SINANCHÉ, México – Cuando los huracanes Opal y Roxana golpearon el estado mexicano de Yucatán durante 10 días en 1995, destruyeron gran parte del bosque de manglares en la pequeña comunidad costera de San Crisanto. La población local respondió con la reforestación de los manglares, la limpieza de los canales entre los árboles para permitir el libre flujo del agua y el compromiso de proteger el ecosistema.
Hoy es una historia exitosa de conservación, pues los manglares restaurados protegen la costa, sostienen la vida silvestre y apoyan los medios de vida basados en la pesca y el ecoturismo. Después de 27 años de trabajo arduo, la comunidad cosecha nuevos beneficios al capitalizar el carbono que los manglares almacenan. Vende los primeros bonos de carbono de México basados en el llamado “carbono azul” de ecosistemas marinos.
“Hemos sido los primeros en hacerlo, somos pioneros. Construimos el proyecto, lo elaboramos. Es un tema significativo, de relevancia, por la zona. Es un precto a largo plazo”, dijo a IPS el activista local José Loria, presidente de la no gubernamental Fundación San Crisanto.
México tiene enormes depósitos de carbono azul y, como muestra San Crisanto, pueden generar financiamiento que apoye la conservación y los medios de vida sostenibles.
Pero el país no tiene políticas y planes nacionales para aprovechar este potencial, y el carbono azul recibe poca mención en los compromisos climáticos del país. Al carecer de apoyo, las comunidades, las empresas y las organizaciones no gubernamentales siguen adelante de todos modos.
Mercado naciente
Los manglares, las marismas y los pastos marinos retienen las olas, limitan la erosión costera y disminuyen los impactos del aumento del nivel del mar, por lo cual su conservación es una medida de adaptación a la crisis climática, basada en la naturaleza.
Pero, además, estos ecosistemas también capturan y almacenan grandes cantidades de carbono orgánico, por lo que desempeñan en primer lugar un papel clave en la limitación del calentamiento global que causa el cambio climático. De allí su denominación “carbono azul”.
Por el dióxido de carbono (CO2) atrapado y depositado, los propietarios de los manglares pueden emitir certificados para su venta en mercados nacionales e internacionales a corporaciones que quieren reducir sus emisiones contaminantes.
Empresas e individuos pueden comprar estos certificados de emisiones reducidas en lo que se conoce como el mercado voluntario de carbono para compensar (offset, en inglés) sus emisiones de gases de efecto invernadero: cada bono representa la eliminación de una tonelada métrica de dióxido de carbono de la atmósfera.
De hecho, un manglar absorbe de cinco a 10 veces más CO2 que un bosque tropical de la misma área, algo a destacar cuando el 26 de julio se celebra el Día Internacional de Conservación del Ecosistema de Manglar, con el que se busca concientizar sobre la importancia de estos bosques costeros.
“Si hubiera una estrategia nacional, con políticas claras y financiamiento, y fuera una prioridad, se podría agilizar y priorizar la conservación de esos ecosistemas. Los manglares ya son un recurso que tenemos, entonces el trabajo es cuidarlos”: Tannia Frausto.
Esto es especialmente relevante para México, que a nivel mundial tiene una de las mayores áreas de ecosistemas de carbono azul. En 2020, por ejemplo, tenía 905 086 hectáreas de manglares, solo Indonesia, Australia y Brasil le superan..
Esto significa que México está bien posicionado para beneficiarse del comercio emergente de créditos de carbono azul.
“El mercado de carbono voluntario está en pleno crecimiento, ya que más y más empresas están integrando los bonos de carbono en sus estrategias ambientales para complementar la medición y reducción de sus emisiones”, dijo a IPS la analista sénior Alessandra Souroujon, de la firma de comercio de carbono Climate Seed , con sede en París.
La especialista anticipó que esta tendencia aumentará y, con ello, el desarrollo de más proyectos de carbono azul.
En respuestas por un correo electrónico, Souroujon resaltó retos como el costo de la certificación, la necesidad de un compromiso de largo plazo de la comunidad emisora y socios adecuados del proyecto.
Planteó que el éxito de San Crisanto muestra el potencial del comercio de carbono azul para financiar la conservación y restauración de los manglares, y para producir ingresos para desarrollar la comunidad y mejorar la calidad de vida.
San Crisanto muestra cómo
San Crisanto se sitúa en el municipio de Sinanché, a unos 1360 kilómetros al sureste de Ciudad de México. Es un ejido, tierra pública pero mantenida y administrada comunalmente por la población local.
A unas pocas docenas de metros de las calles blanqueadas por la arena del mar del pueblo, se extiende un manto verde de árboles altos y delgados. Son las 850 hectáreas de manglares que la comunidad ha conservado desde 1995.
El bosque posee cuatro variedades de mangle: rojo (Rhizophora mangle), blanco (Laguncularia racemosa), negro (Avicennia germinans) y botoncillo (Conocarpus erectus). Es un refugio para peces, tortugas, cocodrilos y 167 especies de aves, incluidos los flamencos rosa que han regresado a la zona 50 años después de haberla abandonado.
Tras haber pasado años contando especies, los administradores locales de la tierra ahora calculan la cantidad de carbono azul que contienen los manglares.
“Hemos sido los primeros en hacerlo, somos pioneros. Construimos el proyecto, lo elaboramos. Es un proyecto a largo plazo”: José Loria.
El emprendimiento, cuya inversión totaliza 125 000 dólares procedentes de las arcas ejidales, arrancó en 2015 con la medición del carbono en troncos y ramas.
Necesitaron algunos años de prueba y error para dar con la metodología correcta antes de que el ejido pudiera reportar sus datos a un organismo de certificación para su verificación, proceso completado en marzo último por la subsidiaria mexicana de la consultora Ruby Canyon Environmental, con sede en la ciudad estadounidense de Ruby Canyon.
Loria informó a IPS de que los bonos de carbono ya están vendidos en el mercado internacional voluntario, a una cotización superior a los 20 dólares por tonelada. Esta es una tarifa considerable, cuatro veces más que el precio de los bonos de carbono de algunos proyectos forestales en México. Una empresa europea de artículos de lujo ya compró más de 10 000 créditos.
Pero esto es solo el inicio. La medición de carbono aéreo totalizó este año 25 toneladas por hectárea. El número de offsets que el ejido puede vender aumentará a medida que los manglares crezcan y una vez que el ejido también haya cuantificado el CO2 en las raíces y los sedimentos.
“Los ingresos van a fortalecer al proyecto”, aseguró Loria. En un anuncio publicado el 31 de mayo, la Fundación San Crisanto dijo que usaría el dinero de la venta de créditos de carbono “para mantener el bosque de manglares, financiar la educación ambiental, fortalecer la cultura y las tradiciones locales y mejorar los servicios públicos, mejorando la calidad de vida de la comunidad”.
Extraviado en el mar
A pesar del potencial de México, casos como San Crisanto ocurren en medio de un vacío, pues no existe una estrategia nacional de carbono azul. En 2021, la no gubernamental The Nature Conservancy trazó una hoja de ruta para elaborar la estrategia nacional, pero no ha sido publicada.
El carbono azul aparece en los compromisos de México para cumplir con el Acuerdo de París sobre cambio climático de 2015, en un documento actualizado periódicamente sobre su contribución determinada a nivel nacional (NDC, en inglés).
En su informe sobre la NDC más reciente, de 2020, cita entre sus compromisos “fortalecer instrumentos y ejecutar acciones de conservación de la biodiversidad y la restauración de ecosistemas marinos, costeros y de agua dulce, así como incrementar y mantener los reservorios de carbono, con énfasis en el carbono azul”.
Menciona también que el carbono azul puede contribuir con la consecución de 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que la comunidad internacional convino dentro de las Naciones Unidas en 2015 para alcanzar en 2030. Estos incluyen metas sobre agua limpia, acción por el clima, vida submarina y ecosistemas terrestres, entre otros.
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Plantean dudas sobre el estado de los manglares en México
Adicionalmente, la mexicana Estrategia de Cambio Climático desde las Áreas Naturales Protegidas 2015-2040 apunta a mitigar la crisis climática mediante captura y almacenamiento de carbono, pero solo menciona carbono azul una vez, en relación con el mapeo del recurso en esas áreas.
Más de la mitad de los manglares mexicanos –unas 464 000 hectáreas– se conserva en áreas naturales, bajo jurisdicción de la gubernamental Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp). Representan una gran oportunidad para proyectos de carbono azul, pero Conanp carece de mediciones precisas de CO2 en cada lugar.
Este es un desafío, ya que el contenido de carbono de los manglares varía mucho. Mientras que San Crisanto tiene 25 toneladas de carbono por hectárea, otros manglares en México poseen varios cientos de toneladas.
Hay aún más carbono subterráneo, hasta 1000-2000 toneladas por hectárea. Pero mientras que el carbono aéreo se puede cuantificar con mediciones basadas en satélites, el CO2 en raíces y sedimentos debe cuantificarse laboriosamente en el sitio.
Un documento sobre carbono azul de Conanp, consultado por IPS, recomienda impulsar la cuantificación de estos depósitos, la formulación de normas y regulaciones que incluyan el conteo de emisiones por degradación costera y la promoción de mecanismos de comercio regulado de los créditos.
A la consulta de IPS sobre la ausencia de una estrategia nacional, Conanp respondió que “no se han logrado consolidar los esfuerzos entre los diversos actores y el financiamiento necesario para la generación de una estrategia efectiva, que contemple la diversidad de contextos existentes”.
La Comisión reconoció que busca estrategias para aprovechar el potencial del mercado de carbono, “con especial énfasis en que todos los mecanismos utilizados se traduzcan en beneficio social de los legítimos tenedores de los activos ambientales”.
La hoja de ruta para la estrategia, puntualizó, debe abarcar un lapso de al menos 10 años e incluir la cuantificación de la contribución de los ecosistemas de carbono azul a la acción climática y la movilización de financiamiento climático para su gestión.
Para Joanna Acosta, bióloga de la conservación de la pública Universidad Autónoma del Carmen, con sede en Ciudad del Carmen en el estado de Campeche, la autoridad ambiental ya sabe qué hacer, pero no ha habido voluntad política para impulsar políticas de apoyo a iniciativas de carbono azul.
“Son proyectos de largo plazo, tiene que haber una visión muy clara de que es para conservar y restaurar manglares, y que el dinero de los offsets tiene que invertirse de nuevo en la comunidad. En México no estamos listos para los bonos. Hay muchas expectativas, pero no hay nada claro”, dijo a IPS.
Acosta propuso una hoja de ruta que genere arreglos institucionales y reglas claras, “para que cada parte sepa cuál es su responsabilidad, desde la comunidad, que está cerca del recurso; la academia, en apoyo a la comunidad, y el gobierno”.
Jorge Herrera, académico del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del estatal Instituto Politécnico Nacional, señaló que hay demasiado énfasis en las compensaciones, pues se requiere de otros enfoques de conservación para proteger a los manglares.
“Los beneficios dependen del carbono de los manglares, no solo de los bonos. De lo que menos se sabe es carbono en el suelo, de lo cual conocemos muy poco. Quienes están al frente de la política deberían explicar por qué faltan instrumentos de carbono azul”, declaró a IPS.
Carbono lento
A pesar de la falta de políticas favorables, varios proyectos quieren despegar. En Bahía de Magdalena, en el norteño estado de Baja California Sur, la privada Corporación MarVivo desarrolla el “Proyecto de conservación de carbono azul MarVivo”, en alianza con comunidades locales. El objetivo es proteger 22 000 hectáreas de manglares para compensar 26 millones de toneladas de CO2 durante 30 años
En noviembre pasado, la empresa y la privada corporación estadounidense Carbon Streaming anunciaron un acuerdo de inversión mediante el cual el segundo invertirá seis millones de dólares en la ejecución, con un desembolso inicial de dos millones.
Acorde con el alcance de metas, el fondo entregará cuatro cuotas de un millón de dólares y tendrá el derecho de compra anual superior a 200 000 bonos.
Otras iniciativas quieren avanzar, pero se topan con algunas barreras, principalmente financieras.
El “Proyecto carbono azul”, de la no gubernamental Costasalvaje, aspira a proteger 33 891 hectáreas de manglares en el Golfo de California, en el norte de México. En alianza con la comunidad El Dátil, restaura un área de manglar rojo en la Reserva de la Biósfera El Vizcaíno, en Baja California Sur.
Además, coopera con el grupo de mujeres Guardianas del Conchalito para la recuperación del manglar del Estero El Conchalito, en las inmediaciones de La Paz, la capital del estado.
Costasalvaje estima que 16 592 hectáreas de manglares en el noroeste mexicano almacenan 20 millones de toneladas de CO2, equivalentes a la contaminación de 608 944 autos en un año.
En el extremo sur del golfo de California, en los occidentales estados de Nayarit y Sinaloa, TNC México identificó 80 000 hectáreas para protección y regeneración en la Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales.
Cercano a San Crisanto, el ejido Sisal, en el municipio de Hunucmá, en el suroriental estado de Yucatán, se prepara para lanzar la colocación de bonos provenientes de 5 060 hectáreas de manglar. Su meta consiste en vender 3,18 millones de certificados en un plazo de 30 años.
En Quintana Roo, también en el sureste mexicano, un consorcio encabezado por la no gubernamental Resiliencia Azul busca 100 000 dólares para la certificación| del carbono y la emisión de créditos del proyecto “Taab Ché” (manglar, en maya).
La iniciativa se enfoca en la zona de protección de flora y fauna Yum Balam, de cuyas 7 265 hectáreas de manglar la mayoría está en buen estado, e Isla Cozumel, que posee 3 011 hectáreas, casi la mitad preservada.
Futuro posible
De vuelta en San Crisanto, Loria sugirió confianza y paciencia a las comunidades que quieren aprovechar el carbono azul. “Tienen que estar seguros de lo que quieren hacer. Si la comunidad quiere, no necesita un marco nacional. Nosotros lo hicimos y punto. Depende de la madurez de la organización, del trabajo que se ha hecho, no se da por generación espontánea”, aconsejó.
Pero Tannia Frausto, gerente de Cambio Climático de Costasalvaje, enfatizó en la necesidad de medidas de ejecución local.
“Si hubiera una estrategia nacional, con políticas claras y financiamiento, y fuera una prioridad, se podría agilizar y priorizar la conservación de esos ecosistemas. Los manglares ya son un recurso que tenemos, entonces el trabajo es cuidarlos. Es urgente crear el andamiaje legal que permita optimizar los recursos. La degradación ambiental va más rápido que lo que se puede proteger con los instrumentos actuales”, señaló.
La experta recomendó el cierre de la brecha entre inversión y recuperación de los ecosistemas.
“A nivel global, las empresas van a tener necesidad de bonos de carbono, no solo para mitigar (sus emisiones) sino por sentido de responsabilidad social. Si bien los bonos no son un fin último, permite juntar a empresarios, banqueros y comunidades y sentarlos en la misma mesa. Ese es el valor agregado”, planteó.
Este artículo forma parte de una serie de dos reportajes y se elaboró con el apoyo de la Earth Journalism Network de Internews.
ED: EG
