BRASILIA – Trece gobiernos de América Latina y el Caribe reiteraron en esta capital su compromiso de compartir y articular soluciones a la crisis de la migración venezolana, que ya alcanza a 5,1 millones de personas en la región, y de compartir las buenas prácticas ante los retos que ese tema plantea.
Existe acuerdo “sobre la necesidad de fortalecer tanto la integración socioeconómica de las personas refugiadas y migrantes como la de las comunidades de acogida”, dijo Eduardo Stein, representante especial conjunto de Acnur y la OIM para los refugiados y migrantes de Venezuela.
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sostienen la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), que dirige Stein y canaliza recursos hacia los migrantes y las comunidades de acogida en la región.
Los países participantes en la iniciativa de coordinación, que en 2018 se inició en la capital ecuatoriana como Proceso de Quito y por séptima vez se reunió en Brasilia, son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Son, junto a España y Estados Unidos, los mayores receptores de migrantes y refugiados de Venezuela, destacando por su número Colombia (1,84 millones), Perú (1,28 millones), Ecuador (513 000), Chile (448 000), Brasil (345 000), Argentina (170 000), Panamá (121 000) y República Dominicana (115 000).
La declaración suscrita en Brasilia asentó el propósito de coordinar los trabajos en materias como la inserción socioeconómica de los migrantes y refugiados venezolanos, el asilo, el reconocimiento de la condición de refugiado, la regularización migratoria, y los centros de orientación y de acogida temporal.
Asimismo, las medidas que deben tomarse ante la covid-19 y los grupos en situación de vulnerabilidad, sobre educación, igualdad de género, protección de la infancia y la adolescencia, reunificación familiar, prevención de la trata de personas y prevención y tratamiento del VIH-sida.
El texto reafirmó “el derecho a la unidad familiar como grupo fundamental de las sociedades”, reconoció “las dificultades y vulnerabilidades a las que se exponen las familias al ser separadas” al migrar, y resaltó “la importancia de la integración e inclusión de las familias refugiadas y migrantes en sus comunidades de acogida”.
En todos los apartados de la declaración, suscrita por representantes de los 13 gobiernos, se ratifica el compromiso de avanzar en conjunto dentro del espacio técnico intergubernamental constituido por el Proceso de Quito, aunque sus conclusiones no tienen carácter vinculante para los Estados.
La declaración “reitera la preocupación por la crisis de movilidad humana que se vive en la región y la posibilidad de que se vuelva invisible”, subrayó Stein.
Se consideró un avance la conformación de un grupo de países amigos para compartir una hoja de ruta ante el tema migratorio venezolano, integrado por Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Suiza, la Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Esa hoja de ruta incluye el desarrollo de una estrategia contra la xenofobia, que ha afectado en distintos países la integración entre migrantes y comunidades de acogida.
La declaración reafirmó “la necesidad de que se incremente el apoyo técnico y financiero internacional a través de un mayor compromiso por parte de los países donantes, instituciones financieras internacionales, actores de desarrollo y sector privado”, como contribución al esfuerzo regional ante el tema migratorio.
Chile, cuyo nuevo presidente Gabriel Boric ha insistido en la necesidad de articular una política regional conjunta ante el tema migratorio venezolano, presidirá la siguiente etapa del Proceso de Quito, se indicó al término de la reunión.
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