SÃO PAULO – Brasil es el mayor productor de soja del mundo, pero la producción y las cadenas de suministro del país distan mucho de ser ambientalmente responsables. En la actualidad, el monocultivo de soja se extiende principalmente por el Cerrado, el gran bioma de la sabana cuya deforestación ha alcanzado niveles récord en los últimos años, impulsada por el avance de la frontera agrícola de Matopiba, acrónimo de los estados de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía.
Los expertos explican que, junto con la ganadería extensiva, la especulación de tierras y la escasa aplicación de la normativa medioambiental, la soja ha ejercido presión sobre un bioma esencial para la distribución del agua en el país, que alberga manantiales que alimentan ocho de las doce regiones hidrográficas de Brasil.
Esta presión proviene principalmente de las fallas en el monitoreo de los proveedores indirectos en la cadena de suministro. Se trata de una amplia red de operadores intermediarios, como cooperativas, silos, y depósitos de reventa, situados entre los agricultores y los grandes compradores: las empresas comercializadoras.
¿Sabías que…?
Diez empresas comercializadoras fueron responsables de 77 % de las exportaciones de soja de Brasil. Los principales destinos de la mercancía son China y la Unión Europea (UE).
Con la excepción de Amaggi, un grupo brasileño que cultiva 5 % del volumen comercializado en el país, estas empresas no plantan soja, sino que operan en asociación con las explotaciones agrícolas financiando semillas, insumos y pesticidas, y luego comprando y exportando su producción.
En conjunto, diez empresas comercializadoras fueron responsables de 77 % de las exportaciones de soja en 2019, que se dirigieron principalmente a China y la UE.
Entre las principales empresas que operan en el Cerrado, Cargill, ADM Louis Dreyfus Company (LDC), COFCO y Viterra no divulgan información sobre el monitoreo de los proveedores indirectos, según el análisis de Diálogo Chino de sus informes de sostenibilidad. Amaggi afirma que hace un seguimiento de 22 % de sus proveedores indirectos, y el gigante estadounidense Bunge, de 30 %.
Aunque actualmente es limitado, el monitoreo de los proveedores indirectos es crucial para que las empresas comerciales alcancen sus objetivos de deforestación cero en sus cadenas de suministro: LDC, Bunge y Amaggi tienen previsto alcanzarlo en 2025, mientras que Cargill, ADM y COFCO apuntan a 2030.
Mezclas de soja no reguladas en el Cerrado
En el mercado brasileño de la soja, el grano puede pasar por varios intermediarios antes de llegar a la fase de procesamiento o al puerto. Como cuenta un trabajador del sector, los volúmenes de soja procedentes de explotaciones agrícolas «regularizadas» -aquellas en las que se ha autorizado el uso de la tierra para la producción de soja- a veces se mezclan en los silos con los procedentes de zonas «irregulares», es decir, de expansión no autorizada.
«La mayor parte de la soja de aquí se mezcla. En los secaderos, por ejemplo, se echa una carga encima de otra», dijo a Diálogo Chino Aldenir Almeida, un camionero que transporta granos y cereales entre los principales municipios productores del estado de Mato Grosso, .
Ludmila Rattis, científica del Centro de Investigación Climática de Woodwell, en Estados Unidos, que sigue las cadenas de producción de la Amazonia y el Cerrado, confirma que la mezcla de soja sí se produce. Dice que un camión puede cargar granos de diferentes productores, y que hay espacios para que se produzcan fraudes en los silos. «En el suministro directo, es más difícil que se produzcan fraudes», explica.
Lisandro Inakake, coordinador de proyectos de Imaflora, una organización de certificación medioambiental, afirma que «las empresas tienen dificultades para ver los trayectos del grano» porque «circula como el dinero». Es decir, es habitual que la soja se utilice como pago de insumos, semillas, préstamos y financiación.
En Luís Eduardo Magalhães, municipio del estado de Bahía y uno de los mayores núcleos de agronegocios de Brasil, las cooperativas de productores median las ventas tanto de los socios como de los no socios. Para cerrar el trato, solo necesitan el Registro Ambiental Rural (CAR), un registro público de propiedades rurales en el país, como prueba de la autorización ambiental.
«En general, las cooperativas piden al productor la CAR sólo porque así lo exige la empresa comercializadora. Es una práctica habitual en el mercado. Por parte de las cooperativas aquí, no hay rigor ambiental, como visitas a los campos o separación de cargas en los silos», dice Paulo Santos, corredor de granos que trabaja en las localidades matopibianas de São Desidério y Correntina, algunas de las principales productoras de soja del país.
Aunque es obligatorio, el CAR es autodeclarable, y ahí es donde radica el problema. «El CAR es defectuoso. El análisis es muy lento. La autodeclaración da libertad a los productores para eludir las violaciones de la legislación medioambiental», afirma Prudente Pereira de Almeida Neto, profesor de la Universidad Federal del Oeste de Bahía, en Barreiras, ciudad también situada en la frontera agrícola.
Para él, las lagunas permiten que la soja contaminada con la deforestación entre en la cadena: «El CAR puede enmascarar una realidad fraudulenta, ya que la inspección es casi nula. ¿Cómo se puede confiar en un proceso así? »
De hecho, sólo 538 de las 958.000 propiedades rurales de Bahía declaradas en el sistema han sido sometidas a algún tipo de inspección por parte del gobierno estatal hasta ahora, según el boletín del Servicio Forestal Brasileño publicado este año. Además, en 2020, 67,6 % de las alertas de deforestación en el Cerrado se registraron en áreas declaradas en el CAR, según un informe de MapBiomas.
Objetivos de deforestación cero
En el país que produce y exporta más soja que cualquier otro del mundo, no existe un sistema público de monitoreo de la mercancía, por lo que el trabajo se deja en manos del propio sector.
El Soft Commodities Forum (SCF), un consorcio de seis empresas de comercio agrícola, anunció a finales de 2021 que había logrado 100 % de trazabilidad para sus proveedores directos de soja en el Cerrado brasileño.
Sin embargo, información como el nombre, el tamaño y la ubicación de las explotaciones de soja no se divulga públicamente. Esta falta de transparencia es una de las principales quejas de los observadores internacionales que siguen de cerca la cadena.
«Los mismos comerciantes que dominan el procesamiento y la exportación de soja son mucho más transparentes en la cadena del aceite de palma en Indonesia. ¿Por qué no dicen de dónde y a quién le compran soja en Brasil? «, se pregunta Barbara Kuepper, investigadora de la organización holandesa de sostenibilidad Profundo.
Y se responde: «Yo abogaría por una mayor apertura, que nos permita seguir el progreso de los compromisos [de lucha contra la deforestación] contraídos con el Cerrado».
Pero la misión se considera un reto incluso para los investigadores del sector. «Es un proceso complejo porque la divulgación de información comercial es una cuestión delicada, lo que a veces hace inviable [el monitoreo]», afirma Inakake, de Imaflora.
«El sector aún está en las primeras fases de desarrollo de su capacidad de monitoreo. El problema del suministro indirecto está lejos de tener una solución, pero tiene que haberla», añade.
Moratoria paralizada en el Cerrado
Lanzada en 2006, la Moratoria de la Soja funciona como un pacto voluntario entre el sector productivo, las organizaciones medioambientales y el gobierno federal, y prohíbe la compra de soja cultivada en zonas deforestadas de la Amazonia. Los estudios han demostrado que esto ha contribuido a la conservación de la selva.
El pacto, sin embargo, no cubre el Cerrado, donde la deforestación avanza. Los datos de MapBiomas muestran que, entre 2010 y 2020, la soja se apoderó de 1,14 millones de hectáreas de vegetación nativa en Matopiba.
«El Cerrado es un bioma estratégico, pero se está descuidando», advierte Julia Shimbo, coordinadora científica de MapBiomas.
Plantea que «tenemos que mantener la vegetación restante como una cuestión de seguridad hídrica y energética nacional. Irónicamente, tenemos que equilibrar la producción y la conservación por el bien de la propia supervivencia de la agricultura, que depende de las lluvias».
Marcos Beltrão es un documentalista que viene registrando la desaparición de arroyos en Correntina, donde vive, y el descenso del acuífero de Urucuia. Advierte que, con la moratoria dirigida a la Amazonia, la devastación sólo se ha trasladado: «Lamentablemente, salvar la Amazonia ha costado el Cerrado. El gobierno federal lanzó el agronegocio aquí».
Inakake, de Imaflora, describe que, aunque es muy importante, el debate sobre los pactos intersectoriales se ha estancado. Dice que los sectores productores y exportadores de soja siguen oponiéndose a la ampliación de la moratoria al Cerrado y al Gran Chaco, otro bioma amenazado.
Bernardo Pires, gerente de sostenibilidad de la Asociación Brasileña de Industrias de Aceites Vegetales (Abiove), que representa a 13 empresas comercializadoras de soja, explica que en lugar de una moratoria, el sector ha propuesto un pago por servicios ambientales a los productores.
Sería «algo de unos 200 dólares al año, en el que quien conserva, gana. Eso sería más fácil y eficiente que una nueva moratoria», indica.
En 2017, 40 organizaciones ecologistas lanzaron el Manifiesto del Cerrado, en el que pedían la implicación de las empresas comerciales para acabar con la deforestación del bioma, que ya era considerada grave por los ecologistas.
En 2020, 163 multinacionales, entre ellas Tesco, Walmart, Unilever y McDonald’s, se manifestaron a favor del manifiesto y exigieron la prohibición de compras asociadas a la devastación. Sin embargo, no se logró ningún avance.
Abiove dijo entonces que la demanda era «inviable» y no accedió a la petición.
Pero Pires dice que la asociación comprueba diariamente las bases de datos públicas, como las listas de embargos ambientales del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), la agencia federal de inspección y las secretarías de los estados, además de la información sobre deforestación del programa de monitoreo Prodes Cerrado del gobierno federal.
«El control incluye 90.000 explotaciones agrícolas. Si alguna de ellas presenta incumplimientos medioambientales, el agricultor es bloqueado», afirma Pires.
Sin embargo, Abiove no revela de qué explotaciones se trata ni a quién suministran. Sin información, los consumidores brasileños sólo pueden comprobar, a través de la etiqueta, qué empresa ha fabricado su aceite de cocina.
A partir de ahí, nada más está claro. Por otra parte, la plataforma Soy on Track de Imaflora permite seguir la evolución de los acuerdos relacionados únicamente con la Amazonia.
La periodista solicitó una entrevista con siete empresas comerciales que operan en el país, pero no recibió respuesta; Abiove habló en nombre de sus miembros.
Productividad versus problemas
Cocos, en el extremo oeste de Bahía, no está en la lista de 61 municipios que SCF considera de alto riesgo de deforestación; las empresas comerciales del consorcio también centran su vigilancia en esos lugares. Aun así, desde la llegada del agronegocio en los años 80, este lugar ha perdido 71 300 hectáreas debido a la deforestación.
«La devastación en Cocos es grande. Los bosques están desapareciendo por culpa de colosales empresas agrícolas y ganaderas. Todo se va a convertir en desierto», dice Albanir Souza, un sacerdote de la región que, entre 2011 y 2015, trabajó con el Ministerio Público del país para el reconocimiento de la etnia local Xakriabá.
El municipio ayuda a garantizar la alta productividad de la soja en el estado, pero también tiene varios problemas medioambientales, de tenencia de tierras y de derechos humanos.
Albanir Souza, ahora párroco de Correntina, ha llegado a ser impedido de celebrar misa en el municipio y amenazado por pistoleros, que según él fueron contratados por agricultores que querían apropiarse de las tierras ocupadas por los indígenas.
Las comunidades xakriabá viven en Cocos desde 1933, cuando emigraron de su pueblo natal en São João das Missões, en el estado de Minas Gerais, huyendo de los conflictos con los ganaderos. En la década de los 80, empezaron a sufrir la presión de los agricultores que codiciaban sus tierras para plantar eucaliptos, que no dio buenos resultados en estas zonas.
En la actualidad, la soja, el maíz y el café, así como los proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas en el cercano río Carinhanha, están haciendo que la vida de estos indígenas sea menos tranquila.
Hasta el día de hoy, sus territorios no han sido oficialmente demarcados, como la mayoría de los pueblos indígenas de Bahía, a pesar de que es un derecho previsto en la Constitución brasileña.
Este artículo se publicó originalmente en la plataforma informativa Diálogo Chino.
RV: EG
