MÉXICO – Pese a estar permanentemente amenazadas por actividades ilícitas como la minería o la tala y ser poco reconocidas en los acuerdos internacionales, las tierras protegidas por grupos indígenas y comunidades locales secuestran al menos 30 toneladas de dióxido de carbono al año por hectárea.
Esto es más del doble que lo que secuestran las tierras manejadas por otros grupos, incluyendo las Áreas Naturales Protegidas, y representa 30 % en promedio de lo que capturan juntos Brasil, Colombia, México y Perú si quieren cumplir sus compromisos internacionales para mitigar el cambio climático.
Es lo que revela un nuevo reporte de la Evaluación de la Declaración sobre Bosques, elaborado entre el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, en inglés) y Climate Focus, que calculó el potencial de mitigación de las tierras indígenas comunitarias en esos cuatro países y evaluó qué papel juegan en sus voluntarias contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, en inglés).
Estas NDC son compromisos que asume cada país, según sus propias circunstancias, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con base en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).
Lo que muestra el reporte es que ninguno de los cuatro países analizados incluye en sus NDC el papel crucial que juegan estas tierras, ni se plantean protegerlas para conseguir sus metas de mitigación. “Estas tierras, que nos han estado salvando silenciosamente del desastre climático”, son “invisibles en los informes nacionales”, dice el documento.
“Ya se sabía que los pueblos indígenas y otras comunidades locales son muy buenas para proteger los bosques, y que los bosques donde ellos viven tienden a tener tasas de deforestación menores que aquellos que no son gestionados por grupos locales, lo que no se sabía era cuánto carbono capturan estos bosques al año”: Darragh Conway.
Darragh Conway, autor del reporte y asesor jurídico principal de Climate Focus, dijo a SciDev.Net, que si bien “ya se sabía que los pueblos indígenas y otras comunidades locales son muy buenas para proteger los bosques, y que los bosques donde ellos viven tienden a tener tasas de deforestación menores que aquellos que no son gestionados por grupos locales, lo que no se sabía era cuánto carbono capturan estos bosques al año”.
El secuestro de carbono es el proceso por el cual los bosques absorben este gas de la atmósfera y lo incorporan a su estructura a través de la fotosíntesis.
La cantidad de carbono secuestrado que revela el reporte permite hacer comparaciones con otros sectores económicos.
Por ejemplo, Perú tendría que retirar toda su flota vehicular para compensar tan solo 50 % de los servicios de secuestro de carbono que llevan a cabo los bosques protegidos. Brasil y Colombia tendrían que retirar 80 % de su flota vehicular y México, 35 %, para resarcir la captación de carbono que ofrecen estos territorios.
El reporte es aún más pertinente, luego de que, en noviembre de 2021, 141 países firmaron una declaración en la Conferencia de las Partes 16, que ocurrió en Glasgow, a través de la cual se comprometieron a detener la deforestación para 2030.
“No he visto nada concreto sobre cómo van a hacer para implementar la declaración de Glasgow“, dijo Conway. Pero si los tomadores de decisiones se dieran cuenta del papel tan importante que tienen las tierras indígenas y comunitarias, “las pondrían en el primer nivel de sus prioridades”.
Fanny Quiru, indígena uitoto de la Amazonia colombiana, abogada y especialista en temas indígenas, quien no participó en el estudio, dijo a SciDev.Net que a pesar del papel tan importante que juegan los grupos indígenas en la lucha contra el cambio climático, suelen ser excluidos de los planes y acuerdos climáticos internacionales.
“Los pueblos indígenas son los que cuidan y preservan las selvas, pero es el gobierno el que va allá y saca el pecho para decir que protege los bosques; Colombia no protege los bosques, los protegen los pueblos indígenas, quienes hemos sido catalogados como ciudadanos de segunda categoría porque, aunque tenemos derechos en el papel, en la práctica no se respetan”, dijo.
Un ejemplo son las zonas declaradas parques o áreas naturales, pero como el gobierno no tiene capacidad para gestionarlas, se vuelven espacios de “deforestación, incendios, y presencia de grupos ilegales”, explicó Quiru.
Ella coincide con lo que plantea el reporte: las tierras indígenas y comunitarias son cruciales para que los países latinoamericanos logren sus compromisos de mitigación, pero en vez de ser reconocidas y protegidas, están en permanente amenaza debido a la violencia y las actividades ilegales como la tala, la minería y la explotación de recursos naturales, frecuentemente avaladas por autoridades locales y federales, y coludidas con grupos del crimen organizado.
De manera que los países no podrán cumplir sus metas climáticas si no incluyen los derechos y la participación significativa (no solo a nivel de consulta) de esta población.
Este artículo se publicó originalmente en SciDevNet América Latina.
RV: EG
