciembre del 2022 el relator especial de Naciones Unidas sobre el Derecho al Agua Potable y el Saneamiento hizo un llamado a las autoridades de Perú a actuar sobre la calidad del recurso hídrico para evitar el riesgo de envenenamiento de la población por sustancias tóxicas derivadas de la actividad minera.
En el caso concreto de Cajamarca, alertó sobre los daños ambientales a la infraestructura natural hídrica como lagunas, bofedales y manantiales, y sobre el hecho de que 70 % de la población de la capital del departamento bebía agua antes usada por una empresa minera.
La ayuda de pequeños insectos
La huella en Cajamarca de la compañía minera aurífera a campo abierto Yanacocha, de la estadounidense corporación Newmont, es profunda. La población la responsabiliza de severos impactos ambientales y de la pérdida de recursos hídricos desde que iniciara sus actividades en 1993.
Entre los colectivos que se organizaron para defender los ríos está la organización Defensoras de la Vida y la Pachamama de Cajamarca, que integra Mendoza. En la actualidad esta red es parte de los Comités de Vigilancia y Monitoreo Ambiental que existen en diferentes regiones del país. En Cajamarca hay 14 en total.
Su trabajo consiste en analizar la calidad del agua en base al estudio de muestras de macroinvertebrados, que son organismos muy pequeños, pero visibles, que se encuentran adheridos a rocas, troncos y plantas que están dentro de los ríos. Su presencia es un indicador de la calidad del agua.
Es un modelo que se emplea hace décadas en países de América Latina y en el que Mendoza y otros líderes comunitarios, mujeres y hombres, han sido capacitados por ingenieros de organizaciones no gubernamentales como la cajamarquina Grufides.
“Vemos al río que puede parecer limpio o sucio, pero no sabemos si está contaminado para poder informar y alertar a la población, y exigir a la autoridad que tome acciones”, explicó.
Ante esa necesidad iniciaron un proceso de capacitación y certificación en el trabajo con macroinvertebrados, que es un sistema que no emplea químicos.
“Seguimos un protocolo, llenamos unas tablas de valores, firmamos un acta con los resultados y presentamos nuestros informes. Esos bichitos nos dan el análisis del agua”, describió la lideresa comunitaria.
En esta labor se involucran no solo los integrantes de las juntas directivas de los Comités de Vigilancia, sino de organizaciones diversas de la localidad que reciben una capacitación previa como ronderos (autodefensas), promotoras de salud, entre otros.
¿Qué pasaría sin la presencia y trabajo de estos comités? Mendoza responde con energía: “las empresas seguirían obteniendo licencias, ampliando el riesgo en que estamos”.
“Proporcionamos una alerta temprana para demostrar la calidad del agua y que las transnacionales no vuelvan a repetirnos frases como que si no hay truchas en el río es porque seguro ya no saben nadar”, amplió.
“Soy monitora comunitaria para demostrar que tenemos aguas limpias todavía y que si se da una concesión minera tenemos cómo probar que decimos la verdad”, remarcó.
Perú es uno de los países de gran diversidad hidrológica y tiene tres vertientes en las que se encuentran las cuencas hidrográficas: 84 en la del Amazonas, 62 con desembocadura en el Pacífico, y 13 en el lago Titacaca.
La minería en estos territorios constituye una amenaza a esos recursos hídricos, como lo advierte el geoportal “Geografías en conflictos” de la no gubernamental CooperAcción.
La actividad extractiva, una de las principales del país, tiene en concesión 30 % de los territorios en la vertiente del Pacífico, 7,5 % en los del Amazonas y 14 % en los del Titicaca.
Como Mendoza, cada vigilante comunitario realiza un trabajo no pagado, voluntario, y en el que las mujeres están muy involucradas. Aunque no lo ha podido cuantificar a nivel general, sí valoró en el equivalente a 212 dólares una jornada comunitaria en una localidad vecina.
Si esa suma se multiplica por unas 20 personas que en promedio son parte de una acción de vigilancia, se tiene un estimado del equivalente a 4250 dólares. Siendo unas cuatro acciones por año en las localidades, se puede considerar un promedio mínimo de unos 17 000 dólares anuales que son aportados, en la práctica, por las personas de las comunidades.
Mujeres cuidadoras del recurso hídrico
Patricia Carrillo, abogada peruana, es especialista sénior en género del proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, que financian la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid ) y el gobierno de Canadá.
El proyecto está enfocado en movilizar la inversión pública en ecosistemas que contribuyen a preservar el agua.
Al ser un proyecto que también promueve la transversalización del enfoque de género en la gestión de los recursos hídricos, dentro de él se desarrolló un programa de liderazgo de mujeres en gestión del agua con funcionarias, autoridades, jóvenes académicas y participantes en organizaciones sociales como la de Mendoza.
Han sido capacitadas en tres ediciones 122 mujeres de 14 departamentos, en 2020, 2021 y 2022.
“Priorizamos mujeres porque constatamos las brechas de género en la gestión de recursos hídricos y la infraestructura natural a raíz de un estudio que hicimos: mujeres y hombres cumplen roles determinados por la división sexual del trabajo y si bien están en la gestión de los recursos hídricos, desaparecen al momento de ocupar cargos de decisión”, sostuvo Carrillo a IPS en una entrevista en su domicilio en Lima.
El estudio “Brechas de Género en la Gestión del Aguay la Infraestructura Natural”, elaborado en el marco del proyecto, evidencia que en diferentes cargos ellas tienen una representación que va desde cero hasta un máximo 30 %; en la mayoría de casos están entre 9 y 10%.
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Entre los factores de esta desigualdad están que no son titulares de la tenencia de la tierra y la enorme carga de trabajo doméstico que dificulta su participación en organizaciones y asumir cargos.
Carrillo remarcó lo valioso del trabajo de las mujeres que monitorean la calidad del agua.
“Cuando miramos desde un enfoque de género vemos que los hombres están más preocupados en el agua con fines productivos y las mujeres, además de ello, en el agua para el consumo poblacional”, manifestó.
La especialista explicó que por la división sexual del trabajo son responsables casi exclusivas del cuidado de la familia, por lo cual la calidad del agua cobra mayor importancia porque son ellas quienes tienen que atender enfermos, curar diarreas, fiebres e intoxicaciones por agua contaminada o uso de agroquímicos en los cultivos.
“Es enorme el trabajo de las monitoras comunitarias, requiere de tiempo, dedicación y movilización a los puntos por donde discurre el río; también el uso de tecnología y análisis de muestras”, apuntó.
Además, “es gratuito como la proyección del trabajo doméstico que no tiene horario, sueldo, vacaciones y tampoco reconocimiento social, pero es fundamental para preservar la vida del ecosistema y de los humanos”, dijo.
Carrillo reflexionó acerca de cómo el cuidado a ese nivel está en manos de las mujeres y que -aun cuando no está monetizado- en términos de tiempo se suma a sus múltiples actividades.
“Es una recarga a sus tareas y el beneficio es enorme porque están alertando permanentemente del estado del agua de los ríos y generan información útil para la gestión pública que debe ser tomada en cuenta para la gestión del recurso hídrico”, dijo.
Y se preguntó: “¿Qué pasaría si ellas no actuaran?
“El perjuicio incidiría en la salud de las familias, el costo en términos de calidad de vida sería altísimo y esto debe relevarse para que sea incorporado no solo como parte de la gobernanza del agua sino del reconocimiento del trabajo de las mujeres para la sostenibilidad de la vida”, respondió.
ED: EG
