NUEVA YORK – Numerosas marcas de ropa todavía no se suman al Acuerdo sobre Salud y Seguridad en Bangladesh y Pakistán, una década después de la tragedia de Rana Plaza en Dacca, en la cual murieron más de 1100 trabajadores de la confección, denunció este lunes 24 la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW).
Aruna Kashyap, de HRW, dijo que ese acuerdo “es el indicador más sólido para los consumidores de que una marca está decidida a proteger a los trabajadores de incendios y desastres en la construcción en Bangladesh y Pakistán”.
“Hasta el 11 de abril, 195 marcas formaban parte del Acuerdo en Bangladesh y 45 en Pakistán”, pero “muchas otras marcas, en su mayoría de Estados Unidos, todavía no se han sumado”, puntualizó Kashyap, directora asociada de rendición de cuentas corporativas en HRW.
Mientras, en Dacca, la capital bangladesí, cientos de trabajadores, incluidos sobrevivientes de la tragedia, manifestaron este lunes para exigir justicia y rendir homenaje a las 1138 personas que murieron. Unas 2000 que quedaron heridas.
Un grupo de ex trabajadores inició un ayuno en el área donde estuvo el edificio derrumbado, para exigir justas reparaciones por los daños causados.
Algunos de los sobrevivientes y familiares de los fallecidos han recibido indemnizaciones de menos de 10 000 dólares, que no cubren los gastos médicos ni el trauma psicológico de la tragedia.
Organizaciones reconocieron avances en materia de seguridad en las fábricas de Bangladesh, el segundo mayor exportador mundial de prendas de vestir después de China, al tiempo que critican la lentitud en los procesos judiciales contra los responsables de los descuidos que llevaron al derrumbe del Rana Plaza.
En Rana se habría obligado a los empleados a trabajar a pesar de que apareció una grieta en el edificio el día antes de que se derrumbara. El juicio por esa causa se reanudó el año pasado, pero es posible que el veredicto tarde varios años.
Los propietarios de fábricas de confección de Bangladesh dicen que han invertido unos 2000 millones de dólares en la revisión de la seguridad de sus instalaciones, y aseguran que se han triplicado los salarios de cuatro millones de trabajadores, en su mayoría mujeres, que confeccionan ropa para firmas y distribuidores occidentales.
En paralelo, desde mayo de 2013 se estableció el Acuerdo Internacional sobre Salud y Seguridad en la Industria Textil y de la Confección, que contempla a Bangladesh y se extendió a Pakistán el año pasado.
Es un acuerdo jurídicamente vinculante entre marcas de indumentaria y sindicatos globales, por el cual se creó un programa de inspección y subsanación destinado a mitigar los riesgos de construcción, eléctricos, de incendio y en materia de seguridad de calderas para los trabajadores fabriles.
El programa incluye además un mecanismo de denuncia para que los trabajadores presenten quejas sobre consideraciones de salud y seguridad y violaciones de su derecho a organizarse, recordó HRW.
En el caso de Bangladesh, abarca a dos millones de trabajadores, la mitad de la fuerza laboral de la confección en ese país asiático de 172 millones de habitantes.
En París, Nayla Ajaltouni, del colectivo “Ética en la etiqueta”, destacó que “Bangladesh sigue siendo epicentro de la producción a muy bajo costo. La industria de la confección siguen explotando a los trabajadores, que ganan menos de 80 dólares mensuales y trabajan hasta siete días a la semana”.
HRW, por su parte, ha insistido en la necesidad de que las auditorías que se realizan sobre las empresas textiles y de confección en los países concernidos por el Acuerdo sean publicados con la mayor precisión de datos posible.
Conforme al convenio, los trabajadores pueden impulsar un arbitraje si las marcas incumplen su acuerdo contractual con los sindicatos de trabajadores.
La organización recordó que todas las empresas tienen responsabilidades de derechos humanos conforme a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.
Al deplorar que muchas marcas de vestimenta todavía no se sumen al acuerdo que favorece el trabajo de confección en el sur de Asia, HRW planteó que los países deberían adoptar leyes que regulen de qué modo las empresas respetan los derechos humanos en sus cadenas de valor globales.
Tales leyes “deberían empoderar a las autoridades regulatorias para examinar, y sancionar cuando corresponda, la conducta de una marca o cadena minorista y la de todos los demás actores privados que asisten a las marcas en la realización de controles de diligencia debida en derechos humanos”, concluyó HRW.
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