GINEBRA – La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó enérgicamente este lunes 25 la ejecución en la horca de cuatro opositores a la junta militar que gobierna Myanmar.
“Este paso cruel y regresivo es una extensión de la actual campaña represiva de los militares contra su propio pueblo”, expresó Bachelet tras el anuncio de que el domingo fueron ejecutados los activistas Kyaw Min Yu. Hla Myo Aung, Aung Thura Zaw y Phyo Zeya Thaw, este último exdiputado al parlamento.
El juicio contra los cuatro, acusados de ayudar a cometer “actos terroristas” contra el ejército, lo realizó un tribunal militar, a puertas cerradas, y las ejecuciones se cumplieron desoyendo peticiones de las Naciones Unidas, gobiernos vecinos y organizaciones humanitarias para no aplicar la pena de muerte.
Bachelet advirtió que “estas ejecuciones, las primeras en Myanmar en décadas, son crueles violaciones de los derechos a la vida, la libertad y la seguridad de una persona y las garantías de un juicio justo. Que los militares amplíen su matanza solo profundizará la crisis que ellos mismos han creado”.
Asimismo, pidió la liberación inmediata de todos los presos políticos y otras personas detenidas arbitrariamente, y restablecer la moratoria de facto sobre el uso de la pena de muerte, como un paso hacia la abolición final de ese castigo.
“Estas ejecuciones, las primeras en Myanmar en décadas, son crueles violaciones de los derechos a la vida, la libertad y la seguridad de una persona y las garantías de un juicio justo. Que los militares amplíen su matanza solo profundizará la crisis que ellos mismos han creado”: Michelle Bachelet.
En Myanmar, también conocido por su antiguo nombre de Birmania, un golpe militar derrocó el 1 de febrero de 2021 al gobierno civil del partido Liga Nacional para la Democracia (LND), que lidera la Premio Nobel de la Paz 1991, Aung San Suu Kyi, de 77 años y quien permanece bajo arresto y también sometida a juicio.
Al golpe siguieron protestas, una represión que ha cobrado más de 2000 vidas, más de 10 000 personas han ido a la cárcel, se han desplazado poblaciones enteras y emergieron grupos armados de resistencia, principalmente en las provincias fronterizas, incrementándose el clima de crisis y violencia
De los 54 millones de habitantes de Myanmar al menos 14 millones estaban urgidos de asistencia humanitaria, según un reciente reporte de la enviada especial de las Naciones Unidas para ese país asiático, Noeleen Heyzer.
Thomas Andrews, relator especial para Myanmar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede en esta ciudad suiza, se declaró “indignado y devastado” por las ejecuciones, y pidió “una respuesta internacional contundente” ante la junta militar.
Andrews dijo que los ejecutados “fueron juzgados, condenados y sentenciados sin derecho a apelación y, al parecer, sin asistencia letrada, lo que viola la legislación internacional sobre derechos humanos”.
Insistió en que “hay que rechazar firmemente el statu quo de la inacción internacional”, y pidió que la ONU actúe “contra los asesinatos generalizados y sistemáticos de manifestantes, los ataques indiscriminados contra pueblos enteros y ahora la ejecución de líderes de la oposición”.
En junio, el secretario general de la ONU, António Guterres, había pedido que se retiraran las acusaciones “contra los detenidos condenados por actividades relacionadas con el ejercicio de sus libertades y derechos fundamentales”, así como “la libertad inmediata de todos los presos políticos de Myanmar”.
Phyo Zeya Thaw, antiguo legislador de la LND, fue condenado por delitos de posesión de explosivos, atentados y financiación del terrorismo, según la información oficial.
Kyaw Min Yu, más conocido como Ko Jimmy, fue sentenciado por violar la ley antiterrorista. Era uno de los líderes del Grupo de Estudiantes de la Generación del 88, veteranos de un fallido levantamiento popular de 1988 contra el gobierno militar.
Los otros dos, Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw, fueron declarados culpables de torturar y matar a una mujer en marzo de 2021, a la que supuestamente creían una informadora militar.
Según la organización humanitaria Amnistía Internacional, la última ejecución en Myanmar ocurrió en 1988, durante la dictadura militar que dirigió el país entre 1962 y 2011, cuando se inició una década democrática interrumpida hace año y medio.
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