BUENOS AIRES – La democracia argentina, cuyo ciclo actual cumple 40 años en 2023, entró en terreno desconocido luego de un intento de asesinato a la más importante figura política del país, la vicepresidenta Cristina Fernández. El hecho suma incertidumbre a un escenario delicado, que incluye un presidente debilitado, una prolongada crisis económica y un extendido hartazgo social.
El fallido atentado contra Cristina, como en el país la llaman quienes la quieren y quienes no, ocurrió el jueves 1 cerca de las 21:00 horas, cuando un hombre gatilló dos veces, a centímetros de la cabeza de ella, un arma que estaba cargada con cinco balas pero que no tenía ninguna en la recámara, según se determinó.
El agresor, quien fue detenido en el lugar, usó su derecho a no declarar ante la Justicia, por lo que no se sabe si dejó la recámara vacía por error o voluntariamente. Es un brasileño nacionalizado argentino de 35 años, que tendría simpatías neonazis y ninguna identificación política local.
Enseguida después del hecho, todas las fuerzas políticas lo repudiaron, pero la concordia no duró ni hasta la mañana siguiente. Antes del final del día, oficialismo y oposición comenzaron a acusarse mutuamente de haber creado un clima de odio que ya tiene varios años pero recrudeció en las últimas semanas, del cual la violencia sería una consecuencia lógica.
Cristina, de 69 años, ha sido dos veces consecutivas presidenta (2007-2015) y es viuda del exmandatario Néstor Kirchner (2003-2007), ambos líderes de una corriente de centroizquierda del peronismo, la fuerza populista que ha dado al país dirigentes de todo el espectro político y que ha dominado la política desde la mitad del Siglo XX.
Hoy es vicepresidenta, porque en 2019, luego de cuatro años en la oposición, y debido al alto nivel de rechazo que genera su figura, colocó como candidato al actual mandatario, Alberto Fernández, aunque se reservó el segundo lugar de la fórmula.
Desde antes de finalizar su segundo gobierno, ella es investigada por supuestos hechos de corrupción en más de 10 causas judiciales, que venían avanzando con la lentitud que es habitual en la Justicia argentina cuando está involucrada la política.
“Más rápido de lo que pensábamos el hecho empezó a ser metabolizado por la polarización y cada sector lo usa para confirmar su posición. Solo una improbable mejora económica podría aliviar el clima político y social: Lucas Romero.
Pero todo se aceleró abruptamente en agosto, lo que crispó aún más el clima, en una sociedad castigada por un deterioro económico persistente desde hace más de cuatro años. En este tiempo la pobreza se consolidó en alrededor de 40 % de la población y la clase media se ha empobrecido, lo que ha llevado a altos niveles de resentimiento contra la dirigencia política.
El revulsivo de la situación judicial de Cristina fue un extenso y explosivo alegato de un fiscal, transmitido por TV y redes sociales durante nueve días, en un juicio oral sobre el presunto otorgamiento fraudulento de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz –de la que son oriundos políticamente los Kirchner- en beneficio de un empresario cercano al matrimonio.
Pedido de 12 años de prisión
El fiscal Diego Luciani acusó a la vicepresidenta de liderar una asociación ilícita que perjudicó al Estado en unos 1000 millones de dólares y pidió 12 años de prisión más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
“Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones”, dijo Luciani, quien cerró de manera teatral su intervención, asegurando que los jueces deben elegir entre “corrupción o justicia”.
Se trata de la causas más avanzada de las que enfrenta la vicepresidenta. Se espera una sentencia en primera instancia para fin de este año, pero aunque fuese condenada no iría a prisión hasta que las instancias de apelación no culminen, lo que puede llevar años. El atentado no modifica este escenario.
La oposición, entusiasmada, comparó el alegato de Luciani con el del fiscal del histórico juicio contra los jerarcas de la última dictadura militar (1976-1983), en 1985, que fue coronado con la frase “Nunca más”, hoy emblema de la defensa de los derechos humanos en Argentina.
Acorralada como nunca antes, Cristina llevó entonces hasta el límite la estrategia que ya venía desarrollando, de presentarse como una perseguida política: respondió que todo es “una ficción” construida por una alianza que representa al poder económico, integrada por la oposición, el Poder Judicial y algunos medios de comunicación, porque ella defienda los derechos de los trabajadores.
El alerta movilizó a los seguidores de la vicepresidenta hasta la puerta del edificio donde ella vive, en el barrio de Recoleta, el más distinguido de Buenos Aires. Allí los militantes montaron una vigilia permanente para rodearla de afecto.
En la noche del jueves 1 Cristina regresaba a su departamento y, como en otras ocasiones, se acercó a recibir el calor popular, cuando de entre la gente salió el brazo con el arma que le gatilló dos veces. Ella ni siquiera se dio cuenta de que salvó su vida por milagro y se lo tuvieron que explicar sus custodios, luego de subirla de apuro al departamento.
Mala noticia para los moderados
El analista político Carlos Fara considera que el atentado generará un escenario de mayor enfrentamiento político.
“La tensión tiene beneficiarios tanto en el Frente de Todos (gobernante) como en Juntos por el Cambio (coalición opositora). Los moderados perderán lugar en los dos espacios políticos”, dice a IPS el expresidente de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos (ALaCoP).
En cuanto a cómo puede repercutir el atentado en la sociedad, Fara apunta que es imposible hacer pronósticos. “La sociedad está con mucho fastidio y un alto nivel de pesimismo, con la cabeza puesta en inflación, que este año rondará 100 %. La gente común está cada vez más lejos de los políticos y esto no la va a acercar”, afirma.
Dos horas después del ataque, el presidente Alberto Fernández usó la cadena nacional para calificarlo como el hecho “más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia”, soslayando, por ejemplo, que en la década de los años 90 hubo dos atentados terroristas antisemitas que dejaron 117 muertos en Buenos Aires.
Fernández declaró feriado nacional el día siguiente, “para que el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta”.
Así, el viernes 2, mientras la actividad comercial en Buenos Aires seguía normalmente, decenas de miles de manifestantes llenaron como en las grandes jornadas la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno. Pero se trató de una concentración exclusiva de militantes oficialistas, lo que se notaba en las pancartas y en los comentarios de los presentes.
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“Este el resultado del odio que siembra la oposición y los medios de comunicación. Tuvimos suerte los argentinos, porque si mataban a Cristina en este país había una guerra civil”, dijo a IPS en la Plaza de Mayo Maximiliano Klein, un simpatizante de la vicepresidenta.
“El presidente, a mi entender, desaprovechó la oportunidad de convocar a la oposición y bajar intensidad del conflicto. Prefirió a apuntar al discurso odio de los medios, la oposición y la Justicia y declarar un feriado para movilizar su base política”, dijo a IPS el politólogo Lucas Romero.
“La convocatoria puso el foco en defender a Cristina y no a la democracia y fue una manifestación muy masiva, que en otras circunstancias el oficialismo no está en condiciones de hacer, porque sus propios votantes están muy desilusionados con los resultados económicos del gobierno”, dice Romero, quien dirige la consultora política Synopsis.
Romero descree de la posibilidad de que el atentado genere un movimiento de solidaridad general con la vicepresidenta que relaje la tensión reinante en Argentina.
“Más rápido de lo que pensábamos el hecho empezó a ser metabolizado por la polarización y cada sector lo usa para confirmar su posición. Solo una improbable mejora económica podría aliviar el clima político y social”, sentenció.
ED: EG
