SANTIAGO – El precio de mercado de los suelos en las principales ciudades de Chile constituye un enorme obstáculo para buscar una solución al crítico déficit de viviendas que supera las 650 000 unidades, con una explosión de habitantes sin acceso a una casa.
Cientos de miles de habitantes de este país sudamericano con una población de 19,5 millones, viven en durísimas condiciones en campamentos de viviendas improvisadas con materiales en desuso, instaladas en sitios tomados por la fuerza y donde padecen frío y lluvia durante el invierno, lo que deteriora su salud.
En Chile se denomina campamentos a asentamientos donde viven al menos ocho familias instaladas en terrenos que no son propios y que no tienen al menos uno de tres servicios: agua potable, conexión eléctrica o instalaciones sanitarias.
El último catastro oficial, de octubre del 2022, reveló que los campamentos aumentaron hasta 1091, un tercio de ellos con migrantes. Más de 300 000 personas viven en esos barrios tugurizados en condiciones infrahumanas.
La mayoría están ubicados en los extramuros de las ciudades tras un proceso que impulsó la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) cuando los barrios precarios construidos en zonas con valor inmobiliario de Santiago fueron demolidos y sus ocupantes trasladados a la periferia a bordo de camiones.
“Hoy día acceder a suelos con precios de mercado es prácticamente imposible. Los subsidios estatales pagan máximo 432 000 pesos (540 dólares) por el metro cuadrado y nosotros vemos terrenos que valen 1,08 a 1,8 millones de pesos (1350 a 2250 dólares) el metro cuadrado”: Bárbara Callejas.
Para no ir a campamentos, otras decenas de miles de familias en este país viven como allegados, como se definen en Chile a quienes residen con padres y otros familiares, o en piezas subarrendadas a terceros.
El déficit habitacional es una de las expresiones de la enorme desigualdad social en Chile, donde el 1 % más rico concentra 49,6 % de la riqueza total de este país y el 20 % más rico captura 10 veces más de los ingresos que el quintil más pobre.
Abanico de iniciativas
Crecen las iniciativas para abordar el problema. Entre estas, legalizar y regularizar los campamentos dotándolos de agua potable, luz y alcantarillado. También construir viviendas sociales para arrendarlas a los sin hogar. O construir en suelos comprados por el Estado, donde los beneficiarios aportan una porción del costo.
Techo Chile, una fundación no gubernamental sin fines de lucro, impulsa un abanico de proyectos usando distintas herramientas de la política pública de viviendas y siempre trabajando con organizaciones de allegados o de campamentos.
Bárbara Callejas, directora de la Inmobiliaria Social de Techo Chile, confirmó a IPS que la falta de suelos es el principal problema.
“Hoy día acceder a suelos con precios de mercado es prácticamente imposible. Los subsidios estatales pagan máximo 432 000 pesos (540 dólares) por el metro cuadrado y nosotros vemos terrenos que valen 1,08 a 1,8 millones de pesos (1350 a 2250 dólares) el metro cuadrado”, aseveró.
“Entonces, el suelo te come el subsidio. Esa es la complejidad más importante”, dijo Callejas, una joven cientista política.
Benito Baranda, fundador de Techo Chile y hoy en la Fundación Invica y la Cooperativa de Viviendas Provicoop, afirmó a IPS que “lo más urgente es erradicar de zonas de riesgo a las familias que viven en campamentos”.
Este punto está contemplado en el Plan de Emergencia Habitacional lanzado por el gobierno de izquierda de Gabriel Boric en julio del 2022, cuatro meses después de iniciar su mandato, y que pretende entregar 260 000 viviendas sociales durante su cuatrienio.
Baranda calificó de “auspicioso” el plan de regularización de algunas zonas tomadas, para domiciliar a sus familias en los lugares que actualmente ocupan y habitan dotándolos de servicios básicos y de urbanización.
“Si durante los próximos tres años se logra avanzar en ello, tendremos bien establecidos y con las condiciones mínimas de sanidad para permanecer allí a más de un tercio de los hogares que hoy viven en campamentos”, aseveró.
En la crisis habitacional, Baranda admite que disponer de terrenos aptos y a un precio adecuado es seguramente uno de los desafíos primordiales.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo “lleva algunos años creando el banco de suelos y recientemente promovió que los organismos públicos que poseen suelos adecuados los pongan también a disposición”, recordó.
“Para los próximos años se espera disponer de suelos urbanos suficientes para cumplir la meta y dejar dotado al Ministerio de terrenos para dar continuidad a los programas habitacionales”, agregó.
Entre quienes tienen suelos públicos disponibles aparecen el Ministerio de Bienes Nacionales, las Fuerzas Armadas y los Carabineros (policía armada). Pero, hay que analizar dónde están ubicados.
La alternativa Glosa 12
Glosa 12 es el nombre de una alternativa usada en Techo Chile para superar el problema del suelo y dar solución a los habitantes de campamentos u organizaciones de allegados.
Se apunta a ubicar suelos cerca de vías de conexión, centros de salud, comercios y de los lugares donde sobreviven los sin casa.
“La Glosa 12 es una modalidad de acceso que permite desapegar los costos del terreno del costo de construcción. Nos adelantamos y aseguramos un terreno postulándolo a través de la glosa y cuando nos lo adjudicamos, desarrollamos el proyecto técnico con las familias”, detalló Callejas.
Esta modalidad la implementó Techo Chile en varios proyectos para dar una solución habitacional y ahora lo hace con el campamento Diego Portales y el Comité de Allegados de La Pintana.
La alternativa “nos permite asegurar un suelo que no siga incrementando su valor y acortar los tiempos de los proyectos. Primero se asegura el terreno y después se construye”, explicó.
Ejemplos en la dirección correcta
“El invierno fue espeluznante, vivirlo aquí es lo peor. Todas las viviendas se llueven y son extremadamente heladas. Hay zinc en los techos y las casas no están forradas (aisladas). El suelo no es de material ligero y el frío entra por abajo y por arriba” contó Salomé Acevedo, de 41 años, dirigente del Campamento Diego Portales.
Este campamento, en el municipio de La Florida, en la periferia sur de Santiago, lo integran solo 22 familias que incluyen a cuatro de migrantes. Pero se considera campamento porque el agua la obtiene de camiones aljibe y no tienen conexión eléctrica ni servicio sanitario.
En dialogo con IPS, agregó que “el otro problema son los ratones. Hay muchos aquí y me da lata (rabia) porque hay niños y guaguas (bebés)”.
Cada familia de este campamento aportó el equivalente a 1125 dólares para comprar el terreno que ocupan, una cantidad significativa en un país donde el salario mínimo es del equivalente a 513 dólares mensuales y donde muchos habitantes de los campamentos sobreviven en la economía informal, con ingresos menores.
Las 22 familias recibirán un subsidio transitorio para trasladarse a vivir en casas arrendadas mientras se construyen sus departamentos.
Sus viviendas serán desarmadas en mayo para comenzar las obras.
También le pueden interesar:
Explosión de asentamientos precarios en Chile
Campamentos urbanos, una expresión de la desigualdad en Chile
Dentro de dos años podrían estar listos los departamentos para 49 familias en un terreno comprado por el estatal Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) más los ahorros familiares.
Acevedo vive hace seis años en este campamento que incluye 25 niños.
“Originalmente fue una toma. Primero llegaron cuatro familias a vivir en un terreno pelado y de a poquito fue armándose el campamento. Tomarse el terreno fue para hacer presión al Estado para obtener la vivienda”, contó.
Agregó, llena de ilusión, que “ahora aquí nos van a construir. Serviu nos otorgó un subsidio de traslado. Iremos a una vivienda arrendada y cuando tengan construido nos devolvemos aquí mismo, pero ya con una vivienda construida”.
El subsidio para arriendo es del equivalente a 312 dólares mensuales.
“Es complicado porque no hay casas de ese valor. A mí me cobran 350 000 pesos (437 dólares) por un arriendo aquí al lado. Estoy trabajando y tengo que sacrificarme y luchar por lo mío”, reflexionó Acevedo.
“La vivencia aquí ha sido super dura. Cuando uno se viene a vivir acá, entra con un pensamiento de por qué yo, por qué a mi. Uno culpa al entorno, pero la verdad es que uno también tiene responsabilidad. Yo nunca he querido darles esta vida a mis hijos, pero lamentablemente hemos tenido que estar aquí resistiendo”, reflexionó.
María Elizabeth López, de 35 años, preside el Comité de Allegados Por Una Vivienda Digna de La Pintana, integrado por 190 familias de tres comités que se fusionaron. Lisette Basaure, de 24, es su secretaria y Katerine Montoya, de 39, su primera directora.
“Hace cinco años formamos nuestro comité. Buscamos tener un espacio para criar bien a nuestros hijos, ser dueñas de casa, tener algo que dé estabilidad a nuestras familias. Siempre estamos como gitanos, cambiándonos de lugares y tratando de mejorar nuestra calidad de vida”, afirmó López.
Las tres dirigentes comunitarias visitaron con IPS a fines de febrero, por vez primera, el terreno baldío comprado por el Serviu, en que cada familia beneficiaria de allegados contribuyó con el equivalente a 1213 dólares.
En un año se construirán allí edificios de cuatro pisos, con departamentos de 55 metros cuadrados para 70 de las familias del Comité. El 85 % de ese Comité son de La Pintana. Hay adultos mayores, personas con discapacidad y personas solas o de origen indígena.
“La idea es básicamente quedarse en la comuna (municipio). Es una prioridad porque no queremos perder redes de apoyo en los barrios, ni a las familias y lugares que ya conocemos”, afirmó la dirigente.
Son dos proyectos en curso, con pobladores organizados, que harán realidad, en uno o dos años, la casa digna anhelada.
ED: EG
