NAIROBI – El viaje de keniano Ahmed Bakari hacia lo que creía que eran praderas más verdes para su futuro comenzó con un mensaje privado en las redes sociales de un desconocido en 2017. El mensaje decía que una oenegé internacional estaba reclutando profesores y traductores para trabajar en Somalia.
“Me licencié en Comunicación en 2013 y aparte de algún que otro trabajo aquí y allá, estaba casi siempre desempleado”, dijo Bakari a IPS. “Mi madre nos crió a cinco hijos sin ayuda, y yo era su esperanza. Pidió préstamos para pagarme la universidad, pero todo quedó en nada”, añadió.
Con una oferta de un salario inicial de 500 dólares y subsidios adicionales para vivienda y alimentación, Bakari no tuvo dudas sobre la conveniencia de migrar a Somalia, un país situado al noreste de la frontera de Kenia.
Al haber crecido en Lamu, un pequeño grupo de islas situadas en la costa norte de Kenia sobre el océano Indico, sabía que Somalia no estaba lejos de la frontera, y el viaje hasta allí fue tranquilo.
Al llegar a Somalia, siguió narrando, fue cuando llegó la sorpresa, el engaño y el miedo. A Bakari lo llevaron a una casa donde le obligaron a cocinar y limpiar para entre 10 y 20 hombres sin cobrar nada por ello.
“No sé qué pasaba en esa casa porque entraban y salían a todas horas. Viví bajo llave durante un año. Un día hubo un desacuerdo entre ellos y se produjo una pelea. Durante el caos, encontré la oportunidad de salir de la casa”, contó.
Permaneció en Somalia otras seis semanas “hasta que alguien me ayudó a llegar a la zona fronteriza de Dadaab”, donde se ubica uno de los mayores campos de refugiados del mundo administrado por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), a unos 100 kilómetros de Kenia.
“Crucé a Kenia como un refugiado porque tenía miedo de contar mi historia”, explicó Bakari sobre la odisea de su retorno a su país de África oriental, de 48 millones de habitantes.
Los jóvenes de Nairobi, la capital y de las regiones de la costa del país con el océano Índico son especialmente vulnerables al tráfico de personas hacia Somalia.
A pesar de la inestabilidad existente en el vecino del cuerno de África, muchos jóvenes son atraídos con promesas de oportunidades para trabajar en organizaciones humanitarias, justamente por ser un escenario de conflicto, y como profesores y traductores.
Bakari, que ahora regenta un restaurante en Mombasa, la segunda ciudad del país, situada en el sur costero del país, afirma que los grupos criminales están especialmente interesados en los jóvenes que saben hablar árabe, swahili, inglés y somalí.
“Los delincuentes se aprovechan de la marginación histórica de las comunidades de la región costera, de las elevadas tasas de desempleo juvenil y de la pobreza. También utilizan las enseñanzas islámicas radicales para atraer a mentes jóvenes y desesperadas”, explicó a IPS el activista Abubakar Mahmud, que combate el tráfico y la trata de personas.
“Hubo un tiempo en el que el movimiento Pwani si Kenya (la Costa No es parte de Kenia, en swahili) adquirió fuerza, como reacción contra el gobierno nacional. Estas son las emociones que los grupos terroristas están encantados de agitar y explotar”, añadió Mahmud.
Se trata de campañas que anidan en los jóvenes ante los altos niveles de desempleo en la población juvenil.
Según el último censo publicado en 2020, el desempleo juvenil es un problema grave en Kenia. Más de un tercio de los jóvenes kenianos de entre 18 y 34 años están desempleados, y la situación no ha hecho sino empeorar a consecuencia de la pandemia de covid-19.
El Centro Nacional de Investigación de la Delincuencia de Kenia afirma que esta nación de África oriental es origen, ruta de tránsito y destino de víctimas de la trata de personas.
Personas en situación precaria de Uganda, Burundi y Etiopía son objeto de tráfico hacia Kenia para realizar trabajos forzados. Los etíopes son trasladados a Sudáfrica para realizar trabajos forzados.
Esfuerzos y debilidades
El Informe sobre la Trata de Personas 2021 del Departamento de Estado de Estados Unidos concluye que el gobierno de Kenia no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata, pero sí destaca que está realizando importantes esfuerzos para hacerlo.
Estos esfuerzos incluyen la Ley de Lucha contra la Trata de Personas de 2010, que tipifica como delito la trata sexual y la trata de mano de obra y establece penas de 30 años a cadena perpetua, además de multas de un mínimo de 274 980 dólares.
El gobierno también asignó 183 320 dólares al Fondo Fiduciario de Asistencia Nacional para Ayudar a las Víctimas de la Trata en el bienio 2020-2021.
El informe concluye que los delincuentes implicados en las redes terroristas atraen y reclutan a adultos y niños kenianos para que se unan a grupos armados irregulares, principalmente a Al Shabaab en Somalia, a veces con promesas fraudulentas de obtener empleos lucrativos.
Durante años, el grupo yihadista radical somalí Al Shabaab ha operado con bases clandestinas justo al otro lado de la frontera al noreste de Kenia, lo que ha permitido a la organización terrorista ampliar sus operaciones en es y otros países de África Oriental.
“Por mi experiencia, se harán amigos tuyos y de algunos de tus amigos y familiares en las redes sociales. Te sentirás seguro porque tienes amigos en común. Incluso te dirán que os habéis criado en el mismo barrio hace años. Acabas confiando en ellos muy rápidamente y te relacionas con ellos sin hacer las preguntas adecuadas”, adviertió Bakari.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
Mukaru Muthomi, oficial del Servicio Nacional de Policía, asegura que en 2019, Kenia prohibió el comercio entre Kenia y Somalia a través de la frontera de Lamu debido a la inseguridad y a la lucha contra las actividades delictivas, como las redes y mafias que se dedican al tráfico de personas.
El paso fronterizo de Lamu es uno de los cuatro que unen Kenia y Somalia, y otros puntos fronterizos están en los condados kenianos de Mandera, Wajir y Garissa.
Muthomi asegura que el gobierno de Nairobi vigila las rutas de los puntos fronterizos de Dadaab y Mandera que utilizan los refugiados somalíes que cruzan a Kenia.
Mahmud, el activista contra el tráfico de personas, aseguró que este delito es un problema acuciante en Kenia, en parte porque los delincuentes se aprovechan cada vez más del gran número de refugiados procedentes de Etiopía, Sudán y Somalia para complicar la lucha del país contra el fenómeno.
En 2019, el gobierno identificó 853 víctimas de la trata de personas y otras 383 en 2020. Mahmud se apresuró a advertir que muchos casos no se han denunciado y que la covid obstaculizó y frenó los esfuerzos para combatir la trata de personas.
También subrayó que falta una mayor y mejor dotación de funcionarios para combatir el delito de tráfico y trata de personas.
No obstante, el informe del gobierno estadounidense sobre la trata de personas en Kenia muestra que la capacidad de investigación de la Unidad de Lucha contra la Trata de Personas y Protección de la Infancia está aumentando gradualmente.
El personal ha pasado de 33 a 37 agentes desplegados en los puntos conflictivos de la trata de personas. Hay 27 agentes en Nairobi y 10 en Mombasa, y está previsto abrir una tercera oficina en Kisumu, detalla.
“Aumentar el personal es bueno, pero el gobierno debe abordar la raíz de estos problemas porque el tráfico de personas hacia y desde Kenia está interrelacionado con la pobreza. Encontrar oportunidades de trabajo para los jóvenes”, observó Mahmud.
El censo, dice, mostró que 3,7 millones de jóvenes de entre 18 y 34 años sin trabajo ni siquiera buscaban activamente un empleo porque abandonaron la esperanza de encontrarlo en Kenia.
Así que es una situación que, a su juicio, actúa como “una bomba de relojería” y nutre la caída de los jóvenes en manos de traficantes.
T: MF / ED: EG
