GINEBRA – La condena a muerte de siete estudiantes universitarios por la junta militar que gobierna Myanmar, y de otros cuatro activistas juveniles, fue severamente criticada por el alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.
“El ejército sigue celebrando juicios en tribunales secretos en violación de los principios básicos de un juicio justo y en contra de las garantías judiciales fundamentales de independencia e imparcialidad”, dijo Türk, quien pidió la suspensión de todas las ejecuciones y el regreso a una moratoria de la pena de muerte
Al menos siete estudiantes universitarios fueron condenados a morir por un tribunal militar el 30 de noviembre, y se informó que al día siguiente se dictaron cuatro sentencias de muerte adicionales contra activistas juveniles, cuya aclaración procura la oficina del alto comisionado, la Acnudh.
“Los tribunales militares han fallado sistemáticamente en mantener cualquier grado de transparencia, contrario a las garantías más básicas del debido proceso o de un juicio justo”, dijo Türk en sus oficinas en esta ciudad suiza.
En Myanmar, también conocido por su antiguo nombre de Birmania, un golpe militar derrocó el 1 de febrero de 2021 al gobierno civil del partido Liga Nacional para la Democracia (LND), que lidera la Premio Nobel de la Paz 1991, Aung San Suu Kyi, de 77 años y quien permanece bajo arresto, sometida a varios juicios.
Al golpe siguieron protestas, una represión que ha cobrado más de 2000 vidas, más de 16 000 personas han ido a la cárcel, se han desplazado poblaciones enteras y emergieron grupos armados de resistencia, principalmente en las provincias fronterizas, incrementándose el clima de crisis y violencia
En julio, los militares llevaron a cabo cuatro ejecuciones, las primeras en casi 30 años. Un exlegislador, un activista por la democracia y otras dos personas fueron ejecutados a pesar de los llamamientos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) y la comunidad internacional para que desistieran.
Cerca de 1700 detenidos de los casi 16 500 que han sido arrestados por oponerse al golpe militar han sido juzgados y condenados en secreto por tribunales ad hoc, en procesos a veces con una duración de solo minutos. Ninguno ha sido absuelto y, a menudo, no han tenido acceso a abogados ni a sus familias.
“El ejército sigue celebrando juicios en tribunales secretos en violación de los principios básicos de un juicio justo y en contra de las garantías judiciales fundamentales de independencia e imparcialidad”: Volker Türk.
Las últimas condenas elevarían el número total de personas condenadas a la pena capital a 139, desde el 1 de febrero de 2021.
Las acciones de los militares no están de acuerdo con el consenso de cinco puntos de la Asean que las naciones del sudeste asiático acaban de volver a comprometerse a defender en la cumbre de la Asean en noviembre, dijo Türk.
Ese plan entre Myanmar y los otros nueve Estados de la Asean contemplaba aspectos como la intermediación del grupo regional para cesar la violencia, activar el diálogo la entrega de ayuda humanitaria y la presencia de un enviado especial para procurar soluciones a la crisis birmana.
En la cumbre de la Asean en Pnom Penh, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, urgió a la junta militar de Myanmar a “escuchar a su pueblo, liberar a los prisioneros políticos y reiniciar inmediatamente la transición democrática, que es la única forma de frenar la pesadilla sin fin en ese país”.
Türk sostuvo que “al recurrir al uso de la pena de muerte como herramienta política para aplastar a la oposición, el ejército confirma su desdén por los esfuerzos de la Asean y de la comunidad internacional en general para poner fin a la violencia”.
Asimismo, impide “crear las condiciones para un diálogo político que saque a Myanmar de una situación de crisis de los derechos humanos creada por los militares”, agregó el responsable.
También se informó desde la Acnudh que el ejército de Myanmar está desalojando por la fuerza a más de 50 000 personas de asentamientos informales y destruyendo viviendas en Mingaladon, un municipio en el norte de la capital, Yangon.
“Los desalojos forzosos de Mingaladon son solo una parte de la historia. Las demoliciones violentas y arbitrarias de viviendas continúan en todo el país”, deploraron en un comunicado los relatores especiales sobre el derecho a la vivienda y la situación en Myanmar, Balakrishnan Rajagopal y Thomas Andrews.
Desde el golpe militar más de 38 000 casas han sido destruidas, y provocado el desplazamiento de más de 1,1 millones de personas. En algunos casos el ejército le prende fuego a las viviendas.
Esos hechos siguen patrones de violencia utilizados contra las aldeas de la minoría étnica rohinyá, durante los ataques genocidas en 2017 que forzaron la huida a países vecinos de más de 700 000 personas.
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