LA HABANA – Agudizados problemas sociales y un plan de estabilización económica deben ser, entre múltiples prioridades, urgencias del nuevo parlamento en Cuba que tras los comicios del 26 de marzo se constituirá y elegirá al nuevo gobierno para el próximo lustro.
“Los alimentos siguen escasos y caros, a pesar de leyes y medidas para aumentar la producción. Es importante priorizar ese tema y ver un alivio”, comentó a IPS el ingeniero Ramón Suárez, residente en el occidental municipio de Santa Cruz del Norte.
“Debe valorarse cómo subir las pensiones, porque el dinero no alcanza. O pudieran darse facilidades de acceso a ciertos servicios para nosotros, los jubilados”, estimó Nelia Mena, en el municipio de Centro Habana, cuando IPS preguntó qué recomendaría a los próximos legisladores en un país con acelerado proceso de envejecimiento demográfico.
Otras como la estudiante de psicología Jessica Rojas, también en esta capital, abogó por “medidas que estimulen a los jóvenes a desarrollar sus proyectos de vida en Cuba y no emigrar”.
Al dialogar con IPS, Rojas deseó “que no demoren las soluciones” para además de aumentar la producción de materiales, “podamos si no construir o comprar una casa, al menos alquilar una, a precios asequibles, y tener nuestro propio hogar y familia”.
“Son muchos los retos de la nueva legislatura. Más allá de aprobar nuevas leyes, sería importante trazar estrategias para que la sociedad cubana avance”: Yoelkis Torres.
La disponibilidad, variedad y calidad de los alimentos, los precios y salarios, la escasez de medicinas, la emigración de decenas de miles de jóvenes y profesionales, la baja natalidad y aumento de la población mayor de 60 años, las vicisitudes para transportarse o el pésimo estado de parte del fondo habitacional, fueron preocupaciones manifestados por varios ciudadanos a IPS sobre el tema.
Otros, incluidos investigadores sociales, mencionaron también como puntos rojos una mayor visibilidad de la pobreza, el deterioro de la calidad de servicios públicos, el papel del mercado negro para satisfacer necesidades, así como indisciplinas, delitos y corrupción, entre otros fenómenos para los que recomendaron aumentar aún más su atención y manejo integral.
Un importante obstáculo para solventar varios de ellos está en la situación económica de la isla, agudizada por el endurecimiento del embargo estadounidense, la pandemia de covid, las incompletas reformas consensuadas hace más de 10 años y el infructífero ordenamiento monetario a inicios de 2021.
En diciembre la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), el unicameral parlamento cubano, aprobó el plan de la economía para 2023.
Además de proponer un crecimiento de 3 % del producto interno bruto (PIB), el plan incluye, según trascendió, un programa de estabilización macroeconómica del que aún no se tienen detalles.
Al rendir cuentas de su gestión ante diputadas y diputados, el presidente Miguel Díaz-Canel reconoció que los desequilibrios macroeconómicos han producido “un deterioro sustancial del poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores y pensionados y de las condiciones de vida de la población”.
También fijó como prioridades la atención a las comunidades y personas en situación de vulnerabilidad, algo que cobró impulso tras las protestas del 11 de julio de 2021 en varias ciudades de este país insular caribeño de 11,1 millones de habitantes.
Nuevo parlamento a las puertas
El 26 de marzo están previstos comicios generales para integrar la Asamblea Nacional, órgano con facultades legislativas y constituyentes que elige en sufragios de segundo grado al presidente y vicepresidente de la República, para una gestión de cinco años, según la Ley Electoral de 2019. La nueva legislatura dará inicio en abril, en una fecha aún no especificada.
Con dicho proceso culminará el ciclo electoral iniciado en 2022. Tras ser nominados en reuniones barriales fueron electos en las urnas a fines de noviembre y principios de diciembre, 12 427 delegados (concejales) municipales, encargados de gestionar en los próximos cinco años la solución de problemas en el ámbito comunitario.
Esa parte del proceso se considera el momento en el cual la ciudadanía selecciona directamente a sus representantes.
De acuerdo con la ley, el parlamento debe sumar hasta 50 % de delegados de base, y el resto debe provenir de representantes provinciales y nacionales, quienes deben ser ratificados por la ciudadanía en los comicios generales, tras una selección por parte de comisiones de candidatura.
Personas críticas del sistema electoral cubano aseguran que los electores “refrendan” y no “eligen” a sus representantes para la ANPP, y que los procedimientos no permiten la inclusión de opositores en las boletas.
Las autoridades gubernamentales defienden que las referidas comisiones las conforman representantes de organizaciones sociales y estudiantiles y que a ellas corresponde elaborar y presentar las candidaturas de personas con capacidades y méritos, que respondan a una composición social diversa y abarquen todos los sectores sociales.
Añaden que el Partido Comunista de Cuba, único legal, no postula y que la ley prohíbe efectuar campañas proselitistas. Solo se colocan en espacios públicos las biografías para que el electorado conozca la trayectoria estudiantil y laboral de quienes, una vez elegidos, no reciben remuneración por desempeñar ese puesto, que se añade a sus empleos.
Para el 5 de febrero está previsto que los gobiernos municipales nominen a los candidatos al parlamento que, como novedad, disminuirá su membresía a 470 escaños, 135 menos que el actual.
A juicio del politólogo Daniel Rafuls, uno de los retos de la ANPP y su nuevo liderazgo es “buscar una más diversa representación popular y preparación profesional, que abra los mayores espacios a los mejores trabajadores de las empresas e instituciones del Estado, dirigentes del Partido y representantes de las organizaciones de masas y sociales”.
Asimismo, “otorgar mayores escaños a trabajadores por cuenta propia (autónomos) que están asumiendo una responsabilidad creciente en los destinos del país”, añadió el exlegislador y profesor de Teoría Sociopolítica de la Universidad de La Habana.
De los 470 precandidatos más de 55 % son mujeres; 20 % tienen hasta 35 años; 45 % son personas negras y/o mestizas; la edad promedio es 46 años (cinco menos que en la actual ANPP); 95 % son graduados universitarios y 63 % son nominados por primera vez, de acuerdo con la Comisión Nacional de Candidaturas.
Según estadísticas, el sector no estatal agrupa alrededor de 1,6 millones de trabajadores en la isla, un tercio de los ocupados.
Desde septiembre de 2021 han sido autorizadas a constituirse unas 6300 micro, pequeñas y pequeñas empresas, en su mayoría privadas, nuevos actores llamados a complementar y dinamizar el ecosistema económico en el cual ostenta la primacía la empresa estatal.
Expectativas
Al iniciar en abril de 2018, la actual legislatura marcó el retiro de la llamada generación histórica de la revolución de 1959 y el traspaso de los principales cargos del Estado y el gobierno a personas más jóvenes.
Díaz-Canel asumió entonces como presidente del Consejo de Estado y de Ministros, cargo que desapareció con la entrada en vigor de la Constitución, en abril de 2019.
Con la nueva estructura gubernamental que recuperó los cargos de Presidente de la República y Primer Ministro, la ANPP ratificó a Díaz-Canel como mandatario en octubre de ese año.
Sobresale dentro del ejercicio legislativo la discusión ciudadana y votación del texto constitucional, así como 35 nuevas leyes, algunas polémicas como el Código de las Familias y el Código Penal.
Único de los proyectos sometido a referendo, el Código de las Familias fue refrendado en septiembre, pese a posturas conservadoras y llamados a rechazarlo.
Entre múltiples hitos, el texto legalizó el derecho de parejas del mismo género al matrimonio, las técnicas de reproducción asistida y la adopción, incorporó herramientas para combatir las violencias en el ámbito familiar y amplió las protecciones y garantías para la maternidad, paternidad, infancia las personas adultas mayores y aquellas con discapacidad.
Activistas, periodistas independientes, disidentes y otras personas deploraron que el Código Penal, en vigor desde diciembre, no fue sin embargo objeto de plebiscito, y mostraron preocupación por acápites que, opinan, pueden ser usados para acallar a voces críticas contra el gobierno.
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“Son muchos los retos de la nueva legislatura. Más allá de aprobar nuevas leyes, sería importante trazar estrategias para que la sociedad cubana avance”, manifestó Yoelkis Torres, coordinador del proyecto sociocultural AfroAtenas, enfocado en el activismo comunitario y por la no violencia en la occidental ciudad de Matanzas.
En conversación con IPS, Torres consideró oportuno una vez aprobadas las leyes “agilizar las normas y reglamentos complementarios”, porque además de hacer efectivo el disfrute de derechos, “garantizan el acceso a servicios y cómo hacerlo”.
También abogó por “elevar la cultura jurídica y legislativa de la población, porque muchas veces no sabemos qué derechos exigir, ni cómo hacerlo”.
Rafuls, por su parte, recomendó acompañar los procesos económicos con “el apoyo de la ciencia y la práctica concreta”.
El experto llamó a valerse de “las formas más efectivas de participación política, así como los diversos tipos de expresión cultural, ponderando el papel del municipio y de las zonas más atrasadas, para fortalecer la unidad, desde la base, en torno al proyecto revolucionario”.
Finalmente propuso “avanzar en el proceso de ordenamiento institucional del Estado, y desarrollar, sobre la base de la innovación y las tecnologías de la información y las comunicaciones, nuevas formas de intercambio de la sociedad civil con los gobiernos, central y locales, y de ejercicio de los derechos ciudadanos”.
Al nuevo parlamento le espera el análisis de leyes como la de Comunicación social, la de Transparencia y acceso a la información; de Formas asociativas y la de Salud pública que contempla el reconocimiento de la eutanasia como derecho a una muerte digna.
ED: EG
