SANTIAGO – Los campamentos, como se llaman en Chile a los asentamientos precarios, sobrepasan ya los mil y son habitados en condiciones muchas veces infrahumanas por 71 961 familias, un tercio de ellas de migrantes, en una desigualdad que alcanza niveles hirientes en la capital y otras ciudades del país.
El Catastro Nacional de Campamentos 2022, elaborado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, reveló que alcanzaron ya los 1091, 355 más que los que había en 2019 y los hogares que los componen se incrementaron en 29 112.
Al presentar el estudio en el Palacio de la Moneda, sede de la presidencia, el 26 de octubre, para resaltar la importancia que el gobierno da a la crisis de la vivienda, el ministro del sector, Carlos Montes, calificó esta situación como “impropia de una democracia” y “demostrativa de una enorme desigualdad”.
Este país sudamericano, con 19,5 millones de habitantes, tenía al comenzar el año un déficit de 650 000 unidades habitacionales.
Para no terminar en esos campamentos, miles de personas sin acceso a una vivienda propia o de alquiler sobreviven como “allegados”, como se llaman localmente a los que residen en casas de familiares o amistades, forzados a una convivencia dificultosa.
En Chile se denomina campamentos a zonas con al menos 80 familias instaladas en terrenos que no les pertenecen y que no tienen uno de tres servicios básicos: agua potable, conexión eléctrica y saneamiento.
La mayoría están en los llamados extramuros de las ciudades. Este alejamiento comenzó durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) cuando barrios ubicados en zonas urbanas apetecibles para el sector inmobiliario fueron demolidos y sus ocupantes enviados en camiones a viviendas precarias de la periferia.
Hoy la mitad de los campamentos están en tres regiones. En la de Valparaíso (255) y en la Metropolitana Santiago (142), ambas en el centro de este alargado país con los Andes y el Pacífico como sus fronteras naturales. La tercera es Biobío (156), en el sur.
El gobierno del presidente de izquierda moderada, Gabriel Boric, en el poder desde marzo, quiere construir 260 000 viviendas en cuatro años, pero este 2022 solo comenzará la edificación de entre 35 000 y 40 000.
Ello debido al corsé de un presupuesto heredado del predecesor gobierno derechista y a que Chile enfrenta una situación económica plagada de dificultades. Es un país exportador de cobre, madera, salmones y frutas, principalmente, hacia China y Estados Unidos pero, por la crisis, estos compradores y otros han disminuido sus adquisiciones.
Una dura realidad con migrantes
Dos tercios de quienes viven en campamentos no tienen conexión eléctrica, 41 % está fuera de la red de agua potable y 63 % no tiene conexión con el saneamiento.
Además, hay 399 campamentos emplazados en terrenos amenazados de avalanchas, inundaciones o tsunamis.
De quienes viven en esos asentamientos precarios, 48 % sobreviven bajo la línea de pobreza, que en Chile incluye a quienes tienen ingresos inferiores a 451 dólares para un hogar de tres personas, y 25 % sobreviven en extrema pobreza, con ingresos por debajo de 301 dólares mensuales.
El catastro estableció que 36 % de quienes habitan campamentos son migrantes: 30 % bolivianos, 21 % haitianos, 18 % peruanos y 8 % venezolanos. Por Tarapacá, región en el extremo norte, ingresan masiva y continuamente migrantes indocumentados.
En Tarapacá y Antofagasta el porcentaje de migrantes que viven en campamentos llega al 83 %. Aunque la mayor cantidad neta están en Santiago.
Chile se convirtió en los últimos años en el tercer país receptor de migrantes en Sudamérica, solo por detrás de Argentina y Colombia, y actualmente tiene en su territorio 1,5 millones de extranjeros.
El dolor ante la desigualdad
“Me duele tanta desigualdad en un país de 25 000 dólares per cápita. Chile no puede seguir siendo tan desigual”, reflexionó el ministro Montes al presentar el Catastro.
“Este nivel de campamentos no es razonable ni propio de una democracia. Esto es primero un problema político, de decisión de cómo vivir juntos. Vivir en campamentos en condiciones infrahumanas y de incertidumbre es muy difícil”, comentó.
Sobre los factores del aumento, dijo que “una parte se explica por la migración o por la pandemia. Pero nosotros estamos convencidos que el tema fundamental es el alto costo y la especulación con el suelo que hizo inoperables las políticas públicas”.
Para salir de esta emergencia se necesita “fuerza institucional y política. Esto no es puramente estatal, se requiere fuerza transformadora ante este desafío a la sociedad”, sostuvo Montes.
Añadió que los recursos requeridos deberían provenir de la reforma tributaria que impulsa el gobierno en un legislativo Congreso Nacional bicameral donde es minoría.
Para vivir en campamento “hay que ser valiente”
Celsa Durán llegó en 1999 al campamento de Mesana, en Valparaíso como migrante interna. Afirmó a IPS que “hay que ser valiente para vivir en campamentos porque no tenemos la misma calidad de vida que los demás. No estamos pensados para la ciudad”.
“Ahora estamos siendo visibilizados, pero faltan recursos y que el Estado se haga cargo”, apuntó. “Da pena ver como los niños llegan a sus casas, llenos de barro y polvo”, añadió.
Elizabeth González habita La Medialuna, en Lampa, 30 kilómetros al norte de Santiago, junto a 165 familias que incluyen unos 300 niños.
“Nuestro temor son los incendios con el calor pues las casas son de madera ligera y no tenemos grifo (pilón colectivo de agua pública)”, contó a IPS esta otra migrante interna. “No nos podemos quedar en estos terrenos porque estamos al lado de un río y no se puede construir nada. Estos terrenos tienen apenas 40 centímetros de tierra y más abajo es pura arena”, detalló.
Estela Benavides, del campamento Campanillas en el Cerro Alegre, en Valparaíso, cuenta que allí fueron catastradas 98 familias, pero viven más de 100.
“Aspiramos a estar radicados y tener un barrio digno donde vivir porque nuestras casitas están en buen estado. No pedimos viviendas sino recursos básicos”, precisó a IPS.
Contó que 34 familias ya tienen títulos de dominio y que el estatal Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) “ya compró el terreno y está en proceso de urbanización y saneamiento con un proyecto que ganamos el 2014”.
Una demanda de impacto político
Miguel Pérez, director de antropología de la Universidad Diego Portales, recuerda que “históricamente en Chile y América Latina las demandas por el acceso a vivienda han sido claves en la participación de los pobres en la esfera pública política”.
“En Chile hay una larga tradición de movilización por la vivienda. Ha sido una demanda histórica de los pobres y ha promovido su organización desde mediados del siglo XX”, reseñó a IPS.
Según Pérez, “en un contexto de mayor déficit, estas movilizaciones podrían reaparecer con más fuerza y eventualmente podría ser un foco de conflicto social”.
Para el antropólogo, un tema muy complejo “es qué hacer con las familias migrantes que viven en campamentos. Ahí hay gente indocumentada y otros que tienen sus papeles al día”.
“En toda su diversidad, los migrantes tienen un proyecto familiar, biográfico, que explica su decisión de moverse de un país a otro y en ese proyecto la conquista de la vivienda es un paso fundamental”, explicó.
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Campamentos urbanos, una expresión de la desigualdad de Chile
Para Benito Baranda, fundador de Un Techo para Chile, esta emergencia era previsible por la lenta construcción en sectores de pobreza y la falta de suelo público.
“Nos pilló la pandemia y los problemas aumentaron. Muchos que arrendaban se fueron a campamentos o personas que venían del extranjero encontraron mejor vida en campamentos que en piezas (cuartos alquilados) con hacinamiento”, aseveró a IPS.
La cuestión fundamental son los suelos y el Estado chileno no tiene conocimiento cabal de los que posee.
“Hemos presionado mucho para que todos los suelos públicos estén en un sistema único (sean de las Fuerzas Armadas, de un ministerio, de un órgano autónomo), para que el Estado antes de venderlos a una inmobiliaria los utilice para erradicar los campamentos. Hay un avance en eso”, afirmó Baranda.
Elogió al gobierno por dar emergencia a la cuestión de la vivienda y también que se apunte a industrializar su construcción para acelerar y bajar costos.
Según Baranda, si se palia la falta de viviendas, mejorará la convivencia entre chilenos.
“Si hay más campamentos o mayor hacinamiento, eso afecta la seguridad familiar, genera ámbitos donde la violencia o las bandas de narcotráfico tienen mayor protección de parte de personas”, explicó.
Mientras provee una solución más estructural, el gobierno impulsa planes de emergencia para los diferentes tipos de campamentos.
“Tenemos la decisión de transformar algunos campamentos en barrios regularizando la tenencia, que cada familia tenga su propio sitio y que haya servicios básicos”, explicó el ministro Montes.
A otros se les daría condiciones de habitabilidad básica con acceso a agua colectiva o individual e iluminación. Y los residentes en campamentos en alto riesgo serán trasladados a situaciones habitacionales “de tránsito”, completó.
ED: EG
