KAMPALA – Casi un año después de que el gobierno de Uganda suspendiera a 54 organizaciones no gubernamentales (ONG), bajo la acusación de operar en forma ilegal y no presentar cuentas, la mayoría de ellas siguen cerradas y en un claro limbo sobre su futuro.
Los analistas coinciden que su situación obedece a que el presidente Yoweri Museveni considera a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) como una amenaza para su régimen de 36 años.
Dickens Kamugisha, director general del Instituto Africano para la Gobernanza de la Energía (Afiego), una de las OSC suspendidas, dijo a IPS que los casos judiciales contra la Oficina de ONG por acciones ilegales contra su institución siguen su curso en los tribunales.
“Sabemos que la Oficina de ONG sabe que sus acciones hacia las OSC afectadas son incorrectas. Por eso continúan haciendo interminables llamadas telefónicas a Afiego y a otras organizaciones para mantener conversaciones informales. Les hemos pedido que pongan su invitación por escrito, pero no lo han hecho quizás para no comprometerse”, dijo.
Antes de su suspensión, Afiego era una de las cuatro organizaciones ugandesas implicadas en la acción legal para detener el proyecto petrolero de 10 000 millones de dólares encabezado por la transnacional francesa Total Energies, como parte de una oposición a la explotación del yacimiento por razones medioambientales.
En la firma en junio de un acuerdo ente el gobierno y la petrolera francesa, Museveni dijo que las «asociaciones que critican este proyecto son personas que no tienen trabajo. No tienen nada que hacer, así que dejemos que estos idiotas sigan vagando sin rumbo. Solo sirven para beber té y comer galletas».
Total Energies pretende convertir a este país sin salida al mar de África oriental con más de 43 millones de habitantes en un nuevo actor petrolero, en un proyecto que incluye la construcción de un gasoducto de 1443 kilómetros entre Uganda y Tanzania, con dos campos petrolíferos en las orillas del lago Albert.
Además de los gobiernos de los dos países, el principal socio en el proyecto es la compañía China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).
Ante los argumentos despectivos de Museveni, Kamugisha se preguntó: «¿Qué hay de malo en luchar contra todo lo que empeora los impactos del cambio climático, como este arriesgado proyecto petrolero, la deforestación de los bosques de Bugoma y Budongo, la salvaguarda del río Nilo y del lago Edward, de las cataratas Murchison y del parque nacional Queen Elizabeth, y más?»
Kamugisha consideró que las acciones del gobierno de Kampala hacia las OSC evidencian que el espacio cívico en Uganda está lejos de mejorar.
Según Amnistía Internacional (AI), en el periodo previo a las elecciones de enero de 2021, los críticos de Museveni se llevaron la peor parte de las fuerzas de seguridad.
«En 2020, decenas de personas murieron en el contexto de la campaña electoral previa a las elecciones generales de enero de 2021, la mayoría de ellas a manos de la policía y otras fuerzas de seguridad”, afirmó la organización internacional de derechos humanos.
AI añadió que “los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación se vieron gravemente restringidos. Las autoridades tomaron como objetivo a las organizaciones que trabajan en el ámbito de los derechos humanos y cerraron Internet»,
Muchos observadores creen que Museveni atacó deliberadamente a las organizaciones por desafiar sus políticas y debilitar su poder.
El activista por la justicia climática Robert Agenonga dijo a IPS desde Alemania que la decisión del gobierno de suspender a las ONG era una represalia por su papel crítico antes, durante y después de las elecciones.
Museveni ostenta el poder de Uganda desde enero de 1986, hasta 2013 por un sistema de partido único reemplazado por la participación electoral de otras fuerzas políticas, con acusaciones de prácticas corruptas y autoritarias que empañan la estabilidad que defiende haber traído al país.
«Se produjeron muchas violaciones durante el periodo electoral, en el que se detuvo, mató y torturó a personas. Y organizaciones como Chapter Four, por ejemplo, prestaron apoyo jurídico a los políticos de la oposición, a los ciudadanos comunes y a los activistas que fueron intimidados y perseguidos durante y después del periodo electoral», recordó Agenonga.
“Museveni afirma que las ONG actúan como agentes de gobiernos extranjeros y cuentan con el apoyo de personas de fuera para socavar el gobierno”, dijo, en lo que a su juicio es un argumento con el que busca debilitar a las OSC y su capacidad para influir en las comunidades locales.
Otro motivo esgrimido por Museveni para la suspensión de las 54 ONG es que ellas sustituyen al Estado en la recepción de recursos que deberían llegar a las instituciones oficiales.
«A lo largo de los años, los donantes estaban cada vez más descontentos con la permanencia de Museveni en el poder. Así que han recurrido a canalizar el dinero que daban al Estado a través de las ONG. Eso es lo que puede haber enfadado al gobierno», analizó Agenonga.
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Antes de la suspensión masiva de las ONG, el gobierno tomó medidas enérgicas contra el Fondo para la Gobernanza Democrática (DGF, en inglés), una institución multimillonaria que ayuda a las organizaciones locales que se centran en la democracia, los derechos humanos y la buena gobernanza.
En 2019, las autoridades prohibieron la actividad de la Coalición Ciudadana para la Democracia Electoral en Uganda, una organización para la supervisión electoral.
En enero de 2021, las autoridades también prohibieron a National Elections Watch Uganda, una coalición de organizaciones locales dedicada al monitoreo de los procesos electorales internos.
Kamugisha negó categóricamente las acusaciones del gobierno de que las ONG suspendidas estuvieran operando ilegalmente, afirmando que se trataba de intimidar, acosar e infundir miedo en el sector de las OSC.
Como ejemplo puso el caso del director ejecutivo del Capítulo Cuatro, “quien pasó semanas en la cárcel, y más tarde su caso fue desestimado por falta de acusación”. El gobierno perdió interés en el caso y más tarde el hombre se marchó a Estados Unidos con un supuesto permiso de estudios, “mientras su organización permaneció cerrada», añadió.
«Incluso los asuntos de Afiego con la policía, ella no tiene ninguna prueba de delitos penales. Estamos registrados legalmente, y la Oficina de ONG lo sabe muy bien», destacó.
Capitulo Cuatro recurrió a la División Civil del Tribunal Superior para impugnar su suspensión.
En mayo de 2022, el juez del Tribunal Superior Musa Ssekaana calificó de «irregular» la decisión de suspender indefinidamente a esa organización. Esto obedeció a que no hubo un plazo para realizar una investigación exhaustiva de las operaciones de la ONG que permitiera a la Oficina determinar si debía o no revocar su permiso y cancelar el registro.
En junio, se permitió al Capítulo Cuatro reanudar sus operaciones.
A finales de junio se levantó también la suspensión de DGF. Este fondo, financiado por Dinamarca, Irlanda, Austria, Reino Unido, Suecia, Noruega y la Unión Europea, fue suspendida en enero de 2021. Apoya proyectos para la erradicación de la pobreza, el crecimiento equitativo y el Estado de derecho.
Gideon Chitanga, analista político del Centro para el Estudio de la Democracia, con sede en Johannesburgo, dijo a IPS que las suspensiones de las ONG eran una violación draconiana de las libertades civiles y los derechos humanos por parte del gobierno ugandés.
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