NUEVA YORK – Los gobiernos de América Latina y el Caribe deben abordar problemas crónicos como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad y la degradación ambiental y, al mismo tiempo, proteger la democracia, señaló este jueves 12 la oenegé Human Rights Watch (HRW) en su Informe Mundial 2023.
Tamara Taraciuk, directora en funciones para América en la organización humanitaria, dijo que “los líderes de la región deberían demostrar que la democracia puede responder a las necesidades de la población, promoviendo los derechos a la salud, la educación y la seguridad y fortaleciendo el estado de derecho”.
Según HRW, las carencias crónicas para enfrentar estos problemas han sido usadas por algunos dirigentes para justificar políticas que restringen o violan derechos humanos y han impulsado a millones de personas a abandonar sus hogares en busca de seguridad y oportunidades en el extranjero.
El reporte recordó que durante 2022 resultaron electos o tomaron posesión del cargo nuevos presidentes en Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Honduras, en tanto se espera que en 2023 o en 2024 se celebren elecciones en Argentina, El Salvador, Guatemala, México y Venezuela.
Indicó que algunas elecciones se llevaron a cabo en un contexto de violencia política y ataques a la independencia de las instituciones electorales, y numerosos candidatos propusieron debilitar los derechos humanos y las garantías democráticas.
“La falta de respuestas eficaces ante la corrupción, la violencia y la pobreza ha sido usada como pretexto por parte de políticos que prometen soluciones que suenan sencillas pero que suelen resultar abusivas”, expresó Taraciuk.
El Informe Mundial 2023 de HRW examina la situación de los derechos humanos en casi 100 países, y en él su conductora Tirana Hassan, afirma que, en un mundo en el que las dinámicas de poder han cambiado, ya no es posible confiar en un pequeño grupo de gobiernos, en su mayoría del Norte, para defender los derechos humanos.
Según su análisis, la movilización global en torno a Ucrania “demuestra el extraordinario potencial que existe cuando gobiernos de todo el mundo cumplen sus obligaciones en materia de derechos humanos”.
En América Latina y el Caribe, destaca el informe, casi un tercio de la población vive en la pobreza, más de una décima parte en la pobreza extrema, y más de la mitad de los ingresos totales de la región van a parar al 20 % más rico.
“La falta de respuestas eficaces ante la corrupción, la violencia y la pobreza ha sido
usada como pretexto por parte de políticos que prometen soluciones que suenan
sencillas pero que suelen resultar abusivas”: Tamara Taraciuk.
El racismo estructural continúa presente, y la pobreza y la desigualdad afectan en forma desproporcionada a mujeres, niños, niñas y personas indígenas.
Por otra parte, la deforestación y los incendios forestales están llevando a la selva amazónica, que constituye “un baluarte clave para contrarrestar el cambio climático”, a un punto de inflexión del cual no podrá recuperarse, según advierten científicos.
“En Brasil, las políticas ambientales desastrosas del gobierno del expresidente Jair Bolsonaro generaron en 2021 la deforestación más acelerada en 15 años, y en Venezuela, la minería ilegal está causando gravísimos daños al medioambiente y a las comunidades indígenas”, expuso el reporte.
Insistió en que “la deforestación ilegal desenfrenada está devastando la biodiversidad de la región y los medios de vida de quienes viven en los bosques y, junto a la industria de combustibles fósiles, sigue siendo uno de los principales factores que contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero”.
En Cuba, Nicaragua y Venezuela, “regímenes opresivos cometen abusos aberrantes contra críticos para silenciar el disenso”, y ante ello “los líderes de América Latina que han sido elegidos de manera democrática pueden desempeñar un papel esencial para presionar por una transición democrática”.
Como ejemplo, según HRW, esos mandatarios podrían “instar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela a que negocie condiciones electorales aceptables; al de Daniel Ortega en Nicaragua a que libere a más de 200 presos políticos; y al de Cuba a que
retire los cargos penales contra personas detenidas arbitrariamente”.
También los altos niveles de violencia en la región siguen siendo una preocupación. América Latina y el Caribe es la región con la tasa anual de homicidios más alta del mundo, de 21 por cada 100 000 habitantes.
“En El Salvador, las medidas de mano dura impuestas por el gobierno del presidente Nayib Bukele en materia de seguridad y el acelerado desmantelamiento de las instituciones democráticas han propiciado violaciones generalizadas de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad”, advirtió el reporte.
Y en México, durante la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador “los delitos violentos han llegado a máximos históricos. López Obrador ha profundizado las estrategias fallidas de militarización que habían implementado sus predecesores”.
En Haití, “en un contexto de crisis política y humanitaria, las pandillas son responsables de una ola de asesinatos, secuestros y violencia de género, y el sistema de justicia de Haití está prácticamente colapsado”.
Otro caso es el de Ecuador, que “experimentó un incremento importante en el número de homicidios y en la violencia perpetrada por pandillas. La superpoblación y la falta de control estatal en las cárceles han permitido a las pandillas reclutar nuevos miembros y asesinar a más de 400 personas detenidas desde 2021”.
Finalmente, “millones de personas han migrado en América Latina escapando de la violencia, la represión y la pobreza. Ello incluye más de 7,1 millones de venezolanos que han huido de su país desde 2014, así como cientos de miles que huyen cada año de América Central, México, Haití, Cuba y otros países”.
El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden ha promovido que gobiernos latinoamericanos impongan políticas inmigratorias abusivas, un factor que contribuye a agravar la crisis, según la oenegé.
Ante ello, los gobiernos del continente deberían “adoptar una respuesta regional coordinada a la migración e implementar los compromisos estipulados en la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, adoptada en junio, para ampliar el acceso al estatus legal y la integración”, concluyó el informe de HRW.
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