LA HABANA – Solicitudes de negocios privados en años recientes para contratar expresamente personas blancas y la sobrerrepresentación de personas negras y mestizas en sectores informales de la economía demandan en Cuba políticas públicas para eliminar las en ocasiones solapadas formas de racismo en el empleo.
Aún en fase inicial, una investigación busca diagnosticar las brechas asociadas al color de la piel en el sector no estatal en Cuba.
El equipo investigador sistematiza referentes nacionales, regionales y locales sobre buenas prácticas “y trabaja en el establecimiento de indicadores que permitan determinar dónde hay discriminación racial y lo más importante, qué hacer para que no siga sucediendo”, indicó la socióloga Rosa Campoalegre al compartir con IPS detalles del estudio.
Conducirá la pesquisa la Cátedra de Estudios sobre Afrodescendencias Nelson Mandela, del gubernamental Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), de la cual Campoalegre es la coordinadora general, en alianza con el Observatorio Social y Laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), presentado en octubre de 2021; y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente (Citma).
Alrededor de 1,6 millones de trabajadores –un tercio de los ocupados- integran el sector privado, en este país insular caribeño con economía centralmente planificada, papel protagónico de la empresa estatal, y donde se ha autorizado la constitución de unas 6500 micro, pequeñas y pequeñas empresas (mipymes), en su mayoría privadas, desde septiembre de 2021.
Campoalegre significó la importancia de asentar en la ciencia y la investigación la lucha contra el racismo, que se mantiene presente en este país de 11,1 millones de personas.
“Existen vacíos informativos y de datos fundamentados en torno a cómo se manifiesta la discriminación racial en Cuba y en especial, en el ámbito laboral. Es necesario un diagnóstico para ofrecer insumos a la política pública en este campo y cerrar las brechas”, argumentó.
“Es necesario un diagnóstico para ofrecer insumos a la política pública en este campo y cerrar las brechas”: Rosa Campoalegre.
La socióloga indicó que la investigación se afianza “en la necesidad de articular un principio fundamental del proyecto cubano que es la justicia social con las metas del Decenio Afrodescendiente de Naciones Unidas (2015-2024), de reconocimiento, justicia y desarrollo”.
Destacó que el estudio se desarrollará durante un año e incorporará una perspectiva afrofeminista e interseccional, porque además de comprender “la situación en el empleo de las mujeres negras y cómo transformar su situación”.
También analizará cómo el género, color de la piel, territorio, nivel cultural o de instrucción, tipo de familia, y el riesgo y la situación ambiental, entre múltiples variables, inciden en la reproducción de inequidades en el tema.
Herramienta social
La Constitución cubana reconoce la igualdad de todas las personas ante la ley y proscribe la discriminación racial en un país en el cual 35 % de sus habitantes se reconocen mestizas o negras, de acuerdo con el ultimo Censo de Población, efectuado en 2012.
El Código de Trabajo, de 2014, confirma el derecho de todo ciudadano en condiciones de trabajar a obtener un empleo, tanto en el sector estatal como no estatal, sin importar el color de la piel, mientras el Código Penal, de 2022, tipifica como delito contra el derecho de igualdad, sujeto a sanción, quien discrimine a otra persona por este motivo.
En los últimos años se aprecia una mayor promoción de personas afrodescendientes a cargos políticos y públicos, y aumentó el número de ellas en la locución, conducción de espacios televisivos y actuación en dramatizados.
Aunque la revolución de 1959 impulsó políticas públicas y transformaciones sociales relacionadas con la igualdad de oportunidades y la equidad, tales acciones no han podido borrar el racismo y prejuicios asociados al color de la piel en este país insular del Caribe, uno de los últimos del hemisferio en abolir oficialmente la esclavitud, en 1886.
Activistas antirracistas han alertado que agentes policiales suelen pedir con una mayor frecuencia en las calles la identificación personal a personas negras y mestizas.
Ciudadanos e intelectuales también reclamaron responsabilidad penal el año pasado contra jóvenes que en un espacio público vistieron trajes e insignias del estadounidense grupo supremacista Ku-Klux-Klan (KKK), un hecho considerado racista.
Las penurias económicas acrecentadas en el último lustro en la isla impactan de manera aún más negativa en personas en situación de pobreza, vulnerabilidad y mendicidad, entre las cuales existe una sobrerrepresentación de población afrodescendiente.
Valorado como una política pública de superación de desventajas asociadas al color de la piel, Cuba cuenta desde noviembre de 2019 con el Programa nacional contra el racismo y la discriminación racial, conocido también como Color cubano.
Para su implementación y seguimiento labora una Comisión nacional integrada por 37 representantes de ministerios, instituciones y organizaciones de la sociedad civil.
El programa se fundamenta en una estrategia que propone abordar el tema racial y actuar sobre las causas del racismo de manera multidimensional y desde un enfoque integral afirmativo.
La estrategia reconoce que las personas negras y mulatas están subrepresentadas en el trabajo autónomo y en espacios laborales estatales ventajosos, y sobrerrepresentadas en las ocupaciones elementales no calificadas, con impactos en los ingresos personales y familiares, además de recibir menores beneficios por remesas.
Predominan mujeres negras y mulatas en el trabajo informal, mientras que hay menor presencia de personas no blancas en altos cargos de dirección.
El estudio sobre las brechas asociadas al color de la piel en el empleo “será una herramienta para los centros docentes, las administraciones, directivos de mipymes e, incluso, para los trabajadores contratados, quienes tienen que saber qué es el racismo, sus manifestaciones y cómo denunciarlo”, complementó Campoalegre.
La experta reconoció que si bien se trata de una investigación “difícil, problematizadora, desafiante”, también resultará útil, pues “convocará a nuevas miradas y acciones sobre el tema”.
“Se lo debemos a la sociedad, y sobre todo a las familias afrocubanas que han contribuido al proyecto de país”, resumió.
Balance y perspectivas
Con más de un centenar de integrantes y con presencia en 14 de las 15 provincias cubanas, la Cátedra Mandela, constituida en 2017, es una entidad académica en red especializada en la formación, investigación, difusión de conocimientos y el activismo antirracista.
Sus integrantes efectuaron el 24 de febrero el taller anual de evaluación de resultados y proyecciones para este año, y conocieron detalles sobre la aplicación de Color cubano, el cual integra además el Macroprograma Desarrollo Humano, Equidad y Justicia Social, uno de los ejes estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hacia 2030.
Durante su primera etapa (2021-2022), el programa “se centró en dar salida a importantes acciones pendientes de solución en torno a la memoria histórica tanto nacional como de la influencia africana en Cuba y de Cuba en África”, explicó a IPS Teresa Viera, integrante del grupo coordinador de la Comisión nacional de lucha contra el racismo.
Se centró además en “la formación de capacidades para la conducción de las políticas sociales locales en atención al tema en todo el país; y la identificación, edición y publicación de textos y artículos imprescindibles para entender la proyección estratégica cubana contra el racismo, la discriminación y prejuicios raciales por color de la piel persistentes en nuestra sociedad”, abundó la asesora científica del ministro de Cultura.
También le pueden interesar:
Programa contra discriminación racial en Cuba necesita más impulso
La política contra racismo en Cuba sumará acciones afirmativas
Activismo resulta clave para éxito de programa cubano contra racismo
De acuerdo con Viera, para 2023 las prioridades se dirigirán a tres de los siete ámbitos identificados como reproductores de desventajas sociales por color de la piel: las condiciones de vida y hábitat, el empleo e ingresos personales y la integración social.
La especialista se refirió a la aprobación de nuevas normas y procedimientos del MTSS, la Fiscalía General de la República (FGR), el Tribunal Supremo Popular y el Ministerio del Interior (Minint) “para la atención a inquietudes poblacionales e institucionales, asociadas a discriminación y prejuicios mediados por el color de la piel”.
Mencionó el Protocolo de actuación ante situaciones de discriminación, violencia y acoso en el ámbito laboral (MTSS); el Protocolo de actuación para la atención a quejas y denuncias sobre la discriminación racial (FGR) y el Protocolo de actuación para la atención a las quejas y peticiones de las personas sobre la discriminación racial (Minint).
“Comenzó un amplio proceso de socialización para públicos internos y externos de estos protocolos, que se extenderá durante el primer semestre, paralelamente a la implementación de los mismos”, subrayó Viera.
ED: EG
