EL SALTO DE CAMELLONES, México – Cuando se imagina el futuro de su empresa forestal, el mexicano Javier Núñez fantasea con estufas de secado, un sitio ecoturístico con cabañas y la generación de valor agregado para la madera que procesan.
“Se va a lograr con trabajo, tenemos que dejar un fondo de inversión” para materializar las metas, aseguró a IPS el presidente del Consejo de Administración y gerente general de la compañía del Ejido Forestal El Salto de Camellones.
La empresa pertenece al ejido situado en el norteño estado de Durango, a 1333 kilómetros de Ciudad de México. Según datos de 2020, este estado ocupa el segundo lugar nacional, detrás del vecino Chihuahua, en superficie bajo manejo forestal maderable, con 2,6 millones de hectáreas, y el primer productor de madera, 2,24 millones de metros cúbicos (m3).
“La certificación nos ha beneficiado. Por los logros obtenidos, vemos la diferencia en nuestra gente y nuestros bosques. Es cuestión de que nos decidamos a tener un mercado interno”: Javier Núñez.
El ejido es un sistema tradicional muy extendido en México, de adjudicación de tierra pública para su explotación por los habitantes de una comunidad.
Este ejido posee 12 793 hectáreas, de las cuales 11 903 cuentan con certificación desde 2001, en beneficio de 157 ejidatarios. La superficie en producción se extiende por 1432 hectáreas.
El bosque de El Salto de Camellones obtuvo en 2001 la certificación del internacional Consejo Cooperativo de los Bosques (FSC, en inglés), que consiste en 10 principios que abarcan temas como impacto ambiental, las relaciones con las comunidades y los derechos de los trabajadores.
Otro ejido certificado de los visitados por IPS, el de Topia, posee una superficie de 7816 hectáreas, de las cuales el bosque cubre 7037. El área comercial totaliza 4152 hectáreas y la de producción forestal, 1054. Los beneficios llegan a 200 ejidatarios.
Valorado pero desconocido
La importancia de la certificación gravita alrededor de generar conciencia sobre la importancia del cuidado de la arboleda, por el almacenamiento y captura de carbono, así como la generación de aire puro y agua.
Un certificado FSC garantiza el manejo sostenible en lo ambiental y social de una explotación forestal o de empresas transformadoras de sus productos. La certificación se expresa en un sello FSC para el manejo del bosque, otro para la madera controlada y un tercero para toda la cadena de custodia de los productos finales.
Los gobiernos reconocen la validez de la certificación FSC por sus estándares estrictos al calificar las actividades.
IPS comprobó los extremos del manejo sostenible de los bosques durante un recorrido por varias comunidades de Durango que cuentan con certificación y luchan por la salud de los árboles y, por ende, de la región. Pero la paradoja radica en que el mercado y los consumidores aún no otorgan valor financiero a esas prácticas.
“Nos ha beneficiado. Por los logros obtenidos, vemos la diferencia en nuestra gente y nuestros bosques. Es cuestión de que nos decidamos a tener un mercado interno”, resaltó Núñez.
México marcha detrás de Brasil y Chile en cuanto a país en superficie certificada, con 1,36 millones de hectáreas bajo 102 títulos de gestión forestal.
Durango, donde las especies presentes son pino y encino, tiene casi 641 000 hectáreas documentadas de 35 proyectos. Además, cuenta con 205 cadenas de custodia verificadas, desde el monte hasta el consumidor final.
Esas cifras palidecen ante la realidad forestal mexicana. Este país latinoamericano se extiende por 196 millones de hectáreas (1,96 millones de kilómetros cuadrados), de las cuales 65,7 millones son boscosas, según datos oficiales.
El no gubernamental Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible enlista unas 4886 comunidades y ejidos forestales, de los cuales unos 2 900 explotan comercialmente el recurso. En Durango, donde opera una industria forestal consolidada, al menos 28 comunidades y ejidos aprovechan la silvicultura.
Pero en México solo siete millones de hectáreas operan con un plan de manejo y conservación.
Además, el gobierno mexicano no privilegia las compras de productos con los sellos de manejo sostenible, lo cual redunda en bajos incentivos para los bosques que proveen de esas mercancías. Y tampoco los consumidores suelen buscar cajas, papel y otros derivados de la madera con su certificado de sostenibilidad.
Fábricas de aire y agua
En el área verde, el oxígeno y el dióxido de carbono (CO2), el gas producido por la quema de combustibles fósiles y que recalienta el planeta, conviven en un proceso continuo. Un metro o 1,5 metros separan cada árbol, a veces delgados, a veces gruesos, estos últimos listos para el corte, según la programación de tala.
El espacio se llena de ruidos, especialmente de aves, y alrededor abunda la biodiversidad animal y vegetal. Sin estos bosques, el vecino estado de Sinaloa no tendría agua para sus extensos cultivos agrícolas para consumo interno y de exportación.
Del monte salen los troncos que en minutos máquinas convierten en trozos más pequeños o tablas para distintos usos en el aserradero, entre olor a madera y serrín, ruido ensordecedor y alta temperatura. Además, los ejidatarios crían ganado y plantan avena, chile, maíz y manzanos.
“Por la certificación, cuidamos el bosque. Nos hemos habituado a la idea del cuidado para los que siguen”, aseguró Noé Oropeza, gerente de Producción de la empresa forestal de El Salto de Camellones.
Un trabajador alimenta la caldera en la planta procesadora de madera del Grupo Sezaric, en el municipio mexicano de Santiago Papasquiaro, en el norteño estado de Durango. La instalación quema los residuos de la operación para generar toda la electricidad que necesita. Foto: Emilio Godoy / IPS
Entre beneficios y retos
Pero Durango se enfrenta a amenazas como las explotaciones mineras, incendios forestales, que no suelen afectar a los bosques bajo manejo; la degradación del suelo y los efectos de la crisis climática, como sequías exacerbadas, temperaturas más altas e infestación de plagas.
La protección del bosque ha permitido sortear esos retos en el municipio de Santiago Papasquiaro, con su Unión de Ejidos y Comunidades Forestales General Emiliano Zapata, explica Antonio Virrey, presidente del Grupo Industrial Silvindustrias General Emiliano Zapata, conocido como el Grupo Sezaric.
“La certificación nos da un mejor control. Hay cambios que estipula el proceso y que debemos aplicar. Por eso, los predios tienen un buen manejo”, subrayó.
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El grupo pertenece a 40 ejidos y comunidades que incluyen a 4581 ejidatarios y comuneros. Su superficie total asciende a 626 121 hectáreas, de las cuales el bosque se extiende por 445 673 hectáreas y el área productiva por otras 200 000. La empresa, que posee tres compañías, produce cada año 310 000 m3 de madera.
En 2019, la empresa inauguró una planta de bioenergía carburada con residuos forestales, como astillas y aserrín, para convertirse en la primera empresa forestal mexicana en el uso de esa tecnología, mediante una inversión de unos 2,5 millones de dólares, la mitad aportada por el grupo y la otra por la gubernamental Comisión Nacional Forestal.
La propiedad privada también juega un rol, como lo demuestra el predio particular Zaleas, de 550 hectáreas certificadas desde 2018, de las cuales 400 están bajo manejo forestal.
“Cambió la forma de pensar de la gente, porque uno veía el bosque como un beneficio económico. Hace tomar conciencia del cuidado del bosque”, dijo a IPS el propietario de Zaleas, Abraham Monarrez.
Los ejidatarios cuidan de los bosques y se alimentan de ellos, pero el reconocimiento por esa tarea ardua aún es esquivo en lo social, ambiental, climático y económico.
ED: EG
