LUCKNOW, India – El nuevo presidente del Tribunal Supremo de la India (TSI), Dhananjaya y Chandrachud, tiene un importante desafío por delante, ya que los activistas y las minorías mantienen la esperanza de que se mantenga fiel a su legado de dictar sentencias que consoliden la Constitución, especialmente sobre la libertad personal.
Sanjay Kapoor, editor fundador de la revista Hardnews y analista político, dijo a IPS que muchos de los fallos de los tribunales indios en los últimos tiempos han sido muy perturbadores.
“En nombre de la seguridad nacional, se invocan leyes draconianas para frenar la libertad personal. Periodistas y activistas han sido arrestados y encerrados bajo la ley antiterrorista sin pruebas”, dijo Kapoor.
Puso el ejemplo de Siddique Kappan, a quien se mantiene preso por más de dos años por razones desconocidas. Kappan obtuvo la libertad bajo fianza de la Corte Suprema, pero las leyes contra el lavado de dinero se impusieron inmediatamente contra él para garantizar que permaneciera en prisión.
La principal preocupación de Kapoor es el socavamiento de los tribunales por parte del gobierno central indio, lo que seguramente debilitará las instituciones y dañará la democracia en la India.
En tanto, el TSI también advirtió que no estaba aquí para hacer milagros.
“Sé que los desafíos son altos; quizás las expectativas también sean altas y estoy profundamente agradecido por su sentido de fe, pero no estoy aquí para hacer milagros”, dijo Chandrachud después de su nombramiento.
Los desafíos que enfrenta el poder judicial incluyen una acumulación de casos, demoras en el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema e inconsistencias significativas en los enfoques judiciales.
Poco después de que Chandrachud prestara juramento el 9 de noviembre, expresó su preocupación por la larga lista de solicitudes de libertad bajo fianza ante la Corte Suprema. Dijo que los jueces de distrito son reacios a conceder la libertad bajo fianza de manera justa por temor a ser atacados.
Los activistas dicen que esta es la misma razón por la que el personal de los medios, los opositores políticos y los activistas sociales languidecen actualmente tras las rejas sin derecho a fianza.
La activista Teesta Setalvad fue arrestada en junio de 2021, y su petición de libertad bajo fianza solo fue aceptada tres meses después, cuando finalmente fue liberada. Hay otros, como el líder estudiantil Umar Khalid, que permanecen en la cárcel desde hace más de dos años.
El sistema judicial en India está bajo una tremenda presión.
Hasta mayo pasado, innumerables casos estaban pendientes en los tribunales de diferentes niveles del poder judicial. Muchos de los casos estaban pendientes en tribunales inferiores, un gran porcentaje en tribunales superiores, mientras que 100 000 casos han estado pendientes durante más de 30 años.
La tendencia creciente a dirimir sus problemas incoando litigios y cada vez más personas y organizaciones buscan justicia en los tribunales. Sin embargo, no hay suficientes jueces para escuchar los casos. Los tribunales están sobrecargados y la acumulación de casos es intimidante.
La reticencia a conceder la libertad bajo fianza a opositores especialmente políticos no ha hecho más que agravar el asunto.
Más recientemente, Sanjay Raut, líder principal del partido de oposición, dijo que había perdido 10 kilógramos de peso mientras estaba en prisión. El legislador fue acusado de lavado de dinero. Estuvo en la cárcel durante 100 días antes de que se le otorgara la fianza en noviembre. Lo mantuvieron en una celda oscura donde no vio la luz del sol durante 15 días.
Raut dijo que no habría sido arrestado si se hubiera rendido a la voluntad del oficialismo y permanecido como un espectador mudo de la política del momento. Se preguntó si solo se seguiría arrestando a quienes se oponen a la política del partido gobernante.
El uso del sistema de justicia como una herramienta política y la renuencia a otorgar fianzas a nivel de distrito ha obstruido el poder judicial superior con demasiados casos.
“La razón por la que el poder judicial superior se ve inundado con solicitudes de fianza es por la renuencia de las bases a otorgar la fianza, y por qué los jueces se muestran reacios a otorgar la fianza no porque no tengan la capacidad de comprender el delito», dijo Chandrachud en un acto del Colegio de Abogados de India.
Analizó que esos jueces «probablemente entienden el crimen mejor que muchos de los jueces de los tribunales superiores porque saben qué crimen hay en las bases de los distritos, pero hay una sensación de temor de que si conceden la libertad bajo fianza, alguien los atacará mañana con el argumento de que concedieron la libertad bajo fianza en un caso atroz».
«Esta sensación de miedo de la que nadie habla, pero que debemos enfrentar porque, a menos que lo hagamos, dejaremos sin dientes a nuestros tribunales de distrito y disfuncionales a nuestros tribunales superiores”, añadió el presidente del TSI
La Tribunal Supremo es quizás la corte más poderosa del mundo. Sin embargo, en los últimos tiempos, el Poder Judicial de este país del sur de Asia ha sido criticado por su manejo desigual de los casos. Está, además, bajo escrutinio por las contradicciones encontradas en su funcionamiento.
El hecho de que un exjuez del TSI aceptara un escaño en la cámara alta del parlamento poco después de su retiro hace dos años había llamado la atención.
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La supuesta deferencia del poder judicial hacia el gobierno actual es una gran preocupación, incluido el arresto continuo de opositores políticos, y la negativa a conceder la libertad bajo fianza a los arrestados se está convirtiendo en la norma. Por otro lado, a los “amigos” del partido gobernante se les permite salirse con la suya con el asesinato y la violación.
La nación quedó conmocionada después de que se hiciera público un documento en octubre pasado como prueba de que el Ministerio del Interior aprobó la liberación anticipada de 11 hombres condenados por la violación en grupo de Bilkis Bano y el asesinato de su familia durante los disturbios de Gujarat en 2002, a pesar de la oposición de un tribunal especial. Un miembro del Partido Comunista de la India (marxista), Subhashini Ali, la periodista Revati Laul y el profesor Roop Rekha Verma presentaron juntos un litigio de interés público (PIL) contra una remisión otorgada a 11 convictos que fueron liberados el 15 de agosto, en las celebraciones del 75º Día de la Independencia de la India este año, por buena conducta.
Bano fue violada en grupo junto con 14 miembros de su familia. Su hija Saleha, de 3 años, fue asesinada por una turba en un pueblo de la provincia de Gujarat cuando huían de la violencia comunitaria en 2002. Bano tenía 19 años y estaba embarazada de cinco meses en ese momento. Shobha Gupta, la abogada de Bano, ha luchado durante años para que la sobreviviente de violación obtenga justicia. Gupta le dijo a la periodista Barkha Dutt, que está destrozada e incapaz de enfrentarse a Bano, que tras la liberación de sus violadores, Bano está en silencio y se siente sola.
Dutt había entrevistado a Bano hace 20 años. Hoy escribió en su columna que una injusticia indescriptible se desarrolla con impunidad descarada. Su legalidad es dudosa. Dutt dijo: «Vamos a armar un escándalo».
Después de que liberaron a los hombres que violaron a Bano y mataron a su hijo, fueron recibidos fuera de la prisión con dulces y guirnaldas. Esta es la historia de una nación muy gravemente enferma, dijo el columnista Jawed Naqvi.
“La nación que clamaba por la ejecución de los hombres que violaron a una mujer joven en un autobús en Delhi en 2012 parecía sorda ante el trauma de Bilkis”, escribió Naqvi. El Poder Ejecutivo le ha dado la espalda a Bano. Los medios de comunicación están desinteresados y la sociedad civil ha sido intimidada para que guarde silencio en un momento en que los principios están pasados de moda para la mayoría de los políticos”.
Entonces, ¿quién hará justicia para ciudadanos como Bano?
¿La Suprema Corte?
En un alegato presentado por Azam Khan en julio pasado, el líder del partido de oposición señaló una nueva tendencia entre los tribunales superiores de imponer condiciones de fianza innecesarias. Khan dijo que un tribunal superior había ordenado al político que entregara la tierra supuestamente invadida como condición para la libertad bajo fianza. El fallo fue revocado.
Buscar justicia en estos días es difícil dentro y fuera de los tribunales.
Khan, de 74 años, ha estado tras las rejas desde principios de 2020. Se le han imputado múltiples cargos, incluidos corrupción, robo y apropiación de tierras, en un esfuerzo por asegurarse de que permanezca tras las rejas por uno u otro cargo. Sin embargo, a Khan se le concedió una fianza provisional en mayo pasado. Unos meses después, fue multado y ha sido condenado a tres años más de prisión por un discurso de odio realizado en 2019.
En ese momento, Khan fue acusado de culpar al primer ministro de crear una atmósfera en el país que dificultaba la vida de los musulmanes, la comunidad minoritaria más grande de la India.
Según un nuevo informe publicado por la oenegé Consejo de Derechos de las Minorías en India (CMRI), con sede en Estados Unidos, los organismos encargados de hacer cumplir la ley desempeñan un papel en la promoción de los delitos motivados por el odio.
Al hablar sobre los aspectos legales de la persecución, el abogado Kawalpreet Kaur dijo que las minorías se enfrentan a la peor parte del estado en diversos grados.
Los casos del ataque y agresión contra los musulmanes durante los disturbios de Delhi han estado en los tribunales superiores durante los últimos dos años.
“Los tribunales indios deben mantener los ojos y los oídos abiertos; la casa de Afree Fátima demolida no es un caso aislado, o cuando los puestos de los musulmanes de clase trabajadora fueron arrasados en Delhi a pesar de que no se acudió a la corte”, dijo.
El letrado lo calificó de ataque del Estado indio contra sus minorías y de una campaña de desinformación e islamofobia de la que es testigo todos los días.
La publicación del informe del CMRI llega en un momento en que numerosos países y organizaciones están pidiendo a la India que haga un balance de la difícil situación de sus minorías religiosas.
Seis grupos de derechos internacionales: la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), Christian Solidarity Worldwide (CSW), Red Internacional de Solidaridad Dalit (IDSN), Amnistía Internacional y Human Rights Watch han recordado a Nueva Delhi en una declaración conjunta de que aún debe implementar las recomendaciones de un informe reciente de la ONU sobre India, en que se demanda la protección de las minorías y los defensores de los derechos humanos, la defensa de las libertades civiles y más.
“El gobierno indio debe adoptar y actuar rápidamente sobre las recomendaciones que los estados miembros de las Naciones Unidas hicieron en el proceso de Revisión Periódica Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 10 de noviembre”, se dice en la declaración conjunta.
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