ROMA – Son 151 aerogeneradores y más de 130 kilómetros de rutas de conexión y tendido eléctrico en la península de Fosen, a 530 kilómetros al norte de Oslo. La justicia dice que no deberían de estar ahí, y también los dueños de esas tierras desde tiempo inmemorial.
Pero no se trata de un espejismo.
“El parque eólico atraviesa zonas de pastos de invierno que ya no se pueden usar porque los renos nunca se acercarán a las turbinas. Así, se ha destruido una ruta de migración ancestral que es crucial para nosotros”, explica a IPS Maria Puenchir, una reconocida activista noruega que se presenta a sí misma como “queer, sami y discapacitada” de los derechos humanos.
Los samis, también conocidos como saamis o lapones, son un pueblo que se reparte por las fronteras septentrionales de Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia, en un territorio al que llaman Sápmi y otros le dicen Laponia.
Puenchir, de 31 años, habla desde su Trondheim natal, muy cerca de la península donde se levanta el complejo eólico hoy bajo escrutinio. Se empezó a construir en 2016, a pesar de numerosos llamamientos para su suspensión, incluido el de las Naciones Unidas, por su potencial impacto sobre la forma de vida de las comunidades locales.
Cinco años más tarde y uno después de su finalización, la Corte Suprema de Noruega dictaminó por unanimidad de sus 11 jueces que era ilegal y que violaba los derechos de los pastores de renos a desarrollar su cultura.
“El fallo es claro, pero no explica qué hay que hacer con las turbinas. No solo no se han desmantelado, sino que siguen funcionando”, lamenta Puenchir.
El 30 de enero, Amnistía Internacional lanzaba una campaña pidiendo que se respete la resolución judicial y “se detenga y repare una continua violación de los derechos humanos”.
Fue el 23 de febrero cuando un grupo de jóvenes ataviados con los trajes tradicionales samis decidieron echar un pulso al Estado noruego: tras ocupar las dependencias del Ministerio del Petróleo durante cuatro días hasta ser desalojados por la policía, consiguieron bloquear varios ministerios más antes de una multitudinaria sentada frente al Palacio Real, el 3 de marzo.
“La iniciativa surgió desde una campaña de Instagram ente los jóvenes sami. Empezaron a contar los días que pasaban sin que se hiciera nada desde el fallo de la Corte Suprema. Cuando la cuenta llegó a los 500, se echaron a la calle”, recuerda Puenchir.
Ella no vaciló en volar a Oslo para sumarse al grupo, ni tampoco la sueca Greta Thunberg. La archiconocida activista por la defensa del clima se unía esta vez a una protesta contra un proyecto de energía “verde”.
“En todo el mundo estamos viendo acaparamiento y explotación de tierras indígenas, pero también podemos ver que la resistencia continúa y crece”, explica Thunberg a IPS por teléfono desde Oslo. “Todo el que tiene la posibilidad de apoyar luchas locales como estas tiene la obligación de hacerlo”, remarca la activista de 20 años, antes de pedir “el fin de la colonización de Sápmi”.
El 2 de marzo, los samis escucharon la disculpa del gobierno noruego verbalizada por Terje Aasland, su ministro de Petróleo y Energía, tras una reunión con Silje Karine Mutoka, la presidenta del Parlamento Sami, el mayor órgano representativo de ese pueblo.
“Han pasado mucho tiempo en una situación difícil e incierta y lo siento por ellos” dijo Aasland.
Por el momento, Oslo suscribe el mantra de que es posible la coexistencia del proyecto de energía eólica y el pastoreo de renos. Falta una decisión firme sobre el futuro de la polémica infraestructura.
«Todo el que tiene la posibilidad de apoyar luchas locales como esta tiene la obligación de hacerlo», asegura la activista sueca Greta Thunberg (D) a IPS, durante su participación en las protestas en Oslo contra el parque eólico en tierras del pueblo sami. Foto: Jannicke Totland / Natur og Ungdom
De norte a sur
Según datos de la Agencia Internacional de la Energía, el suministro eléctrico noruego procede de energías renovables en 98 %. Sin ir más lejos, los seis parques eólicos del complejo de Fosen producen más energía que el conjunto de todos los demás parques eólicos levantados en el resto del país.
Si bien los aerogeneradores de Fosen son obra de un conglomerado de varias empresas que cuenta con participación suiza y alemana, 52% de la inversión queda en manos de la compañía noruega Statkraft.
En respuesta a preguntas formuladas por IPS, Statkraft subraya desde su sede central en Oslo que la sentencia de la Corte Suprema “no significa que las licencias de los parques eólicos hayan caducado ni concluye qué debería pasar con las turbinas”.
La operación del parque eólico de Fosen, defiende, “se puede mantener sin daños irreparables a la cría de renos siempre que haya un proceso en curso para aclarar las medidas de mitigación necesarias para una nueva licencia que no viole los derechos de los sami”.
Por último, la empresa insiste en que “se preocupa y trabaja activamente para contribuir a alcanzar una solución que permita al pueblo sami desarrollar su cultura de acuerdo con el derecho internacional”.
En su página web, Statkraft presume de ser “el mayor productor de energía renovable de Europa así como una compañía global en operaciones del mercado de la energía”. Sus propias cifras hablan de 5300 trabajadores en 21 países.
Las denuncias y los fallos judiciales contra el gigante noruego de la energía también llegan desde otros continentes.
El 23 de febrero la policía de Chile reprimió con violencia una manifestación contra el Proyecto Central Hidroeléctrica Los Lagos, que Statkraft construye a orillas del río Pilmaiken, a 370 kilómetros al sur de Santiago.
“Es un lugar de gran importancia para el pueblo mapuche. Hay un complejo ceremonial y un cementerio y, según las antiguas creencias, el río Pilmaiken es por donde viajan las almas después de morir para que puedan seguir su ciclo“, explica a IPS desde la localidad de Osorno y por videoconferencia Fennix Delgado, un trabajador de la construcción de 35 años e integrante de la red de apoyo a Pilmaiken.
Eva María Fjellheim, integrante del equipo de trabajo del Consejo Sami, la mayor organización de la sociedad civil de este pueblo, valora que «tanto en Chile como en Noruega asistimos a un expolio del territorio ancestral indígena sin consentimiento de las comunidades afectadas ni respeto a sus realidades culturales”.
“Si bien el Consejo Sami apoya los esfuerzos para combatir la crisis climática y ecológica, estos no se pueden implementar a costa de derechos fundamentales”, defiende la investigadora sami a IPS vía telefónica desde Tromso, a 1100 kilómetros al norte de Oslo.
Además, añade, “se podrían considerar los conocimientos y practicas ancestrales de los pueblos indígenas como parte de la solución y no como un obstáculo, que es lo habitual”.
Fjellheim, de 38 años, compagina su labor en el consejo con la investigación para su doctorado en la Universidad Ártica de Noruega sobre el “colonialismo verde” y la resistencia sami al desarrollo de la energía eólica en las tierras de pastoreo.
Recuerda que, al igual que Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia están promoviendo proyectos eólicos similares por todo el territorio sami.
“Los países nórdicos suelen defender su imagen de líderes en cuanto al respeto de derechos y sostenibilidad, pero la reacción frente al fallo de la corte suprema sobre el caso de Fosen es la última prueba de lo contrario”, esgrime Fjellheim.
Después abre el foco: “es como si las violaciones a los derechos humanos ocurrieran solamente en otras regiones, y no en un Estado democrático de bienestar como Noruega”.
ED: EG
