NACIONES UNIDAS – Como ejemplo de la «hipocresía occidental», un alto funcionario de la ONU dijo una vez a un grupo de periodistas, quizá medio en broma: “Cuando uno hace una de esas visitas turísticas a Europa, le enseñan sus palacios y castillos, pero nunca sus prisiones medievales ni sus cámaras de tortura”.
Los torturadores del mundo, según los países occidentales, se encuentran sobre todo en países como Iraq, Afganistán, Siria y en regímenes autoritarios de Medio Oriente, con fama de dar azotes con látigo, palizas, grilletes, descargas eléctricas y ahorcamientos públicos.
En años más recientes, la tortura y el ahogamiento simulado fueron formas habituales de castigo en la prisión estadounidense de Guantánamo, en la prisión de Abu Ghraib, durante la ocupación de Iraq por Estados Unidos, y en la base aérea estadounidense de Bagram, en Afganistán.
Y en el corazón de Ámsterdam hay un Museo de la Tortura y un Museo de Instrumentos de Tortura Medievales, que muestran algunos de los instrumentos de una época pasada.
En enero, Amnistía Internacional, con sede central en Londres, encabezó una coalición de más de 30 organizaciones de la sociedad civil (OSC) que demandan que se agilice un tratado para controlar el comercio de instrumentos de tortura utilizados para reprimir protestas pacíficas y maltratar a detenidos en todo el mundo.
Simon Adams, presidente y director general del Centro para las Víctimas de la Tortura, dijo a IPS que es “repugnante e indignante” que, a pesar de que la tortura es ilegal en todas partes, en todo momento y en todas las circunstancias, más de 500 empresas de 58 países sigan fabricando, comercializando y vendiendo en el mercado mundial productos utilizados en la tortura.
“Ha llegado el momento de regular estrictamente los productos que algunas fuerzas de seguridad utilizan deliberadamente para cometer torturas, y de imponer una prohibición mundial de los productos que no tienen otro uso que la tortura”, dijo el máximo dirigente de la mayor organización internacional que trata a los supervivientes y aboga por el fin de la tortura en todo el mundo.
“Debemos prohibir este comercio inmoral de indecible sufrimiento humano. La Asamblea General de la ONU es nuestro parlamento mundial, y el derecho internacional obliga a los Estados a ayudar a prevenir la tortura”, remarcó.
Así pues, “la Asamblea General debe avanzar inmediatamente hacia la adopción de un Tratado sobre el Comercio Libre de Tortura y prohibir que personas y empresas se lucren con la tortura”, demandó.
En la declaración firmada en Londres el 20 de enero, grandes organizaciones internacionales lanzaron una campaña para pedir un tratado que prohíba la fabricación y el comercio de material intrínsecamente abusivo, como las porras con pinchos y los dispositivos de descargas eléctricas corporales.
El tratado, pidieron, también debe introducir controles basados en los derechos humanos sobre el comercio de material más habitual para hacer cumplir la ley, como el gas pimienta, las balas de goma y las esposas.
Según la coalición, estos artículos se utilizan a menudo para cometer actos de tortura u otros malos tratos, que están categóricamente prohibidos por el derecho internacional.
Sobre si un tratado de este tipo debe establecerse en las Naciones Unidas, Verity Coyle, asesora de Derecho y Política de Amnistía Internacional, dijo a IPS que sí y que su organización realiza una campaña en todo el mundo a favor de un Tratado de Comercio Libre de Tortura a través de nuestra campaña emblemática: «Proteger la protesta».
El 30 de mayo de 2022, un Grupo de Expertos Gubernamentales (GEG) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio un paso importante para poner fin al comercio de instrumentos de tortura, con un documento que sentó las bases para regular el vergonzante comercio.
Para Coyle, la Asamblea General de la ONU (AGNU) de 193 miembros es el foro lógico para establecer y poner en vigor el tratado, con las recomendaciones del GEG como punto de partida.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
El tratado es respaldado también por una Alianza para un Comercio Libre de Tortura, que cuenta con más de 60 miembros gubernamentales y es coordinada por Argentina, Mongolia y la Unión Europea (UE), que fue lanzada en septiembre de 2017 en Nueva York, durante la Asamblea General de la ONU de ese año, pero al margen de ella.
La Alianza realiza reuniones periódicas, en algunas de las cuales han participado Amnistía y otras organizaciones. “Seguimos manteniendo reuniones periódicas con la UE en particular en previsión de que se presente una resolución solicitando un mandato de negociación”, dijo Coyle.
La sociedad civil de América Latina, añadió, habla regularmente con Argentina sobre el proceso para avanzar hacia el tratado.
“Nuestras secciones de todo el mundo están a punto de embarcarse en una serie de reuniones de grupos de presión en las capitales», adelantó Coyle, quien también forma parte del Comité Directivo Mundial de la Campaña para Acabar con los Robots Asesinos, de la que Amnistía Internacional es miembro.
Los 60 Estados que actualmente conforman la Alianza pertenecen a todas las regiones del mundo y se han comprometido a «actuar juntos para prevenir, restringir y poner fin al comercio» de bienes utilizados para la tortura, otros malos tratos y la pena de muerte.
En junio de 2019, la Asamblea General de la ONU adoptó la Resolución A/73/L.94, Hacia un comercio libre de tortura, iniciando un proceso para “examinar la viabilidad, el alcance y los parámetros de posibles normas internacionales comunes” para regular el comercio internacional en este ámbito.
La primera etapa de este proceso dentro de la ONU dio lugar con la publicación en julio de 2020 de un estudio de su secretario general, António Guterres. En el documento se incluyó las posiciones de los Estados miembros en una encuesta, que mostraba que la mayoría de los entrevistados apoyaban el establecimiento de normas internacionales sobre el comercio de instrumentos de tortura.
También se concluyó que la mayoría de los Estados creía que esas normas deben establecerse mediante un «instrumento jurídicamente vinculante que establezca medidas para controlar y restringir el comercio de bienes utilizados para aplicar la pena de muerte, infligir torturas u otras formas de malos tratos».
En tanto, la relatora especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Fionnuala N. Aolkin, comenzó el lunes 6 de febrero una «visita técnica» a Estados Unidos.
Hasta el 14 de febrero, Aolkin visitará Washington y, posteriormente, el centro de detención de la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba.
En el transcurso de los tres meses siguientes, Aolkin también llevará a cabo una serie de entrevistas con personas en Estados Unidos y en el extranjero, de forma voluntaria, incluidas víctimas y familiares de víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y antiguos detenidos en países de reasentamiento/repatriación.
La visita se realiza de acuerdo con los Términos de Referencia para las Visitas a Países de los Titulares de Mandatos de los Procedimientos Especiales de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Además de Amnistía Internacional, entre las organizaciones de la sociedad civil que hacen campaña a favor del tratado figuran la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el Artículo 36, la Alianza Asiática contra la Tortura y la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT).
También participan la estadounidense Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard, la Comisión Internacional de Juristas, el Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura, la Alianza Filipina de Defensores de los Derechos Humanos y la Liga Internacional de Mujeres pro Paz y Libertad (Limpal), entre otras.
Coyle, de Amnistía Internacional, señaló también que en los últimos años se ha utilizado material como gases lacrimógenos, balas de goma, porras y correas para intimidar, reprimir y castigar a manifestantes, defensores de los derechos humanos y otras personas, durante la vigilancia policial de manifestaciones y en lugares de detención, en todas las regiones.
Miles de manifestantes han sufrido lesiones oculares como consecuencia del uso imprudente de balas de goma, mientras que otros han sido alcanzados por granadas de gas lacrimógeno, rociados con cantidades excesivas de sustancias químicas irritantes, golpeados con porras o forzados a adoptar posturas de tensión mediante instrumentos de inmovilización.
A pesar de ello, en la actualidad no existen controles mundiales relacionados con los derechos humanos sobre el comercio de material, instrumentos y equipos para hacer cumplir la ley.
Sin embargo, la Asamblea General de la ONU tiene ahora la oportunidad histórica de votar para iniciar las negociaciones sobre un tratado, sentenció Coyle.
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