WASHINGTON – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) condenó lo que considera una escalada represiva contra periodistas y medios de comunicación en Nicaragua, intensificada en las últimas semanas según sus reportes.
Esa oficina del sistema interamericano aseguró que ha recibido información sobre “un incremento de operativos policiales en residencias de periodistas e instalaciones de medios de comunicación, allanamientos, confiscación de medios, decomiso de equipos de trabajo, desplazamiento y exilio forzado de periodistas”.
“Esas acciones emprendidas por el Estado buscan silenciar a la prensa y controlar cualquier discurso que cuestione o contradiga las voces oficiales, socavando las garantías básicas para el ejercicio de las libertades fundamentales”, agregó la relatoría en su declaración.
El 7 de julio, el diario La Prensa denunció una persecución en contra de su equipo periodístico, incluyendo conductores, fotógrafos y reporteros. Dos de sus reporteros habrían sido detenidos de forma arbitraria y trasladados a la prisión de Nuevo Chipote, sin cumplir garantía procesales.
El texto de la relatoría vinculó las acciones emprendidas contra el medio con su cobertura de la expulsión de la orden religiosa Misioneras de la Caridad de Nicaragua por parte del gobierno, tras la cancelación de su personería jurídica el 29 de junio pasado.
Los reporteros pueden estar detenidos hasta por 90 días para investigaciones, y el diario La Prensa ha exigido al gobierno que “respete las leyes, libere a los detenidos y cese la persecución” contra el personal del periódico.
El edificio del diario La Prensa está intervenido por el Estado desde hace casi un año y el periódico dejó de circular en forma impresa al no poder acceder a papel.
La relatoría dijo que en el último mes también recibió información sobre el cierre y confiscación del portal “Trinchera de la Noticia”, que se convertiría en el cuarto medio clausurado en Nicaragua desde el estallido de la crisis en abril de 2018.
El medio habría sido clausurado «por perturbar la paz social y negarse a presentar la información en el tiempo establecido o presentarla de forma incompleta o inexacta», según indica la resolución del poder judicial que dio base a la medida.
La relatoría también dijo que al menos otros tres medios de comunicación recortaron su cobertura de temas políticos a raíz de amenazas de cierre hechas por el gobierno.
“A estos hechos se suman reportes graves sobre un incremento de periodistas y comunicadores en desplazamiento y exilio forzado debido al temor cada vez mayor de sufrir represalias”, agregó la relatoría en su reporte.
Esas represalias pueden ir desde el asedio policial a sus viviendas y amenazas a sus familias, hasta criminalización con penas exorbitantes, según la oficina.
La relatoría “observa con preocupación el impacto que esta ola represiva tiene en mujeres periodistas, quienes se encuentran en una doble situación de vulnerabilidad ya que además de los mencionados ataques también se ven afectadas de forma desproporcionada y son blanco de represalias en razón de género”.
La evidencia recolectada sirvió a la relatoría para reiterar su criterio de que “no existe actualmente ningún tipo de garantía para ejercer el derecho a la libertad de expresión en Nicaragua”.
Por ello, urgió al Estado nicaragüense a “cesar la persecución, intimidación y hostigamiento contra la prensa independiente, que informa sobre asuntos de interés público, incluyendo la crisis de derechos humanos, y a restablecer las plenas garantías para ejercer el derecho a la libertad de expresión”.
Hace un mes la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, entregó un informe según el cual las garantías fundamentales en Nicaragua continúan deteriorándose, el espacio cívico se reduce y se incrementa la migración de nicaragüenses víctimas de persecución.
Nicaragua decidió el año pasado romper con la Organización de Estados Americanos (ØEA), en cuyo marco actúa la Cidh, y el pasado abril cortó toda relación con la organización y clausuró su sede en Managua.
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