PANAMÁ – El paro nacional que vive Panamá, con numerosas protestas y cortes de las principales carreteras, está complicando la situación de cientos de migrantes que cada día ingresan a este país en ruta hacia el norte, reportó un equipo sobre el terreno del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
En la oriental provincia de Darién, a la que ingresan miles migrantes desde Colombia, faltan alimentos, gas, gasolina, dinero en efectivo, hay interrupciones en los servicios de electricidad, telefonía y agua, a lo que se suma el cierre indefinido de escuelas y carreteras, según el reporte.
La región comprende el Tapón del Darién, que comparten Panamá y Colombia, una peligrosa área de 5000 kilómetros cuadrados de selvas, ríos, pantanos y montañas escarpadas, con un Parque Nacional y sin carreteras, utilizado por miles de migrantes para emprender su travesía terrestre hacia América del Norte.
De acuerdo con el Servicio Nacional de Migración de Panamá, durante el año 2022 han ingresado 48 430 personas, incluidos 7282 niños, niñas y adolescentes (15 %) a través de la peligrosa Selva de Darién. Y son 170 los niños, niñas y adolescentes que tras el cruce arribaron separados o no acompañados de adultos.
Se indicó que 58 % de esa población (26 079) tiene nacionalidad venezolana, mientras que 7,9 % son de Haití, 5,2 % de Cuba, 3,3 % de Ecuador y 3,2 % de Senegal.
A los peligros de la selva en el Darién se agregan los de tratantes de personas y bandas de asaltantes, que hacen a los migrantes víctimas de estafas, robos y violencia física y sexual.
En lo que va de año se ha comprobado la muerte de 22 migrantes en el peligroso tapón, aunque se presume que la cifra sea mucho mayor debido a que numerosas travesías se emprenden de modo irregular y sin registro alguno.
Por otra parte, el cierre de las carreteras en todo el país conllevó que las empresas de transporte, que utilizan los migrantes para cruzar el istmo hasta Costa Rica, no pudieran continuar operando.
Ante el cierre de la vía Panamericana, la Estación de Recepción Migratoria de San Vicente en la provincia de Darién, con una capacidad máxima de 250 personas, ha alojado a más de 900, sobrepasando su capacidad en más de 300 %.
Ante la saturación y el ingreso sostenido de 300 a 500 personas por día a través de la selva, el Estado panameño reabrió temporalmente otra estación receptora, en el poblado Lajas Blancas, del corregimiento indígena Emberá-Wounaan.
Esa estación, con capacidad para 500 personas, ya llegó a 1231, según el reporte conocido el miércoles 20.
Otra comunidad indígena emberá, Canaán Membrillo, de 350 habitantes y capacidad para 100 migrantes, ha recibido a más de 3300 personas.
La incertidumbre de la reapertura de las vías y la saturación de los centros ha llevado a algunos migrantes a continuar su ruta a pie hacia la Ciudad de Panamá.
Tras negociaciones con los líderes de los diversos puntos de bloqueo en la vía, se estableció un “corredor humanitario” que ha permitido a más de 4200 migrantes llegar en autobús hasta la frontera con Costa Rica.
Desde el 7 de julio gremios docentes, sindicatos, y organizaciones sociales y comunitarias tomaron las calles de varias localidades del país, exigiendo al gobierno la adopción inmediata de medidas para garantizar un tope en el precio del combustible y la reducción de los precios de la canasta básica de alimentos.
El gobierno ya accedió a que la gasolina y el gasóleo se expendan a un máximo de 3,25 dólares el galón (86 centavos de dólar el litro), en vez del anterior precio de 3.95 dólares el galón (1,05 dólares el litro).
Las protestas también demandan acceso a medicinas con precios ajustados a la capacidad de compra de los sectores populares, y claman por un uso eficiente y transparente de los fondos públicos.
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