GINEBRA – El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Volker Turk, pidió nuevamente este miércoles 16 la liberación de miles de manifestantes pacíficos detenidos durante dos meses de protestas en Irán.
“Instamos a las autoridades a liberar de inmediato a todos los detenidos en relación con las protestas pacíficas y a retirar los cargos en su contra”, dijo el portavoz de Acnudh, Jeremy Laurence, evocando la legislación internacional en favor de los derechos a la reunión pacífica y a la libertad de expresión.
En su declaración, en la sede de Acnudh en esta ciudad suiza, deploró que “en lugar de abrir un espacio para el diálogo sobre agravios legítimos, las autoridades están respondiendo a protestas sin precedentes con una dureza cada vez mayor”
Laurence recordó que el 8 de noviembre, el fiscal dijo que se emitieron más de 1000 acusaciones contra los arrestados en relación con las protestas, solo en la provincia de Teherán, y se han emitido cientos de otras acusaciones en el resto del país.
El 13 de noviembre un Tribunal Revolucionario Islámico de Teherán encontró a un manifestante anónimo culpable de “moharebeh” (hacer la guerra contra Dios) y de “efsad-e fel-arz” (corrupción en la tierra) por supuestamente dañar la propiedad pública, y lo condenó a muerte, recordó el portavoz de Acnudh.
Este miércoles fue sentenciado a la pena capital un segundo manifestante, acusado de “atacar a una persona con un cuchillo, prender fuego a una motocicleta y declarar la guerra contra el Estado”, según la agencia de noticias Mizan, del Poder Judicial.
Al menos nueve manifestantes más han sido acusados de delitos que conllevan la pena de muerte, recordó Laurence, y otros han sido condenados a penas de hasta 10 años de prisión bajo cargos de violar la seguridad nacional y el orden público.
Acnudh recordó que, según el derecho internacional, los países que aún no han abolido la pena de muerte solo pueden imponerla por los “delitos más graves”, los que implican homicidio intencional.
Los delitos que no resultan directa e intencionalmente en la muerte “nunca pueden servir como base para la imposición de la pena de muerte”.
Por lo tanto, “hacemos un llamado a las autoridades iraníes para que impongan de inmediato una moratoria sobre la pena de muerte, se abstengan de imputar delitos capitales y revoquen las sentencias de muerte dictadas por delitos que no califiquen como de los más graves”, dijo Laurence.
En una declaración el 11 de noviembre, 16 expertos en distintas áreas de derechos humanos, independientes y designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pidieron a las autoridades iraníes dejar de acusar a personas con cargos punibles con la muerte por participar en manifestaciones pacíficas.
Destacaron entonces que “en flagrante violación de la separación de poderes, el 6 de noviembre 227 parlamentarios pidieron al poder judicial que actuara con decisión contra los detenidos durante las protestas y aplicara las penas de muerte”.
En particular “tememos que las mujeres y las niñas, que han estado al frente de las protestas, y especialmente las defensoras de los derechos humanos podrían ser un objetivo particular”, advirtieron los expertos.
Recordaron que con “juicios sumarios manifiestamente injustos”, los tribunales revolucionarios islámicos se han utilizado durante años para condenar a activistas políticos, periodistas, abogados y defensores de los derechos humanos.
El sistema de justicia penal del país se basa en gran medida en confesiones obtenidas mediante tortura y otras formas de coacción para probar la culpabilidad
Las protestas, masivas y casi diarias, se extendieron a 140 ciudades y pueblos desde que el 16 de septiembre murió la joven Mahsa Amini, de 21 años, cuando estaba bajo arresto y custodia de la policía de la moral iraní, que la detuvo tres días antes por supuestamente vestir de modo incorrecto sobre su cabeza el hiyab o velo islámico.
Los expertos recogieron informes según los cuales en las protestas han muerto al menos 304 personas, incluidas 24 mujeres y 41 niños, miles han sido detenidas, incluidos 51 periodistas, y las minorías kurda y baluchi han sido afectadas por la represión de manera desproporcionada.
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