MONTREAL – Además de sus propiedades nutricionales, la quinoa, un grano ancestral proveniente de los Andes, posee también virtudes cosméticas. Así consta en el permiso de uso del recurso y distribución de beneficios ABSCH-IRCC-PE-261033-1 emitido en febrero a una particular, mediante un contrato de uso comercial por 15 meses.
Ese aval, que emitió el gubernamental Instituto Nacional de Innovación Agraria de Perú, permite a la beneficiaria de ese país el uso del material en una composición cosmética para la regeneración de la piel.
Pero lo hace con restricciones como el registro de productos obtenidos o la salida de elementos del país incaico, para impedir riesgos de aprovechamiento irregular sin reparto justo de beneficios, la temida biopiratería.
El material autorizado puede tener una representación digital de su estructura genética que a su vez puede generar nuevas estructuras de las cuales pueden surgir fórmulas o productos, llamadas información de secuencias digitales (DSI, en inglés), en el universo de aplicaciones de investigación o comerciales dentro del CDB.
Esas cadenas y su gestión forman parte de los debates de la 15 Conferencia de las Partes (COP15) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de Naciones Unidas, que comenzó el día 7 y que debe culminar el 19 de diciembre en el Palacio de Congresos de la ciudad canadiense de Montreal.
La cumbre reúne a unas 15 000 personas en representación de los 196 Estados parte del CDB, organizaciones no gubernamentales, la academia, organismos internacionales y empresas.
El centro del debate es el Marco Mundial sobre Diversidad Biológica Posterior a 2020, que consta de 22 metas, como el financiamiento para la conservación, los lineamientos sobre secuenciación digital de material genético, ecosistemas degradados, áreas protegidas, especies amenazadas, el rol de las empresas e igualdad de género.
Como la mayoría de asuntos, un acuerdo alrededor de DSI y la repartición de beneficios por su uso, contenidos en uno de los cuatro objetivos del Marco Mundial y la meta 13, está atorado desde aspectos como las definiciones hasta los posibles mecanismos de distribución.
“Se desconoce el registro de pueblos indígenas que han acordado reparto de beneficios. Se ha dicho que algunos conocimientos provienen de los pueblos, pero un mecanismo de beneficios no ocurre con esos mismos pueblos”: Cristiane Juliao.
Sin el giro digital, el tema late en el centro del Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización, parte del CDB, firmado en esa ciudad japonesa en 2010 y vigente desde 2014.
Para la alemana Amber Scholz, integrante de la Red de Científicos de DSI, un grupo de 70 expertos de 25 países, es urgente el cierre de la brecha entre el potencial de innovación existente y un sistema justo de distribución de beneficios, de modo que la secuenciación digital beneficie a todos.
“Ya pasó una década y las cosas no han salido tan bien. La promesa de un sistema de innovación, acceso abierto y distribución de beneficios está rota”, señaló a IPS la también investigadora del Departamento de Ecología Microbiana y Diversidad de la privada Colección Alemana de Microorganismos y Cultivos Celulares-DSMZ, del Instituto Leibniz.
El DSI procede de la revolución en el uso masivo de herramientas tecnológicas y que también ha alcanzado al entorno biológico, fundamental en el hallazgo y fabricación de moléculas y medicamentos como los utilizados en las vacunas contra el coronavirus que ha ocasionado la pandemia de covid-19.
Las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, adoptadas en 2010 en esa ciudad japonesa durante la COP10 del CDB, fueron incumplidas en el año fijado: 2020, y ahora van a ser renovadas y actualizadas por el Marco Mundial que emanará con más o menos ambición de Montreal.
En esas Metas figuró el respeto a los conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales relacionadas con la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, y su uso consuetudinario de los recursos biológicos.
Además, apareció su integración en la aplicación del Convenio con la participación plena y efectiva de las comunidades indígenas y locales.
Falta de claridad en la definición de DSI, retos en la trazabilidad del país de origen de la secuencia vía bases digitales, temor a pérdida de acceso abierto a los datos y perspectivas divergentes de mecanismos de distribución de beneficios son otros aspectos que complican la discusión de los delegados gubernamentales.
Con la llamada Agenda de Acción: Hacer una Promesa, organizaciones, empresas e individuos ya han asumido de forma voluntaria 586 compromisos en la COP15, cuyo lema es “Civilización ecológica. Construyendo un futuro compartido para toda la vida en la tierra”.
De ellos, solo 44 versan sobre acceso y distribución de beneficios, mientras que 294 se dirigen a conservación y restauración de ecosistemas terrestres, alianzas, 185; adaptación al cambio climático y reducción de emisiones,155.
Paraísos genéticos
El acceso a materiales genéticos con fines comerciales o no comerciales se ha convertido en un tema de gran preocupación en los países del Sur global, por el temor a la biopiratería, especialmente con el arribo de la secuenciación digital, y en la medida en que no es necesario el acceso físico a los recursos genéticos.
Aunque el Protocolo de Nagoya incluye mecanismos de acceso y repartición de beneficios, los mecanismos de secuenciación digital han generado confusión. De hecho, ese instrumento creó un mercado en el cual las jurisdicciones laxas han sacado ventaja, al convertirse en paraísos genéticos.
En el mundo operan unos 2000 bancos genéticos que atraen a unos 15 millones de usuarios. Se han registrado casi 2000 millones de secuencias, según estadísticas de GenBank, una de las principales bases de datos del sector y parte del estadounidense Centro Nacional para la Información Biotecnológica.
Argentina encabeza la lista de permisos de acceso a material genético en América Latina bajo el marco del Protocolo (56), de los cuales dos son de índole comercial, seguido por Perú (54, cuatro comerciales) y Panamá (39, uno comercial). México frenó estos accesos en 2019, luego del escándalo de un registro de maíz en 2016.
En México operan unos 100 bancos genéticos, 88 en Perú, 56 en Brasil, 47 en Argentina y 25 en Colombia.
“La comunidad científica está dispuesta a compartir beneficios mediante mecanismos simples que no abrume injustamente a los investigadores en países de bajos y medianos ingresos”: Amber Scholz.
Los mayores proveedores de recursos genéticos que desembocan en DSI disponibles públicamente son Estados Unidos, China y Japón. Brasil ocupa el puesto 10 entre fuentes y usuarios de las muestras, según un estudio que Scholz y otros cinco investigadores publicaron en 2021.
Los mecanismos de manejo de las secuencias de información genética se han convertido en una condición para negociar el nuevo Marco Mundial post 2020 para la biodiversidad, lo que supone un conflicto entre los países de mayor diversidad biológica (generalmente de ingresos medios y bajos) y los países del Norte industrial.
Los indígenas y su porción
Para Cristiane Juliao, una indígena del pueblo pankararu, que integra la brasileña Articulación de Pueblos y Organizaciones Indígenas del Nordeste, Minas Gerais y Espírito Santo, los esquemas deben favorecer la participación de los pueblos originarios y garantizar una distribución justa de los beneficios.
“No nos fijamos en un elemento pequeño de una planta. Vemos todo el contexto y el papel de esa planta. Todo el conocimiento tradicional está asociado al patrimonio genético, porque lo usamos en alimentos, medicina o actividades espirituales”, dijo a IPS en una de las salas de la COP15.
Por eso, para la dirigente indígena, “es importante la trazabilidad, para saber dónde se adquirió el conocimiento o el sitio donde hubo acceso al conocimiento”.
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En Montreal, los colectivos originarios brasileños buscan el reconocimiento de que el secuenciamiento digital contiene información que pueblos indígenas y comunidades locales protegen, la información digital debe ser objeto de reparto de beneficios, garantía de consulta libre y la participación efectiva de grupos aborígenes en los registros de información digital.
Gracias al sistema erigido con base en la Ley de Biodiversidad, vigente desde 2016, el gobierno brasileño, registra ingresos por cinco millones de dólares por los permisos emitidos.
El Grupo de Trabajo responsable de la redacción del nuevo Marco Mundial planteó un conjunto de opciones de medidas para la distribución de beneficios.
Ellas van desde el mantenimiento de la situación actual, la integración de la información digital sobre secuencias de recursos genéticos en las medidas nacionales de acceso y participación en los beneficios, hasta la creación de un impuesto de 1 % sobre ventas minoristas de recursos genéticos.
Rezago
Existe un vacío jurídico del tema, pues el CDB, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y el Tratado Internacional sobre Recursos Genéticos Vegetales para la Alimentación y la Agricultura, vigente desde 2004, no abarcan sus aristas.
Scholz sugirió a la COP la toma de una decisión que demuestre voluntad política para establecer un sistema justo e igualitario. “La comunidad científica está dispuesta a compartir beneficios mediante mecanismos simples que no abrume injustamente a los investigadores en países de bajos y medianos ingresos”, propuso.
Juliao demandó un sistema más inclusivo y justo. “Se desconoce el registro de pueblos indígenas que han acordado reparto de beneficios. Se ha dicho que algunos conocimientos provienen de los pueblos, pero un mecanismo de beneficios no ocurre con esos mismos pueblos”, planteó.
IPS realizó este artículo con el apoyo de Earth Journalism Network, de Internews.
ED: EG
