CARACAS – La vulnerabilidad y luchas de la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela quedaron de nuevo en evidencia una vez que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló la norma del código castrense que castigaba, con uno a tres años de prisión, al militar que cometiera “actos contra natura”.
La Sala Constitucional del máximo tribunal decidió que esa norma, vigente desde el siglo pasado, “es contraria al postulado fundamental de progresividad en materia de garantía de los derechos humanos”, y además “carece de suficiente claridad y precisión jurídica en lo que respecta a la conducta que pretendía sancionar”.
La disposición, en el Código Orgánico de Justicia Militar, era la única que todavía penaba con cárcel la homosexualidad en Venezuela, y fue anulada el 16 de febrero.
Sin embargo, “en Venezuela las personas LGBTIQ+ (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, intersexuales, queers y otros) todavía debemos luchar por el derecho a la identidad, al matrimonio igualitario, a la no discriminación en la educación, la salud y la vivienda”, dijo a IPS la activista trans Tamara Adrián.
Incluso el procedimiento seguido para anular la norma, segundo párrafo del artículo 565 del Código, es una muestra del persistente desdén hacia la minoría LGBTIQ+.
“En Venezuela las personas LGBTIQ+ todavía debemos luchar por el derecho a la identidad, al matrimonio igualitario, a la no discriminación en la educación, la salud y la vivienda”: Tamara Adrián.
La activista Richelle Briceño recordó a IPS que organizaciones civiles habían demandado la nulidad de ese artículo desde hace desde hace siete años, con desdén y sin respuesta desde el Tribunal Supremo.
“De pronto, la Defensoría del Pueblo (en Venezuela todos los poderes nacionales están en manos del oficialismo) solicita al tribunal que anule esa parte del artículo y en menos de 24 horas se toma la decisión, el 16 de marzo”, observó Briceño.
Por lo demás, la Defensoría argumentó que la norma no se usó en los últimos 20 años, pero Briceño dijo que para el año 2016 existían varios casos documentados.
Diferentes oenegés asocian la decisión judicial con la presentación, al día siguiente, de informes en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que dan cuenta de graves violaciones en la materia en este país, incluido el no reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTIQ+.
Muchos temas pendientes
En Venezuela “ni siquiera se acepta, según protocolos médicos vigentes, la donación de sangre por parte de personas que tengan relaciones sexuales con otras de su mismo sexo”, dijo a IPS Natasha Saturno, de la oenegé Acción Solidaria, especializada en auxilios y suministros en materia de salud.
“Hace 40 días operaron a mi hijo. Llevé una docena de donantes de sangre, a todos les preguntaron por esa condición y rechazaron a varios”, narró.
Si existen restricciones como esas, mucho más lejanas están las aspiraciones de la comunidad LGBTIQ+ de tener la identidad que corresponda a su género, a que se legalicen uniones entre personas del mismo sexo, al matrimonio igualitario o a la proscripción de todas las formas de discriminación, apuntó Saturno.
Adrián destacó que “reconocer la identidad de género o el matrimonio igualitario con ambos cónyuges con derecho a ejercer la maternidad o paternidad, son conquistas que avanzan o se amplían en toda América Latina, y Venezuela, que desde el siglo XIX avanzó en derechos civiles, ahora está entre los rezagados”.
La activista, fundadora en 2022 del partido político Unidos por la Dignidad, destacó los avances logrados en ese tema en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Uruguay, “y solo quedan como rezagados, en América del Sur, Guyana, Paraguay, Suriname y Venezuela”.
Respecto a la identidad, desde 2009 la Ley Orgánica de Registro Civil contempla que “toda persona podrá cambiar su nombre propio, por una sola vez, cuando este la someta al escarnio público (…) o no se corresponda con su género, afectando así el libre desenvolvimiento de su personalidad”.
Pero la norma no se cumple en el caso de las personas trans, intersexuales y no binarias, con infinidad de obstáculos de procedimiento, por lo que, ya cansados trámites inútiles, grupos LGBTIQ+ han hecho protestas ante el TSJ, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional Electoral, a cargo del registro civil.
Adrián sostuvo que “nos guiamos por la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2017 reconoció el derecho a la identidad como indispensable para el desarrollo de la personalidad y la no discriminación en ámbitos como el laboral, de salud y de educación”.
Víctimas de la violencia
Las personas LGBTIQ+ en Venezuela “padecen numerosas formas de discriminación y de violencia, desde la esfera familiar hasta los espacios públicos”, sostiene Yendri Velásquez, del recién creado Observatorio Venezolano de Violencia contra ese colectivo.
Se manifiesta “en violencia psicológica, muy presente en la esfera familiar, golpes, denegación de la identidad, de acceso y uso de espacios públicos –desde restaurantes hasta parques-, extorsiones, acoso escolar basado en la expresión de género, discriminación laboral y también asesinato”, expuso Velásquez.
Recordó que en el año 2021 hubo 21 asesinatos de personas “solo por ser gais o lesbianas”, y que en el segundo semestre de 2022 el Observatorio registró 10 “asesinatos o casos de lesiones muy graves” con un total de 11 víctimas entre personas gais, lesbianas o transgénero.
Los activistas abogan por normas y políticas que ayuden a erradicar los crímenes y los discursos de odio, así como la violencia digital, pues a través de las redes sociales reciben mensajes tan fuertes como “muérete”, “suicídate”, “ojalá te asesinen” o “no deberías estar vivo”.
También sus organizaciones comparten los temores y se han sumado a los reclamos por la preparación, en la Asamblea Nacional legislativa, en manos del oficialismo, de una ley que controlaría y restringiría severamente la independencia y trabajos de las organizaciones no gubernamentales.
Y además, la salud
Para la colectividad LGBTIQ+ es un tema crítico, en un contexto de emergencia humanitaria compleja que, entre otros efectos, ha desmoronado los servicios de salud, con mayoría de hospitales que se resienten de fallas de infraestructura y mantenimiento, carencia de equipos e insumos, y migración de sus profesionales.
Adrián indica que “hay barreras para la entrada a los centros de salud, tanto públicos como privados, de personas que son trans o intersexuales, para su permanencia en los hospitales –a veces se atiende a estas personas en algún pasillo- y para la adherencia a los tratamientos”.
Un problema adicional es que no hay disponibilidad de hormonas en Venezuela desde hace 10 años, y los usuarios que acuden a importaciones incontroladas se exponen a riesgos importantes para su salud.
La colectividad se vio muy afectada por la epidemia de sida, aunque en el año 2001 organizaciones civiles lograron que el TSJ estableciera, como una obligación del Estado, suministrar de modo gratuito los medicamentos antirretrovirales.
El suministro se cumplió durante años, aunque Saturno recuerda que comenzó a fallar y hacerse intermitente a partir de 2012.
La fecha coincide con el inicio de la actual crisis económica y de migración padecida por este país petrolero de 28 millones de habitantes, con pérdida de cuatro quintas partes de su producto bruto y la migración de siete millones de sus ciudadanos.
En la actualidad las entregas de nuevo se hacen con regularidad, según las oenegés abocadas al seguimiento del tema, aunque casi con uno solo de los esquemas de tratamiento pautados por la Organización Panamericana de la Salud, “y no todos pueden tomar el mismo tratamiento”, recuerda Saturno.
En el plan maestro sobre VIH/sida que sostienen el gobierno y agencias de las Naciones Unidas están inscritos unos 88 000 pacientes con ese virus en el país. Según proyecciones de las oenegés, podría haber hasta 200 000 portadores.
Finalmente, los activistas reconocen que el clima marcado por denegación de identidad y de derechos para individuos y parejas, discriminación, acoso, violencia y minusvalía laboral, más los temas de salud, empujan a personas LGBTIQ+ a integrar el contingente migratorio que se esparce por el hemisferio.
ED: EG
