Las crisis en Myanmar se profundizan tras el golpe de Estado

Las manifestaciones tras el golpe de estado de febrero de 2021, principalmente de jóvenes, fueron severamente reprimidas por los militares que tomaron el poder en Myanmar, y un resultado en medio de crisis que se superponen ha sido el surgimiento de grupos de resistencia armada. Foto: Pyae Sobne Htun/Unsplash

NACIONES UNIDAS – Las crisis desatadas en Myanmar tras el golpe militar del 1 de febrero del año pasado “se han profundizado y expandido dramáticamente”, expuso en un reporte para la Asamblea General de las Naciones Unidas la enviada especial de la organización a ese país asiático, Noeleen Heyzer.

Myanmar “continúa sumiéndose en un conflicto profundo y generalizado. Es una de las emergencias de refugiados más grandes del mundo y 14,4 millones de personas, una cuarta parte de la población, requieren asistencia humanitaria con urgencia”, dijo la singapurense Heyzer.

Las crisis han sumido al país en una espiral de pobreza y violencia, y acentuado una de las mayores emergencias de refugiados en el mundo, con casi un millón de personas de la etnia rohinyá, en su mayoría musulmanes, refugiados en la vecina Bangladesh, y miles más dispersos en toda la región.

El 1 de febrero de 2021 el ejército de Myanmar, conocido como Tatmadaw, dio un golpe de Estado y arrestó a Aung San Suu Kyi, la principal líder civil del país y Premio Nobel de la Paz 1991, al presidente Win Myint, y a numerosos miembros de su Liga Nacional para la Democracia (LND), juzgados por tribunales militares

El general Min Aung Hlaing, comandante en jefe del Tatmadaw, asumió los poderes como presidente del Consejo Administrativo del Estado que gobierna al país de 54 millones de habitantes, también conocido por su antiguo nombre de Birmania

El golpe desató protestas civiles con manifestaciones callejeras que fueron severamente reprimidas, al tiempo que se encarcelaba y procesaba a centenares de políticos, activistas sociales, periodistas y otros profesionales.

Un año después del golpe la represión había cobrado ya más de 1500 vidas “y esa cifra no incluye miles de muertes más por el conflicto armado y la violencia, que se han intensificado en todo el país”, señaló el pasado febrero la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Heyzer dijo que hay informes de hasta 600 grupos de resistencia armada o “fuerzas de defensa del pueblo”, que participan en combates, y algunos llevan a cabo asesinatos contra personas consideradas “pro militares”.

La espiral de violencia se ha acentuado en las provincias fronterizas, donde habitan grupos étnicos distintos al mayoritario del país, bamar o birmano.

Los militares “continúan con su uso desproporcionado de la fuerza, han intensificado sus ataques contra civiles y aumentado las operaciones contra las fuerzas de resistencia, utilizando bombardeos aéreos”, dijo la representante de la ONU, quien no ha podido ingresar al país desde que fue designada hace seis meses.

Según su reporte, “los edificios civiles y las aldeas han sido destruidos por el fuego y las poblaciones desplazadas internamente han sido atacadas”.

La economía de Birmania, como también se conoce al país, se ha resentido, cayeron en picada las industrias de la construcción, la confección, el turismo y la hostelería, con pérdida de más de un millón de empleos y una situación en general precaria para los trabajadores.

El gobierno de facto ha sido excluido de algunos programas y reuniones de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, de la que Myanmar hace parte, y existe presión internacional para una solución política.

Los militares han ofrecido organizar unas elecciones en 2023. Con alegatos de irregularidades en las elecciones de finales 2020, ganadas por la LND, los mandos militares justificaron el golpe del año pasado.

Según Heyzer la situación actual es de colapso de las instituciones del Estado, la interrupción de la infraestructura social y económica, incluida la salud, la educación, la banca, la seguridad alimentaria y el empleo, al tiempo que aumentan la criminalidad y las actividades ilícitas.

Tras la pandemia covid-19 y la crisis política, la matriculación escolar se ha reducido hasta en 80 % en dos años, dejando a 7,8 millones de niños fuera de las aulas, indicó.

“Una generación que se benefició de la transición democrática (2011-2021) ahora está desilusionada, enfrenta dificultades crónicas y, trágicamente, muchos sienten que no les queda más remedio que tomar las armas”, comentó Heyzer.

La enviada de la OINU dijo que “seguiré desempeñando un papel de puente, para abordar las necesidades de protección y el sufrimiento de los más vulnerables, y apoyar la voluntad del pueblo para una futura unión democrática federal basada en la paz, estabilidad y prosperidad compartida”.

A-E/HM

 

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