LIMA – “No hay límites para el delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual en el Perú”, asegura Vanessa Soto, antropóloga en el no gubernamental Promsex que trabaja en la prevención de este grave delito que vulnera los derechos humanos en este país sudamericano.
“Hay puntos más claves que otros en el país, pero esta problemática se extiende donde hay mayor vulnerabilidad”, dijo a IPS durante una videoentrevista desde su oficina en la ciudad de Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios, departamento amazónico del sur peruano, uno de los lugares con mayor recepción de víctimas de trata.
Soto es la responsable de su institución en Madre de Dios, territorio que representa 15 % de la Amazonia peruana, posee una rica biodiversidad y tiene una población estimada en 185 000 habitantes. Si bien es bajo el índice de pobreza económica, cuatro de cada 10 niños de entre seis y 35 meses padecen anemia, según datos oficiales.
En ese departamento se ubica Inambari, un municipio donde se encuentra La Pampa, un enclave de la minería del oro de unos 20 kilómetros de extensión con la mayor actividad ilegal de extracción del metal. Surgió en la década de los 90 al introducirse máquinas que permitieron intensificar las labores artesanales de los mineros asentados en la zona.
Eso generó el desplazamiento de población de departamentos andinos hacia la zona en busca de empleo, así como de inversores que actuaban al margen de la ley como reseña un estudio de Promsex.
En ese contexto creció la trata de personas y específicamente la que tienen fines de explotación sexual, de las que son casi totalmente víctimas las mujeres, un delito del que La Pampa es una muestra porque reúne las diferentes condiciones que lo sostienen y que se replican en otras localidades de características parecidas.
Este es un delito reconocido en el Código Penal de este país con 33 millones de habitantes y con una legislación alineada con los estándares internacionales de derechos humanos, pero que aun así no ha logrado su erradicación.
Soto mencionó tres factores que sostienen la trata: las economías ilegales, la ausencia del Estado y la corrupción. “Por ejemplo la minería ilegal existe junto con negocios como bares y venta de cerveza, que son los principales lugares donde se desarrolla la explotación sexual que trae consigo la trata de personas”, precisó.
Detalló que la ruta de las víctimas hacia Madre de Dios marcan departamentos del sur sobre todo de los pueblos más pobres de Cusco, Puno y Arequipa. Pero también otros del oriente y norte del Perú como San Martín, Loreto, Amazonas y Piura.
Para erradicar la minería ilegal y otros delitos asociados en La Pampa, los gobiernos han realizado diferentes acciones. La última, en febrero del 2019, fue la llamada operación Mercurio, que implicó un gran despliegue militar y policial y culminó cuando se inició la pandemia al año siguiente.
“Mientras están no se nota la trata, pero sigue siendo un problema. Nadie sale tan bien de los tentáculos de la corrupción, no basta con enviar policías”, reflexionó la antropóloga.
La propia Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030 que orienta la acción del Estado ante este problema, reconoce que la confluencia de factores como la pobreza, la desigualdad, la informalidad laboral, economías ilegales y el aumento de la migración propician las condiciones para la persistencia de la trata en el Perú.
Además, el documento señala a la explotación sexual como la principal finalidad de este delito en el país por encima otras como la explotación laboral o mendicidad.
La complejidad de la trata con fines de explotación sexual
La estadística oficial sobre la situación de la trata ha tenido baches en los años de la pandemia.
El informe mundial de 2022 sobre trata de personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd), recopila información oficial de 141 países e incluye la situación de Perú.
Revela que las principales formas de explotación son la sexual y la laboral y coloca a las zonas de actividad minera ilegal como las de mayor riesgo para las víctimas.
Citando cifras del Ministerio Público (fiscalía), entidad encargada de perseguir el delito, indica que se atendieron 3525 víctimas registradas entre 2021 y parte del 2022, de las cuales 57 % eran peruanas y el resto extranjeras, la mayor parte de Venezuela, Ecuador y Colombia, en ese orden.
Las víctimas registradas de trata con fines de explotación sexual durante los últimos seis años se elevarían a 4992, si a ese dato de Onudd se suman las 1467 víctimas registradas en los años 2017, 2018, 2019 y hasta octubre del 2020, que fueron consignadas en un informe de la Política Nacional sobre la trata.
Sin embargo esas cifras son solo la punta de un iceberg, dado que la mayoría de casos no se denuncian.
Soto manifestó que la evidencia muestra que la trata con fines de explotación sexual está en expansión, aun cuando los registros del 2020 y 2021 no muestren incrementos respecto a los años anteriores, por las limitaciones para las denuncias e intervenciones durante la pandemia de covid-19.
Las principales formas de captación son las ofertas falsas de trabajo. Son mujeres jóvenes que proceden de lugares peruanos y extranjeros con niveles de pobreza, incluyendo a madres, y reúnen las condiciones de vulnerabilidad para ser captadas.
Agregó que la pandemia incrementó el uso de redes sociales para el contacto e identificación de víctimas, lo que alerta sobre la adaptación y crecimiento de la trata. “Estamos esperando que se actualicen las cifras del 2022 y ver cómo está mutando este problema”, dijo.
Sobre el accionar de los tratantes relató que tras captarlas buscan ganarse la confianza de las víctimas, para lo cual las colocan en actividades como meseras o camarera, cajeras, acompañantes de clientes, hasta que las convencen u obligan a la prostitución.
Las formas de retención vienen con la demora del pago. “Como ya existe esa relación de confianza, la víctima esperará su pago mientras acepta recibir algunos adelantos. También les retienen su documento de identidad, pero seguirá esperando porque él o la tratante se han hecho sus amigos y llegan a naturalizar la violencia que viven”, explicó.
Del perfil de las víctimas remarcó que no responde a un estereotipo. “Típicamente tenemos la imagen de que son chicas que están encerradas, hay una idea que nos hemos hecho y no calza necesariamente con eso”, comentó.
Esta situación hace especialmente complejo el abordaje del problema de la trata pero desafía a comprenderlo en todas sus aristas para mejorar las respuestas desde el Estado.
Conocer a una joven venezolana y no volverla a ver
Haydeé Flores pertenece a la RedTraSex Perú, organización que desde el 2013 trabaja por los derechos de las trabajadoras sexuales, y lleva dos décadas como promotora de salud comunitaria.
“Soy formadora de pares en la prevención del VIH, mapeamos las calles y coordino los días para hacer la prueba gratuita y derivar a las chicas a la dirección regional de salud del Callao”, indicó a IPS desde esa localidad.
Se trata de la provincia constitucional del Callao donde se ubica el principal puerto del Perú, colindante con Lima, la capital, y cuando dice “chicas” se refiere a las jóvenes que están ejerciendo el trabajo sexual en diferentes calles.
Por su labor ha observado una creciente presencia de mujeres de Venezuela, desde donde se produjo una inmigración masiva desde 2013, muchas de las cuales se encuentran en riesgo y temor por la presencia de tratantes, en un contexto de alta vulnerabilidad para las trabajadoras sexuales.
“Nos están matando, las mafias toman las calles para extorsionar y cobrar cupos y la policía no hace nada. Hay delincuentes que están tomando las zonas de trabajo sexual buscando a venezolanas prófugas de sus redes de explotación. Exigen entre 200 y 300 soles diarios (52 y 80 dólares) a cada una y si no pagan, las matan como escarmiento para las demás”, denunció.
Flores recuerda especialmente el caso de una joven de 19 años con un hijo pequeño que vino de Venezuela con un compatriota que la enamoró y que después de un tiempo la obligó a dar servicios sexuales.
“Ella no tenía dónde ir, él tenía todos sus documentos. No contento con eso trajo a un hijo mayor y la obligaba a mantenerlos a ambos. Cuando se quejaba la golpeaba y eso veía su niño”, dijo con tristeza.
Decidió apoyarla, aun sabiendo que podría ponerse en peligro, y le dio su teléfono personal y la dirección de su casa para protegerla y luego trasladarla a un hogar de acogida. “Al otro día nada, no vino, no me llamó, no la volví a ver… Ha pasado año y medio y siempre la recuerdo, muy triste su historia y así hay muchas por acá”, lamentó.
ED: EG
