LIMA – En el mismo instante que Pedro Castillo disolvía el Congreso de Perú y anunciaba el estado de excepción, un testigo declaraba ante una comisión investigadora parlamentaria que había entregado dinero al expresidente, obtenido de un soborno solicitado a una empresaria.
En la mañana del miércoles 7, Castillo dio el golpe de Estado en gran parte para impedir que el Congreso, en la sesión de la tarde del mismo día, lo destituya por presuntos actos de corrupción.
Al fracasar la efímera aventura golpista de Castillo y haber sido apresado, el Congreso obtiene una victoria pírrica porque carece de autoridad moral. Varios legisladores enfrentan similares y más graves acusaciones de corrupción que Castillo.
Por eso, los peruanos esperaban que la nueva presidenta, Dina Boluarte, al asumir el cargo anunciara nuevas elecciones.
El 22 de noviembre de este año, una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), señalaba que 87 % estaba a favor de la convocatoria de un proceso electoral general en caso Castillo fuera vacado (destituido). En lugar de eso, Boluarte juró a la presidencia “hasta el año 2026”, cuando culminaba el periodo de Castillo, y no habló de nuevas elecciones.
Como consecuencia de la postura de Boluarte -el 7 de diciembre de 2021 dijo que “si vacan (destituyen) al presidente Castillo, yo me voy con el presidente”-, estallaron protestas en Lima y a lo largo del país, al considerar los ciudadanos que fueron traicionados.
Hay que recordar que Castillo llegó el 28 de julio de 2021 a la presidencia, tras ganar las elecciones con votaciones de hasta 80 % en las regiones andinas más pobres.
Maestro de escuela rural en las míseras zonas del norte andino, en el departamento de Cajamarca, con amplia experiencia como dirigente sindical de los docentes estatales, Castillo encajó una sistemática campaña de descrédito desde el día número uno de su gobierno, por parte de los sectores políticos de derecha que habían sido derrotados por el candidato de izquierda.
Además, no eran organizaciones de derecha caracterizadas por su participación en la consolidación de la democracia sino agrupaciones involucradas en gravísimos actos de corrupción.
Keiko Fujimori, líder de la derechista Fuerza Popular, encabezó una campaña para denunciar un falso fraude electoral. Se sumaron los otros partidos de derecha que perdieron las elecciones. Como Podemos Perú, de José Luna. Si algo tienen en común Fujimori y Luna es que los dos enfrentan investigaciones fiscales por crimen organizado y lavado de activos.
Como no funcionó la trama del fraude, los partidos de derecha en el Congreso acordaron para el 7 de diciembre de 2021 -¡menos de 5 meses de iniciado el gobierno!- votar por el primer intento de destitución de Castillo. Y el 28 de marzo de este año, una nueva propuesta no alcanzó los votos.
La derecha nunca descansó. También presentó una burda acusación por traición a la patria, sustentándose en un supuesto ofrecimiento que hizo Castillo a Bolivia para que tenga salida al mar por territorio nacional. Tampoco funcionó.
Sin embargo, paralelamente, comenzaron a aparecer episodios de presuntos actos de corrupción protagonizados por personajes muy allegados y familiares del presidente Castillo.
Por ejemplo, reuniones secretas en una vivienda con empresarios y funcionarios públicos, fuera de la agenda presidencial, sin transparencia ni fiscalización. El ex jefe de Estado tenía lo que se llamó un “gabinete en la sombra”, un conjunto de paisanos, amigos íntimos y sobrinos que hacían el trabajo sucio de acopiar dinero.
Entre ellos se encontraba Salatiel Marrufo, el mismo que estaba declarando en el Congreso el 7 de diciembre, cuando Castillo daba su discurso para cerrar el Congreso.
Pero resulta que ese mismo testigo también ha declarado que Castillo pidió dinero para repartir a 20 congresistas que a cambio votarían contra el primer intento de destitución del 7 de diciembre de 2021.
Y esos mismos 20 legisladores son los que participaron en la votación del 7 de diciembre de 2022 para desaforar a Castillo. Por cierto, estos legisladores investigados por corrupción, también intervinieron en la designación de Dina Boluarte como nueva jefa de Estado, y la primera mujer en ese cargo en la historia peruana.
Es por eso que los peruanos encuestados opinaron en 87 % que si salía Castillo, debía llamarse a las elecciones generales. Al no suceder, han comenzado a inundar las calles, porque, en términos prácticos, todo sigue igual.
Este viernes 9, la presidenta, al darse cuenta de que la población se encuentra decepcionada por los hechos protagonizados por la clase política, ahora no descarta nuevas elecciones.
Forzada por las calles, Boluarte habla ahora de la posibilidad de adelantar las elecciones, “en conversación con las fuerzas democráticas y políticas del Congreso».
Castillo creyó contar con el respaldo de las fuerzas armadas y de la policía nacional si cerraba el Congreso. Y que los sectores populares que votaron por él, conquistarían las calles para respaldarlo con grandes marchas. No sucedió ni lo uno ni lo otro.
El destituido gobernante, aparentemente, olvidó que las fuerzas armadas y la policía nacional son radicalmente anticomunistas, debido a su reciente experiencia durante la guerra interna (1980-2020) contra el maoísta Sendero Luminoso y el marxista-leninista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
Varios oficiales ahora son congresistas por partidos de ultraderecha, como el general del ejército en retiro José Williams Zapata, para quien Castillo es un “proterrorista”.
José Williams fue parte de la cadena de mando de los militares que asesinaron a 69 campesinos en el pueblo de Accomarca, el 14 de agosto de 1985, pero fue absuelto por la justicia.
Y fue quien dirigió al comando militar que rescató a los rehenes del MRTA en la residencia del embajador japonés, el 22 de abril de 1997, durante el corrupto régimen de Alberto Fujimori (1990-2000) y su asesor Vladimiro Montesinos. Fue uno de los denunciados por la presunta ejecución de algunos de los secuestrados, pero la justicia no lo encontró responsable.
Williams es el actual presidente del Congreso, cuya gestión desaprueba 86 % de los entrevistados en la encuesta de IEP, mientras solo 10 % la aprueba. Así que, además de falta de autoridad moral por las acusaciones de corrupción, también afronta una aguda ausencia de legitimidad.
Castillo ni siquiera tuvo el respaldo total del partido Perú Libre, liderado por Vladimir Cerrón, que lo llevó a la presidencia. Cerrón construyó una organización de izquierda en provincias, en oposición a la izquierda limeña, con un fuerte discurso excluyente.
De formación castrista, graduado en medicina en La Habana, Cerrón gobernador regional de Junín, en los Andes centrales, y por su gestión enfrenta acusaciones de crimen organizado y lavado de activos.
Durante la campaña electoral de 2021, Cerrón mantuvo un sostenido y duro discurso contra los partidos de derecha, en particular el fujimorismo. Y en junio del año pasado, Perú Libre le pidió a Castillo que renuncie a su militancia, en discrepancia porque su gobierno no era de izquierda.
La bancada de Perú Libre se asociaría a su archienemigo el fujimorismo y otros grupos de derecha para negociar la aprobación de leyes contra la reforma universitaria, la acusación de exjueces y fiscales y otras autoridades corruptas, y leyes contra el crimen organizado.
Por si fuera poco, cuando se anunció la tercera propuesta para destituir a Castillo, Perú Libre votó a favor.
A último momento, cuando era claro el plan para expulsar a Castillo de la presidencia el 7 de diciembre, Cerrón anunció que Perú Libre no votaría por la vacancia. Y cuando Castillo dio el golpe de Estado, lo rechazó. No pudo haber tenido un peor compañero de viaje, el expresidente Castillo.
Acosado por organizaciones políticas corruptas, traicionado por sus principales colaboradores, bajo sospecha de las fuerzas armadas, Castillo no tenía ninguna opción de continuar en el gobierno con un golpe de Estado.
Es por eso que en menos de dos horas, abandonó Palacio de Gobierno con su familia y se dirigió a la embajada de México, cuyo presidente, Andrés Manuel López Obrador, es uno de los pocos que le expresó simpatía.
Ahora está en el mismo cuartel policial donde cumple condena Alberto Fujimori, quien dio el autogolpe de Estado de derecha el 5 de abril de 1992 y duró 8 años como dictador. Castillo, autor del único autogolpe de izquierda, un poco más de 2 horas.
No será fácil para Dina Boluarte conseguir una salida, que una clara mayoría de peruanos considera que pasa por las urnas electorales.
Los congresistas quieren quedarse hasta 2026. Los peruanos no quieren al Congreso. Todavía está a tiempo Boluarte.
ED: EG
